Cortesía de "Guti"

La Vivienda en la Biopolis Cantábrica del 2046

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Si en la Biopolis hay una promesa que convierte cualquier biografía en un trayecto seguro, es la del hogar. No como mercancía, sino como derecho de uso garantizado y como infraestructura del buen vivir. Cuando decimos que cada persona tiene cubiertas sus necesidades básicas hablamos, ante todo, de un techo bien orientado, de una envolvente saludable y de una red barrial que sostiene la vida cotidiana sin sobresaltos. La vivienda dejó de ser un activo financiero y volvió a ser lo que siempre debió: un lugar para habitar, cuidar, aprender y envejecer en compañía. Por diseño y por mandato, la Biopolis asegura alojamiento universal dentro de los límites ecosociales comunes, y de ese principio se desprende todo lo demás.

El cambio de paradigma comenzó por el suelo. El territorio dejó de repartirse en parcelas para especular y pasó a integrarse en un Fideicomiso Cívico del Hábitat donde el valor no es el precio de compraventa sino su función social y ecológica: proteger suelos fértiles, densificar donde ya hay servicios, restaurar tejidos intermedios entre lo urbano y lo rural, y asegurar que cualquier decisión de uso encaje con el “gemelo ecosocial” que modela impactos y necesidades a distintas escalas. La Asamblea define las reglas y la Junta de Garantías verifica que cada operación de vivienda respeta el doble anillo de la Rosquilla —cobertura de necesidades y límites planetarios—, de manera que la libertad individual de configuración no empuje al conjunto fuera del carril seguro. La asignación de viviendas no se improvisa: la orquestación con IA —libre, auditable y sometida a consentimiento— cruza datos de demografía, cuidados, accesibilidad, energía y movilidad, y propone emparejamientos dinámicos que después se deliberan y ajustan en las “Combas” de cada barrio.

Quien llega a la mayoría de edad recibe un derecho de uso suficiente para vivir con autonomía, y ese derecho evoluciona a lo largo del ciclo de vida: se amplía si aparecen criaturas o personas dependientes, se adapta si surgen limitaciones de movilidad, se rota si tu misión te traslada temporalmente a otra Biopolis. Aquí no se heredan metros cuadrados, se hereda pertenencia a una comunidad que no expulsa a nadie por su renta. La movilidad residencial existe, pero responde a necesidades y propósitos, no a apuestas. El “precio” deja de ser palanca de exclusión: los elementos básicos de la casa —superficie razonable, aislamiento, ventilación, acceso a luz natural, cocina y baño accesibles— se cubren con la Asignación Ciudadana y tienen precios regulados; los extras no básicos se pagan en Euros y su huella se descuenta en Codos, de modo que quien desea más lujo en materiales o domótica asume su coste ecosocial sin violentar el umbral universal.

La producción de vivienda se reorganizó sobre una premisa tan sencilla como fecunda: rehabilitar primero, completar después, construir nuevo solo cuando no queda alternativa mejor. La Unidad de Producción Comunitaria del Hábitat coordina brigadas de rehabilitación energética, carpinterías de madera estructural, laboratorios de bio-materiales y bancos de piezas reutilizables, mientras que las Iniciativas de Interés Ciudadano aportan diseño, prefabricación abierta y acabados con identidad local. Cuando un reto excede la escala de lo cotidiano —por ejemplo, convertir un barrio entero en positivo en energía o adaptar un frente marítimo a temporales más frecuentes—, se activa un Consorcio de Misión con mandato claro, métricas en Codos y obligación de liberar planos, procesos y aprendizajes para que otros territorios repliquen. Ganamos todos si lo útil se comparte a tiempo.

