Imaginemos a tres amigos de Bilbao: Marta, Iker y Jon. Llevan años trabajando en el sector tecnológico y han decidido dar el paso para crear su propia empresa de desarrollo de software. Han optado por una Sociedad Limitada (SL) porque les ofrece flexibilidad y limita su responsabilidad al capital aportado. Pero, ¿cuáles son los pasos que deben seguir para constituirla en Bizkaia?

Lo primero es elegir un nombre para la empresa. Tras varias discusiones, deciden llamarla «TeknoBil SL». Para asegurarse de que el nombre esté disponible, acuden al Registro Mercantil Central y solicitan una certificación negativa de denominación social. Este documento les confirma que pueden usar el nombre sin conflicto con otra empresa registrada.

Con el nombre asegurado, deben redactar los estatutos de la sociedad. En ellos establecen aspectos clave como el objeto social (desarrollo y consultoría de software), el domicilio (una oficina en el centro de Bilbao) y la distribución del capital social, que fijan en 3.000 euros, el mínimo requerido. Como son tres socios, cada uno aporta 1.000 euros. Este capital debe ingresarse en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en constitución, obteniendo el certificado bancario correspondiente.

El siguiente paso es formalizar la escritura de constitución ante notario. Acuden juntos a una notaría en Bilbao y firman el documento que recoge la creación de «TeknoBil SL». En este punto, designan a Marta como administradora única, ya que prefieren una gestión ágil sin necesidad de acuerdos constantes entre los tres.

Con la escritura en mano, llega el momento de inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de Bizkaia. Presentan la documentación y, tras unos días, la inscripción queda formalizada. Desde este momento, «TeknoBil SL» existe legalmente.

No pueden olvidarse de los trámites fiscales. Para ello es imprescindible que obtengan un certificado digital, lo cual puede hacerse de diversas maneras, siendo el de la FNMT uno de los más utilizados. A continuación Solicitan el NIF definitivo en la Agencia Tributaria y dan de alta la empresa en el censo de empresarios. Además, deben declarar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y registrarse en la Seguridad Social si van a contratar empleados o si los socios van a cotizar en el Régimen de Autónomos.

Finalmente, con todos los permisos en orden, Marta, Iker y Jon pueden empezar a operar con su empresa. Han recorrido un camino administrativo que, aunque puede parecer complejo, es accesible si se siguen los pasos adecuados, aunque siempre es muy recomendable contar con un asesoramiento profesional.

#Emprendimiento #SociedadLimitada #Bizkaia #PYME #TrámitesLegales

En el mundo empresarial, la compraventa de una cartera de clientes es una operación delicada que requiere un contrato bien estructurado. Ya sea en el sector de la hostelería, el comercio o cualquier otro ámbito, este tipo de acuerdos deben garantizar seguridad jurídica y transparencia para ambas partes. En Euskoasesores, redactamos contratos de este tipo con el objetivo de que sean equilibrados y justos, protegiendo tanto al vendedor como al comprador.

Para entender mejor cómo funciona, imaginemos el caso de un comercial de suministros para hostelería que, después de años de trabajo, ha consolidado una amplia cartera de clientes en Bilbao y alrededores. Decide venderla a otro profesional del sector que desea aprovechar su red de contactos para impulsar su negocio. ¿Qué cláusulas deberían incluirse en el contrato para que la transacción sea segura y clara?

Uno de los puntos clave es la identificación de la cartera de clientes. Es imprescindible definir con precisión qué clientes forman parte de la venta, especificando datos como nombres, volumen de compras y tipo de relación comercial. Esto evita malentendidos sobre lo que realmente se está adquiriendo.

Otra cláusula fundamental es la confidencialidad y protección de datos. La información sobre los clientes es sensible y está protegida por la normativa vigente. El contrato debe garantizar que el vendedor no hará uso indebido de los datos tras la venta y que el comprador gestionará la información cumpliendo con la ley de protección de datos.

