Quien llegue por primera vez a esta serie podría pensar que todo empezó con una gran ley o con una máquina milagrosa. En realidad, el giro se produjo cuando entendimos que ninguna institución por sí sola podía sostener el doble anillo de la Rosquilla —garantizar lo básico sin desbordar los límites ecológicos— si la sociedad organizada y la ciudadanía no movían al tiempo sus propias piezas. El capítulo anterior narró el arranque político de la transición, desde la Revolución del Micelio hasta el efecto dominó del Plan Greta, y presentó su triple armazón que en Euskadi se denominó como Plan Nagusi (instituciones), Plan Zabala (sociedad organizada) y Plan Zehatza (personas y hogares). Para quien no leyera aquel capítulo, baste con esta brújula: Nagusi abre la puerta y asegura el marco; Zabala llena de músculo cooperativo el esqueleto; Zehatza convierte el cambio en hábitos cotidianos que no dependen de heroicidades. Lo sorprendente fue comprobar que ninguna de las tres piezas funciona sin las otras dos. El resultado no fue un decreto, fue una coreografía.

Para situar el motivo profundo de Zabala y Zehatza conviene recordar dos decisiones fundacionales. La primera, política: la soberanía de lo común descansa en una Asamblea sorteada que decide con consentimiento amplio y una Junta de Garantías que veta lo que daña la biosfera o deja a alguien bajo el umbral de suficiencia. La segunda, material: además de los Euros, incorporamos los Codos, una contabilidad honesta del impacto, que pone precio en límites a cada acción y recompensa cualquier mejora que, de forma verificable, amplíe el margen seguro del sistema. Con esa doble regla en la cabeza se entiende por qué los planes “de fuera hacia adentro” —leyes, compras públicas, banca de rotación sin interés, fideicomiso del hábitat, nube cívica— necesitaban un espejo “de dentro hacia fuera”: gremios que rehacen sus oficios con cuentas abiertas, medios que sustituyen ruido por contexto, cooperativas que hacen del contrato de precompra la nueva normalidad, y vecindarios que convierten una tarde al mes de Servicio Básico Comunitario en el cemento de la convivencia.

El Plan Nagusi, ya desplegado en el capítulo anterior, fijaba el suelo institucional para que nada esencial quedara al albur del mercado ni de la buena voluntad. Pero Nagusi era, por diseño, un tronco sin ramas si Zabala no articulaba la sociedad organizada en torno a misiones compartidas y si Zehatza no activaba la potencia humilde del día a día.

Zabala es el pacto de la sociedad organizada con la transición. Nace donde se encuentran la ética profesional y el interés bien entendido de quienes producen, comunican, cultivan, diseñan o cuidan. Su fuerza estuvo en tres rasgos: eligió misiones concretas (no consignas vagas), asumió la transparencia como estándar técnico —las “cuentas abiertas” que hoy dan confianza donde antes había sospecha— y compartió resultados con licencias recíprocas para que lo útil se multiplicara. Esa combinación convirtió a gremios, universidades, clústeres y movimientos en una sola red de aprendizaje, con métricas de Codos que separaron la retórica de la mejora real. Con ese enfoque, el plan se articuló así:

1.- Gremios de Bien Común por oficios. Sindicatos, colegios profesionales y asociaciones empresariales, voluntariamente se reúnen para configurar los Gremios del Bien Común con el objetivo de adoptar medidas conjuntas que encajen las actividades económicas respectivas entre os límites de “la rosquilla”.

2-. Pacto de la Economía Social y Solidaria por las “cuentas abiertas”. Cooperativas, asociaciones, ONG, y fundaciones voluntariamente adoptan contabilidad pública estandarizada y licencias recíprocas en proyectos financiados, para elevar la confianza social y acelerar la reutilización de soluciones útiles.

3.- Red de Consorcios de Misión con universidades y FP. Campus, centros de FP y laboratorios ciudadanos se alinean en misiones concretas (p. ej., envolventes de madera local, agrovoltaica ligera, gemelos ecosociales de cuenca) con resultados compartidos y métricas de “Codos” ahorrados, preparando la regla 1% de mejora para quien aporte avances.

4.- Medios comunitarios y radios de Comba federadas. Creación de una malla de micromedios con “hoja de servicio” (fuentes, datos, coste en Codos) y moderación restaurativa, que alimenten el Patio Federado y sustituyan prácticas adictivas por contexto y trazabilidad.

5.- Pacto Alimentario Vasco. Cooperativas agrarias, cofradías, cocineras y consumidores firman contratos de precompra, bancos de semillas locales, circuitos de fermentación y conservas, y cocinas por barrio para garantizar menús normocalóricos y de estación, con participación ciudadana en turnos SBC.

6.- Alianzas industriales para circularidad real. Clústeres industriales pactan pasaportes de materiales, reutilización de calor residual y gemelos ecosociales de plantas piloto para medir “delta-Codo” antes de escalar.

7.- Acuerdo por el Hábitat Digno. Colegios profesionales, cooperativas y movimientos de vivienda priorizan rehabilitación profunda frente a obra nueva, plantillas de contrato comprensibles y mediación restaurativa para conflictos de convivencia, preparando el régimen de derecho de uso.

8.- Carta Ética Digital compartida. Universidades, medios y plataformas locales asumen una carta que prohíbe explotación de datos y publicidad conductual, exige algoritmos explicables y auditable el cloud público, y establece ventanas de silencio por defecto.

9.- Círculos restaurativos como respuesta preferente a conflictos. Juzgados de paz, colegios de abogacía, servicios sociales y asociaciones implementan dispositivos restaurativos para conflictos leves y de vecindad, con guías claras y plantillas de acuerdo reutilizables, descargando burocracia y entrenando habilidades sociales hoy.

10.- Federación vasca de Combas. Las Combas se federan para compartir metodologías, actas y agendas y activar auditorías ciudadanas por muestreo de cuentas públicas y contratos. Este músculo cívico es el antídoto contra la captura y permite que el sistema aprenda.

Si Zabala es el marco compartido de las organizaciones, Zehatza es el pacto íntimo con el que cada quien ensambla su vida a esa arquitectura. Nació de una convicción sobria: no hay transición sólida si el día a día de las personas se vive como sacrificio sin sentido. Por eso Zehatza evitó el catecismo y, en su lugar, propuso diez gestos con impacto alto y verificable, diseñados para encajar en agendas reales, medibles en Codos y anclados en comunidad.

1.- Participar en una Comba y cumplir un turno mensual: una tarde al mes en cocina de barrio, reparto en bici, huerta urbana o mediación vecinal. El tiempo comunitario es el cemento de la transición.

2.- Reducir drásticamente la carne y elegir proteína de pasto rotacional o vegetal local: Menos cantidad, mucha más calidad y trazabilidad. Cada compra es un voto por el mosaico agroecológico que necesitamos y contra la agroindustria intensiva.

3.- Moverse a pie, en bici o en transporte público y renunciar al segundo coche y al avión: El ahorro en emisiones, suelo urbano y dinero es inmediato, y acelera la “ciudad de 15 minutos” que el plan institucional va a desplegar.

4.- Cambiar el contrato energético a una comunidad local y participar en su asamblea: Comunidades solares/baterías de barrio con gobernanza abierta.

