Arsenio Escolar es el Director del períodico gratuito 20 minutos, en estos momentos el diario generalista más leído en todo el Estado. Hoy publica en su blog un breve artículo muy interesante sobre el precio de la vivienda, que va muy en la línea de lo que decíamos aquí hace unos días.

En el escándalo de los precios de la vivienda, que ya cumple más de una década, estamos entrando en una nueva fase: la de las verdades a medias y la información interesada.

El jueves pasado, 20 minutos contó que, según datos oficiales del Ministerio de la Vivienda, los precios de los pisos seminuevos cayeron en el primer trimestre de 2006 respecto al último trimestre de 2005 en muchas ciudades: Madrid, Cádiz, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Segovia, Valladolid, Albacete, Toledo, Lleida, Castellón, Lugo, Murcia… El viernes, empresas privadas replicaban con contundencia: el precio seguía disparado en casi toda España.

El boom inmobiliario es un monstruo de muchas cabezas que ha hecho rica a mucha gente: constructores, promotores, dueños de suelo, fabricantes de cemento o de ladrillos, agencias inmobiliarias, sociedades de tasación, notarios y registradores, bancos y cajas, políticos corruptos, políticos no corruptos… A ayuntamientos y autonomías les ha llenado las arcas, y al Gobierno central (sea del PSOE o del PP) le ha permitido presumir del alto crecimiento del PIB español, con su beneficiosa repercusión en el empleo y en el consumo. Los paganos de la fiesta son dos: una generación de españoles de 20 a 35 años que se ha hipotecado de por vida y nuestro medio ambiente, al que hemos agredido como nunca antes en nuestra historia.

Muchas de las compras inmobiliarias eran especulativas. Hoy se pagaba mucho con la certeza de que mañana se cobraría más. Pero hete aquí que en los últimos meses el mercado parece frenarse. Y éste es un mercado en parte psicológico: si se constata que ya no sube, los especuladores se van, los que realmente necesiten casa esperan a ver si baja… y probablemente acaba bajando. ¿A quién le conviene y a quién no le conviene que se sepa? ¿Quién emite qué informaciones? ¿Es fiable el Ministerio de la Vivienda diciendo que baja? ¿Y los inmobiliarios diciendo que sube?