El precio y la forma de pago también deben quedar claramente establecidos. Dependiendo del sector, el precio habitual de una cartera de clientes suele rondar el equivalente a un año de facturación generada por los clientes incluidos en la venta. Sin embargo, este valor puede ajustarse en función de la estabilidad y rentabilidad de la cartera. En cuanto al pago, lo más frecuente es que no se realice en un único desembolso, sino en varios tramos. Es común estructurar el pago en plazos de seis meses, un año o incluso dos años, dependiendo del mantenimiento de los clientes en la cartera. Esto significa que el vendedor puede recibir una parte inicial y pagos adicionales si los clientes siguen activos y generando ingresos para el comprador.

La cláusula de no competencia es otro aspecto esencial. Para que el comprador aproveche al máximo la cartera adquirida, es razonable que el vendedor se comprometa a no contactar ni captar a esos mismos clientes durante un periodo determinado. Esto evita situaciones de competencia desleal y protege la inversión realizada.

También es recomendable incluir un periodo de transición y acompañamiento. En este caso, el comercial de suministros podría comprometerse a presentar al comprador a los clientes o incluso a colaborar durante un tiempo para garantizar una transición fluida. Este tipo de acuerdos suelen ayudar a mantener la confianza de los clientes y asegurar la estabilidad del negocio.

Por último, es importante establecer mecanismos de resolución de conflictos, especificando cómo se resolverán posibles desacuerdos que surjan tras la firma del contrato. Esto puede incluir desde mediación hasta arbitraje, evitando costosos litigios.

En Euskoasesores, nos aseguramos de que estos contratos sean lo más claros y equitativos posible. Cada operación tiene particularidades que deben ser cuidadosamente analizadas para que ambas partes obtengan un beneficio justo. Si estás pensando en comprar o vender una cartera de clientes, contar con un contrato bien diseñado es la clave para evitar problemas y asegurar una transacción exitosa.

Imagina que tres amigos deciden montar un pequeño negocio juntos, una tienda de café de especialidad en el centro de Bilbao. Como son previsores, crean una sociedad limitada y firman un pacto de socios (como ya mencionamos en un artículo anterior, ese documento es un salvavidas en muchas situaciones complicadas). Todo marcha bien, el café es un éxito y los clientes hacen cola cada mañana para empezar el día con el mejor espresso de la ciudad.

Pero, como en toda buena historia, llega el giro argumental. Uno de los socios, llamémosle Iñaki, recibe una oferta jugosa de un inversor que quiere comprar su parte del negocio. Iñaki está emocionado, pero los otros dos socios, Maite y Jon, se preguntan: ¿y qué pasa con nosotros? ¿Podría acabar entrando un socio con el que no estamos de acuerdo? Aquí es donde entran en juego dos cláusulas fundamentales en los pactos de socios: el drag along y el tag along.

El drag along, o “derecho de arrastre”, es como el amigo insistente que te obliga a ir a una fiesta cuando tú preferirías quedarte en casa viendo una serie. Básicamente, si una mayoría de los socios (normalmente los que tienen un porcentaje significativo del capital) decide vender su parte a un tercero, pueden “arrastrar” a los demás a vender también en las mismas condiciones. ¿Por qué es útil? Porque permite que, si llega un gran comprador interesado en adquirir todo el negocio, la venta se haga sin que un socio minoritario se quede en medio impidiendo el trato.

Volvamos a nuestro ejemplo: si Iñaki y Maite suman entre ambos el 70% de las participaciones y un gran grupo de cafeterías quiere comprarles, el drag along permite que también “arrastren” a Jon para que la venta sea total. Así se evita que el nuevo comprador herede una estructura accionarial dividida que no le interesa. ¿Duro? Puede ser, pero en muchos casos es lo más eficiente para la continuidad del negocio.

Por otro lado, está el tag along, o “derecho de acompañamiento”, que es como el amigo que no deja que te vayas de una fiesta sin él. Esta cláusula protege a los socios minoritarios, permitiéndoles vender su parte si otro socio mayoritario lo hace. Así evitan quedarse en una situación incómoda con un nuevo socio con el que no han elegido estar.

Sigamos con nuestra historia. Supongamos que Iñaki quiere vender su 40% a un fondo de inversión, pero Maite y Jon no confían en el nuevo comprador. Gracias al tag along, ellos pueden exigir que se les permita vender su parte en las mismas condiciones que Iñaki. Así, nadie se queda en un negocio con un socio que no quiere.