5.- Adoptar “cuentas abiertas” en lo que puedas: si eres autónoma, cooperativista o profesional, publicar precios, costes y criterios fortalece la confianza y educa en transparencia, base del modelo productivo Biopolis.

6-. Pasarte a banca ética o pública y exigir “no interés” en proyectos de misión: tu ahorro es palanca. Moverlo a entidades que financian transición sin usura acerca el Fondo de Rotación del Plan Nagusi a la vida cotidiana.

7.- Practicar reparación y segunda vida de objetos: unirte al banco de herramientas, talleres de reparación y bibliotecas de objetos del barrio. Reducir demanda material hoy es ganar Codos para mañana.

8.- Adaptar voluntariamente el cómputo de Codos: conocer cuanto impacta mi actividad para aprender a encajarla en los límites del ecosistema.

9.- Alfabetización ecosocial y digital básica: aprender a leer una factura energética, un mapa de cuenca, una licitación pública y el “por qué” de una recomendación algorítmica. La Biopolis funciona porque la gente entiende lo que decide.

10.- Exigir y practicar conversación con contexto, no con grito: abandonar las redes adictivas y moverse al Patio Federado local, donde toda afirmación pública viaja con sus datos y su rastro de decisiones. La salud mental y democrática lo agradece.

La lógica de Zehatza fue siempre doble: sumar acciones con efecto inmediato y, a la vez, educar el músculo cívico para sostener decisiones más exigentes cuando hiciera falta. Zabala y Zehatza dieron, juntos, el sentido que a veces le falta a la gran política. Convirtieron el “qué” institucional en un “cómo” practicable y digno, y lograron que el cambio se pareciera a la vida de la gente, no a un decreto que cae desde arriba. Si hoy alguien abre por primera vez este proyecto y se pregunta por qué funcionó, la respuesta está aquí: porque cada oficio, cada barrio y cada persona encontraron su papel reconocible y medible; porque nada importante quedó sin trazabilidad; porque el conocimiento útil se compartió por defecto; y porque la conversación pública dejó de ser una máquina de ansiedad y volvió a ser un trabajo con reglas y con rostro. El resto —las leyes, las infraestructuras, las herramientas— encajó en estos dos planes como la mano en el guante. Y así la transición dejó de ser una promesa y empezó a ser un cotidiano razonable que podemos mirar de frente.

Me preguntáis mucho cómo fue posible que se pasase de la situación del 2025, con un panorama global desolador, con la ultraderecha, los populismos fascistas y el capitalismo ultraliberal campando a sus anchas por buena parte el planeta, con los objetivos de descarbonización cada vez más lejos y con un panorama general de huida hacia delante hacia el precipicio.

(Puedes ver aquí todos los artículos de esta serie, cada uno de ellos dedicado a una temática concreta).

Como en otras épocas de la historia, los cambios vinieron precedidos de eventos catastróficos y de gran impacto social. En esto caso no fue la tercera guerra mundial (que en aquellos años veinte realmente parecía no estar lejos) sino una serie de catástrofes climáticas encadenadas que afectaron de lleno a buena parte de Europa lo que encendió la mecha de una enorme revolución radical pero mayoritariamente pacífica en casi todo el continente.

Es lo que conocemos como la Revolución del Micelio que se inició en Francia y rápidamente se extendió por Reino Unido, Países Bajo, Alemania, Austria, Italia, Grecia, y por supuesto España. También se sumaron otros países nórdicos y del este europeo, así como varios del norte de África, y de ahí se fue extendiendo.

La Revolución no partió de la nada, claro. Previamente hubo años de protestas, de movilizaciones de todo tipo, de acciones no violentas y reivindicativas de toda índole, de organización, de debate y de propuestas. También de fracasos, de experimentos fallidos, de traiciones e incluso de intentos de cambios violentos, que nos hicieron retroceder más que avanzar.

Pero en 2028 en Francia se armó una enorme coalición formada por partidos políticos de todo el arco excepto la ultraderecha, por los sindicatos, por todos los movimientos sociales, ecologistas, etc, etc. Toda la sociedad organizada se unió en torno al Plan Urgente para la Transición Ecológica y la Justicia Social, más conocido como el Plan Greta, ya que Greta Thunberg fue una de las líderes sociales que lo impulsó de manera decida.

Este Plan tenía un triple decálogo de medidas urgentes que se debían adoptar: un decálogo de medidas a tomar por parte de las instituciones, otro decálogo con medidas a desarrollar por los movimientos sociales, y un tercer decálogo con las cosas que cada persona podía afrontar de manera individual o familiar.

Los partidos políticos franceses, con el respaldo de toda la sociedad organizada, se presentaron a las elecciones con el Plan Greta y barrieron a sus oponentes, que en realidad eran muchos menos pero armaban mucho ruido. De repente, como si hubiera una inmensa fuerza social dormida, la mera posibilidad de una alternativa que pudiese compatibilizar el auténtico buen vivir con los límites ecosistémicos, despertó a la sociedad que abrazó las nuevas ideas con un entusiasmo y una energía no vistas desde hacía muchísimas décadas. El nuevo Gobierno se puso manos a la obra de inmediato para canalizar toda esa energía, así como todas las organizaciones sociales y la ciudadanía, cada cual con su parte en el Plan.

El ejemplo cundió también rapidísimamente por los demás países y en todas las siguientes elecciones se presentaron coaliciones similares que llevaban el Plan Greta adaptado a su propio contexto. Lo que hasta hacía solo unos meses había sido el único sistema político, social y económico que parecía posible, se disolvió como un castillo de arena en cuanto la marea popular comenzó a armar una alternativa.

Aquí en Euskadi los Planes se denominaron Plan Nagusi, Plan Zabala y Plan Zehatza y contenían medidas muy radicales en aquel momento, pero que obtuvieron un respaldo abrumador a nivel social, convirtiendo a Euskadi en un referente mundial y vanguardia en la creación de las Biopolis.

Las 10 medidas del Plan Nagusi que se llevaron a cabo desde las instituciones fueron las siguientes:

1.- Ley de Garantía de Derechos Básicos y de establecimiento de los Límites Ecológicos. Un panel de personas expertas define los límites ecológicos que tenemos como sociedad, identificando cinco parámetros básicos: el presupuesto de carbono territorial neto, el balance hídrico ecosistémico, la integridad y conectividad de la biosfera, el estado del suelo y los ciclos de nutrientes, y el presupuesto material y de sustancias preocupantes. Cada uno de estos parámetros tiene indicadores y datos objetivos que en adelante se consideran limites infranqueables de cualquier actividad o decisión que se tome. Se establece un presupuesto tope global de consumo de todo ello, que sea compatible con los límites ecológicos.

Sobre la base de esos límites se hace una primera proyección para cubrir todas las necesidades básicas de toda la población  (agua, alimentación, energía doméstica, vivienda de uso, educación, sanidad, ropa, cuidados, movilidad de proximidad, justicia y cultura). Estos limites se aplicarán a toda la normativa y a toda la actividad. Inicialmente en muchos casos se hará de manera voluntaria y pedagógica, para ir transitando hacia una obligatoriedad a medida que hay medios para su cumplimiento.

Cada producto o servicio tiene asignado un valor en «Codos», una nueva medida que indica el «gasto» del presupuesto total que supone ese producto o servicio.

