Han pasado décadas desde que un artefacto explosivo destrozara el casco del Rainbow Warrior en 1985 y segara la vida de nuestro compañero fotógrafo Fernando Pereira. Aquella cobarde acción, perpetrada por agentes del gobierno francés, fue un acto de terrorismo de Estado con la intención de amedrentar a Greenpeace y a toda persona dispuesta a desafiar el poder que pone en jaque la vida de nuestro planeta. Entonces, el mensaje era claro: “Callen o arderán”. Hoy, la represión viene envuelta en formas más sutiles pero igualmente letales para la libertad de expresión y la defensa del medio ambiente.

La reciente sentencia contra Greenpeace en Estados Unidos lo confirma con dolorosa nitidez. Sin explosiones ni buzos militares, ahora se recurre a juicios multimillonarios y tácticas judiciales que buscan desmantelar económicamente a la organización, desgastarla y obligarla a bajar la voz. Se pretende que este golpe siente un peligroso precedente: la posibilidad de acorralar, mediante falsos argumentos legales, a cualquiera que denuncie la devastación medioambiental y a quienes osen enfrentarse a las compañías y los intereses políticos más poderosos. Así no necesitan hundir barcos: basta con pervertir el sistema judicial para silenciar las voces críticas.

Pero esta embestida no se limita a las fronteras de un tribunal estadounidense ni al símbolo de Greenpeace. Se alimenta de un clima de persecución global contra personas defensoras del planeta y de los derechos humanos. Mientras en unas latitudes utilizan demandas y litigios enrevesados para ahogar a las organizaciones, en otras directamente apuntan con un arma y disparan a las activistas. Hoy día, denunciar prácticas destructivas puede equivaler a recibir amenazas de muerte o ser ejecutado. Casos como el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, que luchaba contra la construcción de una represa que pondría en peligro las comunidades locales; la muerte de Isidro Baldenegro en México, líder rarámuri que defendió los bosques de la Sierra Tarahumara; o la de tantos activistas en Brasil, Colombia o Filipinas, demuestran que la represión es tan variada como brutal.

Numerosos informes de organizaciones como Global Witness revelan que cada año mueren decenas –cuando no cientos– de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. No siempre vemos sus nombres en titulares, pero su sangre tiñe montañas, bosques, ríos y valles de todo el mundo. A la vez, en los países “desarrollados” se diseñan nuevas estrategias judiciales para asfixiar económicamente a los movimientos ecologistas. Es la otra cara de la misma moneda: cuando no pueden utilizar la violencia física con impunidad, emplean la ley –o mejor dicho, su interpretación más perversa– para minar el activismo.

Este patrón, en el fondo, no ha cambiado: se reduce a “liquidar” la disidencia. Unas veces con explosivos y comandos clandestinos, otras con balas y amenazas directas, y ahora además con litigios interminables, sanciones millonarias e infinidad de trabas legales. Para el poder que busca seguir exprimiendo la Tierra, resulta mucho más efectivo y silencioso aplastar a las organizaciones por vía jurídica, sin generar titulares tan escandalosos como los de una bomba que revienta un barco.

Las consecuencias de esta sentencia contra Greenpeace trascienden los muelles donde hundieron el Rainbow Warrior y las oficinas donde se coordinan campañas ecologistas. Se extienden hacia cualquier mujer u hombre que haya decidido ponerse en pie frente a la contaminación, la tala indiscriminada, la sobreexplotación de recursos o las prácticas industriales irresponsables. Afecta también a las comunidades indígenas que protegen sus territorios y a las personas que, sencillamente, se niegan a mirar hacia otro lado mientras arrasan el único hogar que tenemos.

Yo, como socio y activista de Greenpeace, te lo digo con la rabia contenida de quien ya ha visto demasiados abusos: este golpe no nos hará retroceder. Nos indigna, nos duele y nos complica nuestro trabajo. Pero hemos aprendido de quienes, con valentía, dieron la vida por la protección de la naturaleza y de nuestras libertades. Jamás olvidaremos el crimen contra el Rainbow Warrior, ni olvidamos a Berta Cáceres, a Isidro Baldenegro y a tantísimas activistas anónimas que quedaron en el camino. Al igual que ellas, no renunciaremos.

El mensaje para quienes promueven esta sentencia –y para todos los que piensan que la persecución echa raíces en el miedo– es contundente: no van a lograr silenciarnos. Intentarán por todos los medios acabar con la disidencia, pero la verdad resurge con más fuerza cuando se la intenta sepultar. Por cada juicio injusto, por cada amenaza, por cada asesinato cobarde, emergen nuevas voces más potentes, más firmes y más dispuestas a tomar el relevo. Somos la memoria viva del Rainbow Warrior y de quienes cayeron en la defensa de la Tierra. Y esa memoria, encendida con coraje, no se apaga. Por mucho que se empeñen, no nos van a callar.

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