En el mundo de los negocios, estas cláusulas son esenciales para evitar conflictos y situaciones injustas. Sin ellas, un socio podría quedarse atascado en una empresa que ya no reconoce o, al contrario, impedir una venta beneficiosa para la mayoría. Y, como todo en la vida, mejor prevenir que curar. Así que, si tienes un negocio con más socios, asegúrate de que estas cláusulas estén en el pacto de socios. Te ahorrarán muchos dolores de cabeza… y unas cuantas tazas de café amargo.

Cuando alguien piensa en montar una empresa, lo primero que suele venir a la cabeza es el dinero: cuánto se necesita, cómo conseguirlo y dónde invertirlo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: el capital social no tiene por qué ser solo en efectivo. Se puede aportar en especie, es decir, con bienes o derechos que tengan un valor económico real.

Imagina que decides abrir un estudio de diseño gráfico con un socio. En vez de poner cada uno 10.000 euros en la cuenta del negocio, tú podrías aportar tu potente ordenador y el software profesional que ya usas, mientras que tu socio podría incluir una cámara de fotografía de alta gama. Esos bienes se valorarían y formarían parte del capital social de la empresa, sin necesidad de desembolsar dinero en efectivo.

Las aportaciones en especie pueden incluir muchas cosas: un local, un vehículo, maquinaria, derechos de autor o incluso participaciones en otra empresa. En sociedades anónimas, la ley obliga a que un experto independiente valore estos bienes para asegurarse de que su valor es justo y evitar trampas. En sociedades limitadas, este paso no es obligatorio, pero los socios responden si en el futuro se demuestra que los bienes estaban sobrevalorados.

El principal beneficio de esta opción es obvio: permite arrancar el negocio sin necesidad de tener todo en efectivo. Además, si ya cuentas con activos importantes para la actividad de la empresa, incorporarlos directamente puede ahorrar tiempo y dinero. Eso sí, hay que hacerlo bien, porque una valoración errónea puede traer problemas legales o fiscales, por lo que consultar con especialistas siempre es la mejor opción.

Un contrato no es solo un conjunto de cláusulas y términos legales; es también un reflejo de la relación entre las partes que lo firman. En el mundo jurídico, solemos centrarnos en la precisión técnica y en la minimización de riesgos, pero rara vez se pone el foco en un factor clave para el éxito de cualquier acuerdo: la inteligencia emocional. Incorporar empatía y una comunicación clara en la redacción de contratos puede marcar la diferencia entre una relación comercial fluida y un conflicto latente.

El primer punto en el que la inteligencia emocional cobra relevancia es en la fase de negociación. Un contrato bien construido no debe ser visto como un mecanismo de imposición de condiciones, sino como un puente de entendimiento entre las partes. Comprender las motivaciones y preocupaciones del otro facilita el diseño de cláusulas equitativas que refuercen la confianza y minimicen malentendidos futuros. Esto no significa ceder en puntos clave, sino asegurarse de que el documento refleje una visión justa y equilibrada de los intereses en juego.

Otro aspecto fundamental es la claridad en la redacción. Muchas disputas contractuales no surgen por mala fe, sino por ambigüedades o tecnicismos que dejan espacio a interpretaciones divergentes. Usar un lenguaje accesible, estructurar bien la información y prever escenarios comunes con soluciones bien definidas reduce significativamente el riesgo de conflictos. La inteligencia emocional en este contexto implica anticiparse a las posibles preocupaciones de la otra parte y abordarlas de forma explícita en el contrato.

Además, la empatía es clave en la redacción de cláusulas sobre resolución de disputas. Un contrato rígido que solo contemple mecanismos judiciales como vía de solución puede generar tensiones innecesarias. Incluir opciones como la mediación o el arbitraje facilita que las partes resuelvan diferencias de manera menos adversarial, preservando la relación comercial a largo plazo.

Finalmente, un contrato redactado con inteligencia emocional no solo protege intereses, sino que también fortalece la reputación de quienes lo firman. Empresas y profesionales que priorizan la transparencia y la equidad en sus acuerdos generan confianza en sus socios, clientes y colaboradores, sentando las bases para relaciones comerciales más sólidas y sostenibles.