La norma blinda el acceso universal a la cesta de bienes y servicios esenciales, con precios regulados y un “piso de suficiencia” financiado vía presupuestos y contratación pública orientada a misión. Todo el entramado anterior de ayudas, subsidios, prestaciones de diverso tipo, se reorientan y concentran en la denominada “Garantía del Bienvivir Común” (popularmente llamada la “tarjeta verde”) que inicialmente se configura como un ingreso básico que se regularizaba con el sistema de pago de impuestos anterior.

Se establece un sistema de impuestos que grava inicialmente al tipo máximo del 99% la percepción de rentas a partir de 200K€ anuales y el patrimonio individual superior a 3M€. Estas cifras se van ajustando posteriormente a medida que el sistema se va desarrollando.

Esta ley incluye una tarjeta cívica digital interoperable para identificar derechos y facilitar la operación posterior de asignaciones universales.

2.- Creación de la Asamblea Ciudadana por sorteo y de la Junta de Garantías Ecosociales. Un decreto-ley inicial y, a continuación, ley específica que instituya una Asamblea de 100 personas sorteadas para deliberación y decisión con amplísimo respaldo, y una Junta de 100 personas con méritos acreditados para vetar decisiones que vulneren límites ecológicos o de cobertura de necesidades. No sustituye al Parlamento, lo complementa, pero introduce ya la lógica de veto ecosocial y consentimiento amplio que vertebra el sistema posteriormente.

3.- Banca Pública para la Transición (BPT) y Fondo de Rotación sin Intereses: Reprogramar la banca pública y unificar instrumentos dispersos en un fondo único de capital paciente sin interés para unidades de producción comunitaria y cooperativas de interés ciudadano. Se financian proyectos que reduzcan “Codos” (huella material/energética) o abaraten lo básico.

Toda la ciudadanía que lo desea, voluntariamente, puede hacer sus depósitos en esta banca pública que financia sin intereses, y se legislan las reglas para que haya entidades privadas que funcionen también del mismo modo. A la banca tradicional se le exige inicialmente un 30% de su actividad financiera en esta línea, lo cual va creciendo luego con el tiempo.

4.- Infraestructura digital pública: IA organizadora, gemelo digital, nube soberana, identidad cívica, y “Patio Federado”. Desplegar las principales herramientas tecnológicas públicas que ayudaran en la gestión posterior de todo el sistema. Esta es la base del ecosistema digital abierto que hace operativa el sistema y que irá creciendo y desarrollándose posteriormente.

5.- Creación del Fideicomiso Cívico del Hábitat. Constituir un trust cívico del suelo, viviendas, equipamientos y suelos fértiles, priorizando rehabilitación y uso sobre propiedad comercializable, con pasaportes de materiales y planes de mantenimiento abiertos. Todo el suelo y todos los inmuebles públicos se incluyen en ese fideicomiso. Se incluyen también el usufructo forzoso de viviendas de propietarios, personas físicas o jurídicas, titulares de más de 5 inmuebles de este tipo. También se incluyen inicial y voluntariamente propiedades privadas de todas las personas que lo deseen, de las cuales se cede el usufructo al fideicomiso, a cambio de exenciones fiscales que gravan al resto, en función de su uso o no uso, y de su alineación con los limites ecológicos. Todas las viviendas del Fideicomiso Cívico se usan para alojamiento asequible sin que se pueda transmitir en ninguna circunstancia la plena propiedad de las mismas.

6.- Programa de Servicio Básico Comunitario (SBC) y Consorcios de Misión. Regulación de un SBC voluntario y remunerado (turnos de 3 horas/semana) en pilares esenciales —alimentación, cuidados, hábitat, movilidad— y creación de Consorcios de Misión público-comunitarios para retos concretos (p.ej., electrificación de logística costera, rehabilitación energética masiva). En un plazo razonable, el SBC voluntario se ampliará y se convertirá en obligatorio.

7.- Compras públicas con “cuentas abiertas” y métrica de impacto tipo “Codos”. Aprobación de un estándar de contratación que exija contabilidad abierta, trazabilidad y una métrica de impacto ecosocial comparable —un precursor de los “Codos”— en cada licitación. Gana quien demuestre menor coste ecosocial a igualdad de resultado. La contratación pública pasa a ser la palanca que orienta mercados hacia el modelo posterior.

8.- Red de Comunidades de Base -“Combas”- y cocinas de barrio como infraestructura cívica. Financiación y apertura de una red de centros de base en barrios y pueblos (las «Combas», de unas 150 personas cada una), con salas de deliberación, cocinas de barrio y bancos de herramientas, que operen turnos comunitarios y atiendan apoyos cotidianos. La Comba es el “lugar” donde la ciudadanía aprende a decidir y a cuidarse, y es básica en el diseño posterior del sistema.

9.- Plan Alimentario Territorial con mosaicos agroecológicos y reservas estratégicas. Se realiza un plan completo para reorientar la actividad primaria de manera que permita la autosuficiencia para alimentar a la población en 5 años, lo que implica ordenar cuencas y valles para autosuficiencia básica: corredores agroforestales, marisqueo y acuicultura artesanal, reservas de grano/legumbre/aceite, contratos de precompra con cooperativas y logística eléctrica de corto radio. Se prioriza lo poco procesado, con cocinas de barrio y trazabilidad.

10.- Movilidad de 15 minutos, desincentivo al vehículo privado y electrificación. Se aprueba un bono único para movilidad que permite a cada persona realizar desplazamientos usando diferentes transportes públicos y que tiene un coste sufragado con la “tarjeta verde”. El uso de otros medios aumenta o disminuye el saldo de la tarjeta verde en función de si están dentro o fuera de los límites. Inicialmente se plantea con un uso voluntario y pedagógico, para ir transitando hacia un uso obligatorio.

Durante años mi oficio fue una coreografía de plazos, folios y silencios de pasillo en los que la ansiedad se medía por el ritmo de los plazos. En aquel mundo, la mitad de mi jornada era un intento permanente de no perderme entre demandas, notificaciones cruzadas y formatos que pedían obediencia más que pensamiento. La primera vez que vi al sistema de tramitación automática hacerse cargo de un expediente completo —desde la validación de los requisitos hasta la cita para la audiencia— sentí una mezcla de alivio y desconfianza, porque no sabía si aquello me haría menos abogado o, por fin, me permitiría serlo del todo. Hoy, varios años después, puedo decir que aquel traspaso de la parte burocrática de la administración de justicia a la IA no nos vació el oficio, sino que nos devolvió su sentido: nos dejó la conversación, el cuidado, la restauración y el conflicto entendido como energía social que hay que saber conducir sin que se desborde ni se apague.

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La arquitectura técnica que sostiene ese giro no tiene misterio místico, aunque su complejidad sea notable. El “motor de expediente” —así lo nombramos para no fetichizarlo— recibe escritos en cualquier formato, reconoce su estructura, comprueba de manera exhaustiva los requisitos de admisibilidad, cruza datos de capacidad, representación y legitimación con los registros pertinentes y, si falta algo, primero busca si ya está disponible en su base de datos y de lo contrario, no devuelve un portazo sino una guía en lenguaje llano que explica qué falta, por qué y cómo aportarlo. Esa misma guía genera, sin intervención humana, el borrador de subsanación listo para firmar, evita viajes innecesarios, resume antecedentes y propone un itinerario procesal compatible con las agendas de todos. Desde ahí, la máquina gestiona notificaciones con seguimiento proactivo, sugiere ventanas de conciliación con tiempo humano —no a las ocho de la mañana de un martes imposible— y monta, cuando procede, una primera sesión de escucha con un facilitador. Lo estructura todo con el “derecho a entender” como premisa, en un doble texto donde cada norma aparece en su versión técnica y en su versión explicada, sin paternalismo ni jerga innecesaria.

