Existe una constante disparidad de criterios entre el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos en relación a los requisitos que deben cumplir las personas que acceden a los sorteos de vivienda protegida.

Por un lado, los Ayuntamientos consideran que su prioridad es garantizar el acceso de las personas que habitan en su Municipio, y para ello consideran que los sorteos deben realizarse únicamente entre personas empadronadas en el mismo, y además con una cierta antigüedad (en Vitoria hay una interesante polémica sobre la medida adoptada por este consistorio de elevar de 3 a 5 años el mínimo de empadronamiento para poder optar a los sorteos)

Por otro lado, el Gobierno Vasco, entiende que el acceso a la vivienda debe ser general y que se debe posibilitar la movilidad de la población por cuestiones laborales, etc.

No es fácil decantarse por una u otra postura ya que en ambas hay argumentos bastante razonables. Sin embargo, creo que se podrían establecer algunos criterios más o menos generales que pudieran conciliar ambas posiciones.

Para empezar, creo que es razonable que aquellos ciudadanos que tienen Ayuntamientos que dedican esfuerzo y recursos a obtener suelo para promover vivienda protegida deben beneficiarse directamente de ello. Por lo tanto, entiendo que los sorteos que se realizan sobre promociones de los Ayuntamientos deben estar destinadas prioritariamente (incluso en exclusiva) a los habitantes de ese municipio. Deberá ser la propia ciudadanía la que exija a sus representantes municipales que desarrollen una política activa en materia de vivienda, si es que no lo están haciendo. Las urnas también están para eso.

Otra cuestión diferente es lo que consideran algunos Ayuntamientos como ciudadanos de su localidad. En este punto creo que la exigencia de empadronamientos excesivamente prolongados no se justifica para evitar la avalancha de solicitantes atraidos por una política de vivienda más activa. A mi juicio, una exigencia de empadronamiento de dos años cumple perfectamente esta misión y evita la discriminación hacia los recién llegados, pero que tienen voluntad de quedarse de forma definitiva. Creo que sería muy interesante un acuerdo que extendiera un criterio homogéneo en este punto en todos los municipios de Euskadi.

En el caso de las promociones en las que es el Gobierno Vasco quien aporta el suelo, creo que debieran ser más abiertas, exigiendo tan sólo un año de empadronamiento y dando la posibilidad de participar en el sorteo a solicitantes de diversos municipios de la zona (lo que llamamos áreas funcionales), e incluso a personas que no estando empadronadas tienen su trabajo en la localidad donde se va a realizar la edificación. El esfuerzo presupuestario del Gobierno Vasco debe tener un reflejo en políticas lo más alejadas que sea posible de los territorialismos.

En aquellos casos en los que tanto Ayuntamiento como Gobierno Vasco aportan recursos (vía suelo o vía subvención) se debiera establecer un sistema de cupos que permitiera compaginar los dos criterios anteriormente expuestos.

Un acuerdo entre el Departamento de Vivienda y EUDEL en esta línea creo que sería muy bien acogido por el conjunto de la ciudadanía, y clarificaría mucho la sistemática actual.