¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por disponer de electricidad o de agua en vuestra casa? ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por la educación de vuestros hijos, o por la atención sanitaria de vuestra familia?

Pensadlo un momento nada más. Imaginad que la electricidad, el agua, la educación, la sanidad (por poner sólo unos pocos ejemplos) estuviesen totalmente en manos privadas y sujetas única y exclusivamente a las leyes de la oferta y la demanda.

Como son bienes de primera necesidad, sin los cuales no somos capaces de subsistir, estaríamos dispuestos a pagar todo lo que nos pidieran, incluso a endeudarnos si fuera necesario para poder adquirir estos bienes, ya que nuestra forma de vida depende de ellos.

Desgraciadamente esto es exactamente lo que sucede con la vivienda en nuestro país. Todos necesitamos una vivienda para desarrollar nuestro proyecto de vida, y para conseguirla, pagamos lo que sea, lo que nos pidan, porque no tenemos alternativa. Y como se trata de un mercado muy poco regulado, estamos sometidos por completo a los dictados del mercado. Un mercado que no busca la satisfacción de las necesidades de la población, sino la maximización del beneficio de las empresas.

Cuando se plantea la necesidad de establecer límites al precio de la vivienda, mediante las reservas de suelo para vivienda pública, o mecanismos similares, las promotoras privadas ponen el grito en el cielo y agitan con fuerza el espantajo del intervencionismo como mal supremo a evitar.

Claro, lo bueno es no intervenir, para así preservar el mercado, aunque sea a costa de impedir el acceso de la población a un bien básico y esencial, a un derecho constitucional (eso sí, cuando un sector como por ejemplo el aeronáutico tras el 11-M entra en crisis por las leyes del mercado, los mismos que niegan la posibilidad de intervención al Estado, reclaman su ayuda y su dinero para que sus empresas no cierren)

El mercado de la vivienda, en cuanto que se trata de un bien de primera necesidad, debe estar intervenido, y debe estar regulado para permitir el objetivo fundamental: el acceso de cualquier persona a una vivienda a un precio asequible. El mantenimiento de los beneficios empresariales debe ser un objetivo secundario, como lo es en tantos otros sectores también de primera necesidad.