Ese vaciado de la burocracia nos permitió reorientarnos hacia lo que ninguna máquina puede hacer con hondura: la relación con las personas. Jueces, fiscales, abogados, equipos psicosociales y mediadores nos reconocimos en un trabajo que exige presencia y criterio, porque en la práctica cotidiana la verdad es menos un dato y más un proceso, y la reparación rara vez se reduce a dinero. En los conflictos de convivencia, por ejemplo, armamos círculos restaurativos donde las partes rompen la geometría adversarial, explican sus miedos, escuchan la versión del otro y tantean acuerdos que no dejarían satisfecho a un manual de estrategia litigiosa, pero que resuelven la vida. El expediente sigue vivo en paralelo, con garantías intactas, y el sistema automático anota cada avance, genera minutas, propone cláusulas tipo y mide la coherencia de lo pactado con la legalidad vigente. Sin esa trastienda infatigable, sería imposible sostener la densidad de estas conversaciones; con ella, el oficio vuelve a ser un oficio de palabra, no de trámite.

Esa reorientación ha reconfigurado también la función jurisdiccional. Cuando un juez entra hoy en sala, ya no carga con la ansiedad de una agenda imposible ni necesita improvisar sobre papeles desordenados, porque el motor de expediente ha segmentado los hechos pacíficos, ha detectado contradicciones relevantes, ha agrupado jurisprudencia por patrones argumentales y ha calculado el impacto probable de las distintas opciones de decisión sobre el doble anillo de la Rosquilla, que usamos como brújula de mínimos sociales y límites ecológicos. Ese cálculo, lejos de ser un oráculo, es una pieza de deliberación que obliga a explicitar en la sentencia por qué se sigue o se aparta de la recomendación, con trazabilidad de datos, criterios y límites. Los vetos técnicos se disparan si algún camino sugerido compromete derechos fundamentales o si un coste social cae fuera de los márgenes aceptables, y todo queda abierto a auditorías por muestreo en las que participan, además de peritos, ciudadanos formados en control cívico.

En mi trabajo diario, esa infraestructura invisible se traduce en tiempo de calidad con las personas. El sistema me prepara, la víspera, un “mapa de conflicto” donde puedo ver no solo los datos duros del caso, sino la temperatura emocional estimada, los posibles puntos de desbloqueo, los momentos de la conversación donde conviene ralentizar para evitar escaladas y las alternativas de acuerdo que han funcionado en casos comparables. Llego a la reunión con las partes sin la prisa que me hacía torpe, dispuesto a escuchar en vez de interrogar, a nombrar el daño sin espectáculo y a proponer caminos de reparación que no se confunden con castigo ni con impunidad. La máquina, en remoto, crea actas vivas, subraya cuando un compromiso requiere precisión adicional, detecta contradicciones performativas —el clásico “prometo no volver a hacerlo” sin asumir qué es “eso”— y me sugiere pausas cuando detecta fatiga. Salgo con acuerdos mejor escritos y con personas menos crispadas, y el expediente, que antes era un fin en sí mismo, se ha convertido en un medio limpio y eficaz.

El penal de baja intensidad ha cambiado por completo. La respuesta a hurtos menores, daños, lesiones leves o pequeños fraudes se articula ya casi siempre a través de dispositivos restaurativos que se activan desde el primer contacto. La víctima, si quiere, participa desde el inicio con apoyo y seguridad, expresa qué necesita para sentirse reparada, y el infractor, si acepta su responsabilidad, puede transitar un camino que combina trabajo comunitario con aprendizaje significativo. Las “escuelas de oficio” y los Contratos de Aprendizaje Reversible se han integrado en la respuesta penal: reparar un banco del parque destrozado no es lo mismo que hacer cien horas abstractas, y aprender a cuidar un barrio devuelve autoestima y pertenencia a quien la había perdido. El motor de expediente vigila plazos, certifica hitos, alerta si alguien se queda atrás y calibra el cierre cuando la reparación es completa. Las tasas de reincidencia han caído, pero el dato que más valoro no es ese sino la cantidad de veces que la víctima dice, al final, “ahora sí puedo pasar por esa calle sin enfadarme”.

En lo civil y lo contencioso-administrativo, la mecánica es distinta y el espíritu es el mismo. Los conflictos por ruido de instalaciones, por sombras de placas solares o por la asignación de agua en veranos críticos encuentran en los foros de cuenca y en las mesas técnicas barriales un primer espacio de acuerdo, y cuando ese trabajo llega a sede judicial lo hace con hipótesis de equilibrio ya ensayadas, listadas con su impacto y su costo. La IA de apoyo genera simulaciones comprensibles, traduce mapas, convierte términos técnicos en imágenes precisas y evita ese teatro fatigoso donde la parte que mejor habla gana, aunque tenga menos razón. La sentencia, cuando llega, es muchas veces una orden de ejecución de lo que ya se ha acordado con sentido común, y el recurso, que antes era una forma de prolongar el conflicto, hoy es un examen transparente sobre si el proceso respetó la regla de juego y si la decisión final encaja en el marco de derechos.

Este modelo ha exigido una gobernanza seria de la propia tecnología. La tentación de tratar el motor de expediente como una caja negra fue grande, pero en Biopolis aprendimos pronto que los sistemas que median derechos deben ser explicables, auditable y corregibles sin heroísmos. Por eso, cada módulo tiene su “carta de funcionamiento” públicamente accesible, con datos de entrenamiento documentados, sesgos conocidos, límites de uso y mecanismos de queja que no son meros buzones. Las auditorías por muestreo no son un ritual trimestral sino una práctica continua, con perfiles diversos que revisan no solo aciertos y errores, sino también silencios y ciegos del sistema. Cuando una decisión humana se aparta de la recomendación técnica, el juez o el fiscal lo documenta en lenguaje natural, y esa explicación retroalimenta el modelo con una etiqueta: aquí importó la fragilidad de una abuela, aquí pesó un duelo reciente, aquí la letra de la norma no bastaba. La máquina aprende, pero nosotros aprendemos también a no abdicar del juicio.

El cambio transformó nuestra formación profesional. El pasaporte de capacidades ya no mide solo dominio de normas y destrezas de argumentación, sino escucha activa, diseño de procesos, alfabetización emocional, negociación cooperativa e imaginación jurídica orientada a la reparación. Entramos y salimos en ciclos, tutorando a quienes llegan y dejándonos tutorizar por quienes traen herramientas distintas, porque en esta justicia hay tanta técnica como hospitalidad. En mi caso, dejé de valorar mi semana por el número de páginas de demanda, y empecé a mirarla por las conversaciones en las que alguien cambió de postura sin sentir que perdía, por los contratos de convivencia que resistieron el invierno y por las veces que devolvimos a un conflicto su tamaño real, ni épico ni ridículo.

