Hace apenas unas semanas concluí el Máster Internacional de Derecho Ambiental en la Universidad del País Vasco, un proceso lleno de aprendizajes que me ha permitido profundizar en una de las áreas más urgentes y apasionantes de nuestro tiempo: la defensa legal del planeta. El tema de mi trabajo de fin de máster ha sido el análisis de los litigios climáticos que están teniendo lugar en distintos puntos del mundo y la posibilidad de plantear en España un litigio contra las principales empresas emisoras de CO₂. ¿Por qué? Porque considero que quienes ejercemos el Derecho tenemos la responsabilidad —y la oportunidad— de convertir nuestro conocimiento en una herramienta de transformación.

En la última década, hemos sido testigos de más de 1.800 litigios climáticos alrededor del planeta, según datos del Sabin Center for Climate Change Law. Algunos de ellos, como el caso “Urgenda” en los Países Bajos o la histórica demanda de las «klimaseniorinnenn» suizas, han marcado precedentes jurídicos y abierto la puerta a un cambio global. En España ha sido recientemente admitida a trámite por el Tribunal Constitucional la primera demanda de este tipo contra el Estado. Estos litigios no solo pretenden obligar a los Estados a reducir sus emisiones, sino que también mandan un mensaje inequívoco a las grandes corporaciones: la inacción ante la crisis climática puede derivar en responsabilidades legales concretas.

Mi investigación se centró en explorar si algo similar podría llevarse a cabo directamente frente a las empresas principales responsables de las emisiones de CO₂ España, que se concentran en sectores como la producción de energía, la industria automovilística o la construcción. Aunque ya existen avances en materia regulatoria —como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética—, el enfoque desde la perspectiva del litigio ciudadano o colectivo todavía está en una fase incipiente. Sin embargo, esta vía presenta interesantes posibilidades. Por un lado, la legislación española y europea cuenta con principios de precaución y protección ambiental que podrían emplearse de forma más activa. Por otro, el contexto internacional nos ofrece referentes que señalan cómo el movimiento ciudadano y organizaciones ecologistas pueden exigir a compañías contaminantes y gobiernos que cumplan con sus compromisos.

A lo largo del máster, he entendido que el reto medioambiental no es solo tarea de científicos, activistas o gobernantes. Se trata de un problema transversal que involucra a todos los sectores profesionales. Como abogado y consultor, veo enormes oportunidades para que otros colegas, desde su práctica jurídica, exploren este campo en expansión. No se trata de forzar batallas legales sin fundamento, sino de encontrar estrategias que aprovechen los cauces normativos y los precedentes internacionales para promover cambios efectivos. Iniciar un litigio climático no es un fin en sí mismo, sino un medio para concienciar, impulsar políticas más responsables y, en última instancia, proteger la vida en el planeta.

La experiencia de preparar un análisis jurídico tan especializado me ha reafirmado en la idea de que cada uno de nosotros puede convertirse en un activista climático también desde su profesión. En mi caso, utilizar el Derecho para exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, acción. En el tuyo, quizá sea desarrollar proyectos más sostenibles, promover una cultura empresarial de menor huella ambiental o diseñar productos con un ciclo de vida más respetuoso con la naturaleza. Lo importante es no subestimar nuestro potencial de incidencia.

Me encantaría leer tus opiniones y experiencias: ¿estás pensando en iniciar algún proyecto? ¿Has experimentado barreras legales para poner en marcha iniciativas de sostenibilidad en tu empresa? Comparte tu perspectiva en los comentarios y, si este contenido te ha parecido interesante, no dudes en difundirlo. Entre todos, podemos generar el cambio que el planeta necesita. ¡Te animo a sumarte!