No todo es amable, y conviene decirlo sin decorados. Hay violencias que no admiten espacio compartido ni abrazo rápido, hay delitos que requieren cautelares firmes y hay poderes que tantean límites con cinismo. En esos casos, la tecnología es un respaldo serio: la cadena de custodia es más robusta, la búsqueda de prueba irrepetible es más rápida, la detección de contradicciones malintencionadas es más fina, y el seguimiento de medidas de protección no descansa. Pero la decisión que restringe derechos sigue anclada en presencia humana y argumentación pública, y el motor de expediente no puede ejecutar un desahucio ni una prisión preventiva por sí mismo, porque el sistema está diseñado para que la última palabra tenga voz y rostro.

Otra frontera delicada ha sido la protección de datos y la proporcionalidad. La administración de justicia aprendió a trabajar con el principio de mínima captación, anonimización por defecto, cifrado de extremo a extremo y procesamiento en el borde cada vez que la sensibilidad del asunto lo exige. El ciudadano conserva un panel de control de su huella en el sistema, con consentimientos granulares y caducidades claras, y puede activar un “modo viaje” cuando se desplaza a otra Biopolis, de modo que sus expedientes se ven allá con lo justo y necesario para no empezar de cero, pero sin abrir la caja completa. Cada acceso deja rastro, cada consulta inmotivada se sanciona, y esa disciplina ha marcado un estándar que otras áreas públicas han imitado, porque no hay confianza sin límites.

Cuando miro hacia atrás y recuerdo aquel yo que se enorgullecía de ganar por una excepción procesal antes que por convencer de lo justo, me veo a veces con ternura y otras con pudor. Ganábamos batallas elegantes, sí, pero dejábamos demasiadas vidas a medio arreglar. Hoy me descubro preparando una audiencia con la tranquilidad de quien sabe que la logística está resuelta, que nadie se perderá por un tecnicismo y que mi tiempo útil se medirá en silencios bien colocados, preguntas que abren puertas y palabras que atan lo acordado con hilos de realidad. No reniego del músculo técnico; lo uso mejor, precisamente porque ya no lo gasto en lo que la máquina hace mejor y sin bostezos. Y si me preguntan qué es ser abogado en esta justicia que escucha, diré que es sostener el puente entre una burocracia que por fin dejó de estorbar y una comunidad que aprendió a reparar sin humillar ni olvidar.

A veces, al cerrar el día, repaso los expedientes que avanzaron y los pocos que no, y encuentro un patrón humilde que me reconcilia con el oficio. Donde hubo escucha, hubo acuerdo; donde hubo tiempo humano, hubo comprensión; donde el motor de expediente nos quitó la urgencia, pudimos dedicar la inteligencia; donde la Rosquilla puso límites, evitamos causar un daño mayor al arreglar el pequeño. No hay milagro, hay diseño institucional y trabajo sostenido, y hay una premisa que lo ordena todo: la justicia no es una máquina de sentencias, es una práctica de civilidad que se apoya en máquinas para que la palabra humana vuelva a pesar lo que debe.

Cuando acompaño un círculo de reparación y veo a un joven reconocer sin guion que rompió algo más que un cristal, o a una vecina decirle que el ruido de madrugada no la enfada, la asusta, entiendo que el expediente, con toda su perfección logística, es apenas el arroyo por el que corre el agua. Lo importante sucede en el gesto, en la mirada, en la promesa creíble, y ahí ninguna IA tiene manos. Esa verdad, que podría parecer frágil, es el núcleo de nuestro cambio: dejamos de pedirle a la ley que hiciera de psicóloga, dejamos de pedirle a la jueza que hiciera de mensajera, dejamos de pedirle al abogado que hiciera de impresora, y diseñamos un sistema en el que cada cual aporta lo suyo, empezando por la tecnología que, bien acotada, hace sitio para que lo humano ocupe el centro.

Y sí, en los pasillos —que ya no son pasillos atestados sino salas abiertas con luz y café— sigo cruzándome con colegas que añoran el brillo del litigio puro, la adrenalina de encontrar un error formal en el folio trescientos. Algunos han vuelto a sentir entusiasmo cuando descubren que persuadir a dos personas para que se pidan perdón sin teatralidad requiere una destreza más alta que redactar una réplica afilada; otros se han especializado en auditar sistemas o en rediseñar procesos y también ahí hay carrera y orgullo. Yo, por mi parte, me quedo donde me siento útil: entre la letra y la vida, ayudando a que el expediente, llevado por la máquina, llegue a buen puerto, y que quienes lo habitan puedan salir de él con la sensación, rara y preciosa, de que la justicia les habló en un idioma que pueden entender, porque como siempre repito, la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

No sé en qué momento exacto la palabra libertad empezó a significar su contrario al otro lado del océano, pero sé que la fractura que siguió dejó una cicatriz que todavía supura. La segunda guerra civil norteamericana, precipitada tras el tercer mandato del dictador Donald Trump, no solo reconfiguró un mapa; abrió la puerta a un experimento político que hizo del dinero su única brújula y del planeta un simple almacén prescindible. De aquella guerra emergieron los Estados Libres Maga —los ELM—, un conglomerado de estados encabezados por Texas y Florida que transformó la vieja retórica de “menos gobierno y más libertad” en un régimen corporativo total, con fronteras más parecidas a aduanas de un holding que a límites de una república, y con leyes que son contratos privados blindados por árbitros a sueldo. Así empezó el antagonista perfecto de nuestra Comunidad Biopolita Europea, la negación sistemática de la Rosquilla y de cualquier límite que no fuera el balance de caja.

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Desde sus manifiestos fundacionales, los ELM declararon que la libertad consistía en que cada cual pudiera hacer absolutamente lo que quisiera para obtener el máximo dinero posible y en poder utilizarlo sin ninguna restricción. Ese catecismo, en apariencia simple, vació la palabra de su contenido cívico y la convirtió en licencia para extraer, quemar, privatizar y desechar. El resultado fue inmediato: los derechos se tasaron en índices de solvencia, los ríos en activos titulizados, los bosques en garantías colateralizables y las personas en capital humano con cláusulas de rescate. La fe en el mercado como justicia última hizo el resto. Donde aquí discutimos con gemelos ecosociales y límites, allí se firmaron “cartas de inmunidad productiva” que eximían de responsabilidad a quien invirtiera lo suficiente. Para mi oficio de jurista fue como asistir a una demolición controlada del Derecho: el Estado convertido en bufete de los más fuertes, los tribunales reemplazados por cámaras de arbitraje sin luz, el daño ambiental rebautizado “externalidad inevitable” y el delito empresarial recubierto de compliance ornamental.

La élite económica de los ELM no ocultó sus intenciones. Un millar largo de mega–multimillonarios se mudó a una estación lunar a la que bautizaron, con banal arrogancia, Liberty Crater Club. Desde allí, su propaganda vendía una fantasía de colonos galácticos que habían “trascendido” las limitaciones del barro terrestre, mientras en la Tierra millones de personas malvivían operando las cadenas de extracción que suministraban materiales y energía a la base. En su relato, la Luna era la “nueva frontera” y el humo de cada lanzamiento un himno de progreso; en los hechos, una coreografía de cohetes dejó un rastro de carbono negro en la estratosfera, pulverizó corredores migratorios de aves y multiplicó el tráfico de hidrocarburos para alimentar un ecosistema de lujo orbital. El club tenía suites con gravedad modulada, cúpulas para golf sin viento y cavas presurizadas; abajo quedaban los turnos de doce horas en minas a cielo abierto, los puertos saturados de fuel barato y los hospitales con generadores parpadeantes. El contraste era obsceno y, por eso mismo, pedagógico.

Quien quiera entender por qué los ELM son desastrosos para el planeta debe seguir la contabilidad que no aparece en sus folletos. Reabrieron cuencas de carbón bajo el eufemismo de “resiliencia energética”, expandieron el fracking hasta zonas de riesgo sísmico re-etiquetándolo como “aprovechamiento de microfracturas”, autorizaron arenas bituminosas con “tecnologías de mitigación” que no mitigaban nada, y convirtieron el mar en cantera: minería de fondos abisales para metales críticos, destrozando ecosistemas que tardan milenios en regenerarse. En paralelo, reactivaron proyectos de geoingeniería unilaterales —inyecciones estratosféricas de aerosoles y fertilización oceánica de laboratorio— que alteraron patrones de lluvia a miles de kilómetros, agravaron sequías en países vecinos y sembraron conflictos diplomáticos que después instrumentalizaron para vender “seguridad hídrica” como servicio. La atmósfera, el suelo, el agua y la biodiversidad pasaron a ser variables subsidiarias de una hoja Excel; cuando los modelos fallaban, cambiaban el modelo y seguían bombeando.

La otra cara de su utopía era la vida cotidiana. Se suprimieron regulaciones laborales con la promesa de “flexibilidad total” y llegaron contratos con cláusulas de permanencia forzada escondidas en bonos de reclutamiento; se privatizaron escuelas y emergieron currículos modulados por patrocinadores que enseñaban aritmética financiera antes que historia y teología del mercado antes que ética; se troceó la sanidad en paquetes y a quien no alcanzaba para el paquete “respiratorio” se le ofrecía un crédito con interés flotante y aplicación de cobro en tiempo real. En nombre de la seguridad se armó a civiles, se subcontrató el orden público y se instauraron zonas francas donde la empresa era ley. Quien se oponía no encontraba un juez independiente sino un algoritmo de riesgo que congelaba cuentas, bajaba su “índice de confiabilidad” y lo expulsaba de facto de la ciudadanía. Libertad, decían; desposesión, era la práctica.

Para sostener ese tinglado, los ELM necesitaban dos cosas: una fuente constante de recursos y un enemigo externo que explicara cualquier grieta. La primera la obtuvieron exprimiendo territorios limítrofes y tejiendo redes de proveedores con contratos de adhesión que convertían a países enteros en satélites productivos. La segunda la encontraron en nosotros. Desde el primer día hicieron todo lo posible por boicotear a las Biopolis: sanciones comerciales a quienes compartieran conocimiento con nuestra red, persecución de cooperativas que exportaban excedentes, campañas de difamación contra la Asamblea y la Junta de Garantías, y una máquina de rumorología que nos acusaba alternativamente de totalitarismo blando y de incompetencia suicida. Crearon granjas de contenido que imitaban nuestra estética, sembraron dudas sobre el sistema de Codos, tildándolo de “moneda de racionamiento”, y trataron de presentar la asignación universal como soborno para vagos. No era un debate; era una operación sostenida.

Las presiones no se quedaron en la propaganda. Probaron sabotajes a infraestructuras críticas con herramientas analógicas —porque sus drones y aparatos electrónicos son neutralizados por las ondas Gallas al cruzar nuestros perímetros—, intentaron corromper nodos de nuestras cadenas de suministro con sobornos sin rastro digital, y favorecieron la aparición de mercados negros que erosivasen la legitimidad de precios regulados. Recuerdo un caso que llevé en la Oficina Jurídica de mi Comba: una red que acaparaba baterías comunitarias para revenderlas a navegantes a motor que operaban fuera de norma; detrás del intermediario local había una financiera con sede en un freeport de los ELM que apostaba a la escasez en nuestras microredes para desestabilizar barrios. Lo desmontamos por dos vías, el derecho y la conversación: auditoría ciudadana, trazabilidad completa, círculos restaurativos con quienes se dejaron tentar y sanciones proporcionadas para los reincidentes; y, sobre todo, robusteciendo el “por qué” detrás de nuestras reglas para que no fueran solo obedecidas, sino comprendidas.

Hubo episodios más duros. Una noche de julio, un convoy de transportes sin componente electrónico —viejos camiones adaptados— intentó forzar un paso de montaña para verter lodos industriales en una cuenca de cabecera. La Galla no sirve contra la química, así que tocó activar el protocolo de contención física y presencia masiva de Combas aguas abajo para levantar barreras de emergencia mientras la Intendencia sellaba el paso y la Junta de Garantías imponía un cordón sanitario. No hubo heridos; sí hubo rabia. Al día siguiente los ELM denunciaron una “agresión a la libre circulación de mercancías”. Su libertad, otra vez, coincidía con nuestro derecho al agua limpia. Ganamos aquel pulso no por músculo, sino por coherencia: cuentas abiertas, registro público del incidente, asistencia a quienes perdieron un día de trabajo para estar en el río y reparación en especie y tiempo para los responsables locales que, sin pertenecer a la trama, facilitaron el camino. La seguridad, aprendimos, es ante todo comunidad despierta.

La “economía lunar” de los ELM, vendida como emancipación de las ataduras terrestres, fue el mayor acelerador de su huella. Cada lanzamiento a la órbita trajo su dosis de carbono negro y su cascada de residuos que multiplicó el riesgo de colisiones; cada reentrada dejó su estela de partículas; cada ciclo de suministro exigió nuevas minas, nuevos puertos y nuevas rutas aseguradas por mercenarios. Cuando les interpelamos por el coste real en agua y suelo de su supuesta edad dorada, respondieron con contabilidad creativa: offsets plantados en desiertos sin agua, créditos de biodiversidad comprados en reservas de papel y promesas de “descontaminación futura” a cargo de tecnologías aún no inventadas. El Liberty Crater Club se convirtió en escaparate de un lujo que para existir necesita un afuera degradado; cada copa de vino bajo la cúpula presurizada llevaba adherida una hebra de selva perdida, una bahía turbia, una escuela de barrio clausurada.

También intentaron la vía jurídica internacional, un terreno que conozco. Financieron despachos para cuestionar la legalidad de nuestras licencias recíprocas y de la obligación de compartir descubrimientos que reducen Codos; impulsaron tratados de “protección de inversiones” redactados a medida para demandar a Biopolis por “expropiación regulatoria” cuando subíamos estándares de salud o suelo; propusieron en foros multilaterales un nuevo derecho del inversor que, de facto, anulaba el derecho de las personas a agua, aire y cobijo. La respuesta exigió paciencia y alianzas. No nos encerramos en la virtud de los convencidos; extendimos redes con ciudades y regiones del mundo no alineadas que comprendían que el futuro es una coartada si no cabe la gente. Ganamos pleitos, perdimos otros, pero consolidamos una jurisprudencia nueva: el límite ecológico como bien jurídico tutelable, el hambre como violación de deberes positivos, la contabilidad de Codos como estándar técnico verificable y el gemelo ecosocial como prueba pericial. La ley, si se explica y se vive, deja de ser papel con sello y se convierte en dique.

Mientras tanto, la vida bajo los ELM se fue llenando de grietas. La propaganda funcionó unos años, pero el agotamiento tiene una forma de volver a la superficie. Los huracanes golpearon costas sin diques públicos; las olas de calor mataron a quienes no podían pagar kilovatios dinámicos; las epidemias de nuevas drogas baratas —diseñadas en laboratorios clandestinos que operaban como franquicias— vaciaron barrios y cargaron de trabajo a una sanidad troceada; el índice de natalidad cayó en picado donde la infancia se volvió inversión de alto riesgo, y el resentimiento se canalizó hacia minorías escogidas como chivos expiatorios en cada ciclo electoral privado. Empezaron las fugas. Primero con cuentagotas, luego en oleadas, personas cruzaron fronteras para pedir asilo ecosocial. Aquí los recibimos con reglas y con hospitalidad. No basta con querer; hay que hacerlo bien. Formamos paneles de acogida en Combas, documentamos saberes útiles, reconocimos oficios con contratos de aprendizaje reversible y, sí, investigamos infiltraciones sin convertir la acogida en sospecha institucional. Los ELM, por su parte, nos acusaron de “robar talento”. Otra vez su libertad era usufructo del talento ajeno; nuestra libertad, cuidar sin exigir obediencia.

Sería ingenuo afirmar que los ELM están en retirada. Disponen de recursos, controlan nodos logísticos y cuentan con la inercia de una cultura que confunde confort con derecho a todo. Pero también sería derrotista ignorar que su promesa se agrieta. La retórica de la “libertad sin límites” se enfrenta a su imposibilidad física y a su indecencia moral; el espejismo lunar deja ver el cable que lo sostiene; el mercado convertido en religión revela su orden sacrificial. Y aquí, con todas nuestras sombras y fatigas, seguimos sosteniendo otra palabra posible: la libertad como tiempo y seguridad para vivir, decidir y equivocarse sin que se hunda el suelo; la prosperidad como suficiencia compartida; la innovación como ampliación prudente de nuestro techo de Codos; la defensa como neutralización sin daño y memoria pública. Ellos nos hostigan; nosotros persistimos.

No cierro con una arenga, sino con una imagen. Hace unas semanas, en el puerto, coincidí con un grupo de jóvenes que ensayaba una pieza sobre cómo suena el muelle sin diésel. Entre compases, una chica me preguntó si creía que los ELM podrían cambiar. Le respondí que el Derecho es, a veces, una manera lenta de convencer al poder de que su interés coincide con el de todos; y que, mientras tanto, hay que proteger el agua, compartir lo útil y cuidar a quien llega con la maleta llena de miedo. Ella asintió y volvió al ensayo. El muelle sonó limpio. Y pensé que, pese a los cohetes que cruzan el cielo, la fuerza del mundo sigue aquí abajo, en los cuerpos que no se rinden y en la palabra libertad recuperada de quienes la robaron.

No me gusta el tono complaciente con el que a veces se habla de Biopolis Cantábrica, como si hubiéramos encontrado una fórmula mágica inmune a la fragilidad humana y al capricho del clima. Lo que hemos construido funciona mejor que aquello que dejamos atrás, pero no es un jardín sin maleza. Cada cierto tiempo la realidad nos recuerda que el pasado no se esfuma porque lo neguemos, que las inercias íntimas pesan y que las estructuras que nos sostienen —Asamblea, Junta de Garantías, Intendencia— son artefactos humanos, y por tanto imperfectos, sometidos a tensiones que no se resuelven con consignas. Aun así, prefiero contarlo con la serenidad de quien ha visto crecer esta casa: en medio de los aciertos conviven grietas que cuidamos, no para flagelarnos, sino para no bajar la guardia y, sobre todo, para que nadie se sienta engañado.

No todo el mundo encaja al mismo ritmo en el doble anillo que nos hemos impuesto: cubrir lo básico sin salirse de los límites del planeta. Lo descubrimos, por ejemplo, cuando la temporada aprieta y el contador de Codos se vuelve una presencia tan tozuda como el frío. Hay semanas en que se siente como un reproche: otra ducha corta, otro aplazamiento del capricho, otra explicación a un adolescente que mira la pantalla de su móvil —ese que ya no es como los de antes, pero sigue siendo un artefacto de deseo— y pregunta por qué sus amigas de otra Biopolis tienen margen para un festival que aquí no cuadra. Hemos aprendido a convertir esa fricción en conversación, a explicar con datos y con rostro, a abrir los gemelos ecosociales en la Comba y ver juntos qué nos sobra y qué nos falta. Pero conviene admitirlo: el rigor que evitó que nos estrelláramos también cansa, y para sostenerlo hacen falta argumentos renovados, ritos de pertenencia, descansos pactados y, de vez en cuando, ese pequeño lujo austero que no descuadra el balance y que da oxígeno al ánimo.

El Servicio Básico Comunitario es columna vertebral y, a ratos, es una vara exigente. En papeles todo está pensado para que nadie cargue por encima de lo razonable, para que los turnos roten y las vidas encajen, pero la vida real, ya sabéis, introduce sus nudos: un cuidado que se alarga, una lesión que vuelve, un equipo que encadena imprevistos y ve cómo su calendario se vuelve una manta corta. Cuando eso pasa, el sistema responde —créditos de cuidado, sustituciones automáticas, mediación restaurativa—, y, aun así, la sensación de “otra vez me toca” aparece con la obstinación de lo cotidiano. No romantizo: la libertad que conquistamos vino acompañada de obligaciones claras, y lo responsable es reconocer el desgaste que produce cumplirlas y la tentación de hacerse el distraído. Hemos visto aparecer pequeñas economías de sombra donde se intercambian horas y favores fuera del bazar público de turnos: no llevan dinero, pero sí deuda moral, y cuando afloran, exigen una mezcla de firmeza y comprensión para traerlas de vuelta a la luz sin humillar a nadie.

La Intendencia trabaja con cuentas abiertas y auditorías por muestreo, y sin embargo la sombra de la vieja desconfianza asoma en cuanto hay retrasos o errores. Bastan un par de envíos que llegan tarde, un piloto tecnológico que prometió más de lo que dio, una explicación torpe en el Patio Federado de Conversación, para que florezca el rumor de incompetencia o, peor, de favoritismo. Hemos diseñado anticuerpos —registros trazables, derecho a réplica con contexto, mecanismos de veto de los Gremios de Bien Común—, pero no es magia. Hay que bajar a los talleres y a las cocinas de barrio a escuchar el enfado, a aceptar que la técnica no basta si no va envuelta en una cultura de reparación. Y hay que asumir que el viejo reflejo de pedir cabezas sigue ahí, agazapado, aunque sepamos que el mérito y el sorteo reducen la captura del poder bastante mejor que los linchamientos simbólicos.

También nos acompaña un ruido de fondo que procede del mundo que no quiso o no pudo cambiar al mismo ritmo. Las campañas de desinformación no han desaparecido, solo se han vuelto más sutiles. Ya no son las cadenas virales groseras de antaño; ahora llegan envueltas en lenguaje cuidadoso, con datos a medias, con voces que se mimetizan entre nosotras para sembrar dudas sobre el sentido de compartir los avances, sobre la supuesta ineficiencia de las cuentas abiertas, sobre si la Biopolis no será, en el fondo, una fábrica amable de conformismo. La respuesta técnica —contexto, trazabilidad, simulacros de rumorología— funciona, pero no sustituye a lo esencial: construir confianza cara a cara, mantener el músculo de la conversación larga, recordar por qué renunciamos a las viejas redes comerciales que nos enfermaron por dentro. A veces, incluso con todo eso, queda el sabor agrio de haber dedicado demasiada energía a neutralizar veneno ajeno mientras el trabajo callado esperaba en la cola.

Hay otros choques menos visibles. La promesa de alojamiento universal alivió la vida de miles de personas, pero también despertó un anhelo casi infantil de casa “a la carta” que el suelo y la energía no pueden conceder. No basta con explicar que el Fideicomiso del Hábitat protege vegas fértiles o que las envolventes de madera y fibras vegetales son un límite sensato: a veces duele renunciar a aquella buhardilla con vistas imposibles o aceptar que la rotación residencial por misión es parte del pacto. Quien llega nuevo siente que la “asignación de uso” es un examen de pertenencia y no un derecho que lo abraza; quien lleva aquí toda la vida nota que el portal ya no es solo suyo, que la sala de Comba introduce voces y hábitos que desafían la costumbre. Nos ha tocado inventar ritos de mudanza que honran lo que se deja y celebran lo que se encuentra, y hemos aprendido que una mediación a tiempo evita el veneno lento del resentimiento. Aun así, confieso que, a mis años, hay mañanas en que echo de menos el silencio egocéntrico de las viejas comunidades cerradas, y enseguida me corrijo recordando lo que pagábamos por aquel falso sosiego.

La economía del “resultado comunitario” ha reducido la fiebre por acumular Euros y ha hecho inteligible el coste en Codos, pero tampoco ahí es todo terso. Quien innova espera el reconocimiento justo por una mejora que reduce huella, y el sistema se lo da con una porción de esa ganancia; sin embargo, la frontera entre aportar de verdad y vestir de épica un arreglo menor es difusa. Vemos dossiers impecables que explotan el lenguaje de la evaluación para inflar impactos, prototipos que funcionan en piloto y se deshacen al escalar, y gente de talento que se fatiga de justificar cada paso hasta el extremo. Los Gremios piden prudencia; la Asamblea reclama velocidad cuando un invierno amenaza con ser más duro que el anterior; la Junta de Garantías sostiene el freno con la paciencia de quien sabe que un error grande hace más daño que tres aciertos pequeños sumados. Entre tanta tensión, lo más fértil es lo menos vistoso: equipos que documentan bien el fracaso, que abren sus bitácoras de error, que prefieren retractarse a tiempo antes que forzar una victoria pírrica.

Nuestras herramientas de defensa son no letales por diseño, y aun así nos obligan a preguntarnos qué hacemos con el poder cuando es nuestro. Las ondas Gallas han desarmado la épica del enfrentamiento y han convertido la seguridad en una práctica más cercana a la medicina que a la guerra, pero esa misma técnica puede usarse como atajo para evitar conflictos que merecen palabra, no neutralización. El protocolo exige autorización humana, trazas completas, auditorías externas y simulacros periódicos, y aun así he estado en círculos restaurativos donde vecinos nos reprochaban haber pulsado el botón demasiado pronto, y en otros donde nos afearon haberlo hecho demasiado tarde. No hay manual que elimine la dilema moral, pero sí hay una cultura que lo sostiene: decidir con reglas, asumir responsabilidad y dejar que la documentación pública haga su trabajo de memoria.

El clima, mientras tanto, no negocia. Cada ola de calor, cada granizada fuera de calendario, cada marejada que muerde un metro más de escollera, nos recuerda que vivimos en un mundo dañado que no repara al ritmo que desearíamos. Por más que las cuencas estén mejor cuidadas, por más que la agroforestería haya devuelto mosaicos a los valles y la costa multiplique huertas marinas, hay años malditos. Y en esos años la autosuficiencia se tensa: reducimos variedad en la canasta básica, activamos corredores entre Biopolis con contabilidad de Codos compartida, priorizamos hospitales y escuelas, y, sin embargo, la frustración crece. Ni el mejor orquestador ni el más sabio de los gremios cambian el hecho de que habrá menos de lo que apetecía, y que el deseo es una fuerza antigua que no entiende de contabilidades. De ahí que cuidemos tanto los comedores por Combas, los menús de temporada, los pequeños placeres no culpables que hacen más llevadera la escasez sin negar su causa.

La conversación pública mejoró cuando dejamos atrás los mecanismos adictivos y las recompensas vacías, pero también ahí hay riesgos. La identidad cívica, con su consentimiento granular y su derecho a la revocación, nos protegió de la explotación comercial, y el Patio Federado con sus “hojas de servicio” nos dio contexto, pero la tentación de la pereza informativa vuelve en cuanto baja la atención. Cuando una deliberación se alarga o un expediente técnico no cabe en un par de mapas legibles, asoma la vieja impaciencia revestida de nueva jerga. He visto asambleas de Comba donde el formalismo ganaba a la escucha, y he tenido que recordar que la transparencia no opera por sí sola: si queremos comprender, tenemos que querer comprender. No es un sermón, es un recordatorio para mí mismo: esto no es un tablero de mando, es una comunidad.

También nos atraviesa una tensión discreta entre excelencia y equidad. Juntamos talento en consorcios que buscan desalar con menos Codos, electrificar la logística costera sin ruido, diseñar envolventes que respiran como bosque; para atraer a quienes saben de verdad, no ofrecemos sueldos estratosféricos ni privilegios, sino sentido, pertenencia y reconocimiento. En general funciona, pero hay días en que el ritmo del conjunto desespera a la persona brillante, y días en que el brillo individual ciega la humildad que exige trabajar con límites. He aprendido a verlo como un pulso inevitable: si ganara siempre la equidad, nos volveríamos planos; si ganara siempre la excelencia, nos romperíamos por el eje. La madurez está en sostener ese equilibrio con reglas claras y con una ética del cuidado que valga para todas.

Por último, algo que no parece técnico y lo es todo: la memoria. Venimos de transiciones duras, de pérdidas que marcaron generaciones, y a veces nos comportamos como si bastara con mirar adelante. No basta. Algunas sombras que nos visitan —la tentación del atajo, el miedo a quedarnos atrás, la ansiedad por el control total— tienen raíces en historias no contadas. Por eso, en las escuelas y en las Combas, dedicamos tiempo a narrar de dónde venimos, a escuchar a quien sintió que su oficio desaparecía, a aprender de quien vivió la violencia antes de que las Gallas cambiaran el guion, a honrar a quien aceptó mudarse para que una vega siguiera siendo fértil. No se trata de museizar el dolor, sino de darle lugar para que no se convierta en fantasma. Sin memoria, la Biopolis sería eficiente y hueca; con memoria, es un organismo que sabe por qué se cuida.

Podría seguir, ya me conocéis, pero no quiero convertir este capítulo en una letanía de defectos ni en un panegírico del aguante. Prefiero quedarme con esta idea simple: lo que hemos levantado no es un paraíso blindado, es una forma de vivir que se sostiene porque reconoce su vulnerabilidad y la trabaja. En la suma de nuestros días buenos y de nuestras noches de dudas, Biopolis Cantábrica no es un eslogan, es un pacto que se renueva cuando miramos a los ojos el cansancio, el deseo, la impaciencia y la tentación, y elegimos, otra vez, el camino largo. Y sí, permitidme que cierre como empecé hace veinte años: la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.