El resultado se nota en la trama fina: portales que ya no son vestíbulos de paso sino nodos de cuidados, con una sala Comba donde se acuerdan turnos, un cuarto de herramientas compartidas y una pequeña cocina comunitaria que funciona como comedor vecinal cuando hace falta. Las plantas bajas recuperadas del aparcamiento privado alojan talleres, consultas de proximidad, ludotecas y espacios de fisioterapia, y en las cubiertas aparecen huertos ligeros y captadores que reducen demanda energética y alimentan microredes. Cada edificio publica su “pasaporte de materiales” y su plan de mantenimiento abierto, de modo que cualquier intervención futura conserva trazabilidad y evita despilfarros. Esta arquitectura de proximidad sostiene el nuevo reparto del tiempo entre Servicio Básico Comunitario e Iniciativa Propia, porque acerca lo imprescindible y libera horas para crear y descansar sin desplazamientos inútiles.

También cambió la forma en que medimos “lo suficiente”. El estándar ya no es la metrificación del estatus, sino el confort hídrico y térmico, la calidad del aire, el silencio interior, el acceso a luz y a espacios comunes bien diseñados. El gemelo ecosocial calcula el coste en Codos de cada metro cuadrado en función de su localización, materiales, energía y movilidad asociada, y empuja a soluciones sobrias e inteligentes: galerías bioclimáticas, envolventes en madera y fibras vegetales, ventilación cruzada, patios productivos que bajan la temperatura urbana y almacenan agua. La transición energética no se resolvió con aparatos, sino con edificios que demandan poco, producen parte de lo que consumen y gestionan la intermitencia en vecindad. Donde antes había trasteros cerrados, ahora hay salas de baterías comunitarias y espacios de reparación que alargan la vida de los objetos.

La relación entre vivienda y cuidados tuvo quizá el impacto más profundo. Decidimos que nadie cambiase de casa por un trámite burocrático o por una caída. Adaptar es la primera respuesta: puertas anchas, baños reversibles, cocinas seguras, sensores no intrusivos gobernados por la propia familia y conectados al centro de cuidados de la Comba. Cuando la autonomía se reduce, se activa un “contrato de convivencia” con apoyos rotativos del vecindario, asistentes de movilidad y, si procede, intercambio de turnos SBC entre personas que se cubren mutuamente. Las residencias masivas dieron paso a unidades de convivencia insertas en edificios ordinarios, sin segregación etaria, y con patios donde conviven escuelas infantiles y huertos sénior. La casa siguió siendo casa, y el barrio, red de seguridad.

Como en el resto de la economía, los mercados existen donde no dañan lo común. Hay oferta libre de acabados, de arte y de servicios no básicos —desde bibliotecas de objetos hasta estudios de sonido domiciliarios— y ahí cada cual decide si quiere gastar sus Euros y sus Codos adicionales. Lo que no existe es la renta extractiva ni la especulación con el derecho de uso: si ya no necesitas una vivienda asignada, la devuelves al Banco de Espacios del barrio con un proceso ágil y sin estigma, y la Intendencia reasigna según prioridad ecosocial. Cuando un conflicto aparece —ruidos, deterioros, incumplimientos—, se activa la mediación restaurativa y, si hace falta, un panel mixto con representación de la Asamblea, la Junta y el Gremio del Hábitat que fija reparación concreta, no castigo abstracto. La trazabilidad y la claridad reducen la arbitrariedad y cuidan la convivencia.

La movilidad transformó silenciosamente la vivienda. La desaparición del coche privado liberó miles de metros cuadrados en sótanos y viales que ahora alojan producción urbana limpia, salas de ensayo, gimnasios de salud pública y aulas de oficio. Las calles se convirtieron en corredores de clima y juego, y el estándar de “quince minutos” dejó de ser una consigna para convertirse en una experiencia diaria: el trabajo básico, los cuidados, la escuela, la compra y el ocio caben en el radio de una caminata agradable o un paseo en bici asistida. Al bajar la necesidad de moverse, bajaron también los metros “por si acaso” en cada casa, porque el barrio aporta lo que antes se encerraba tras la puerta.

No idealizo: llegar aquí exigió demoler inercias y reconciliar deseos legítimos con límites físicos. Hubo que explicar muchas veces por qué no tenía sentido construir en vegas fértiles o levantar torres vidriadas que brillan en los catálogos pero enferman con el primer verano duro; hubo que aceptar que el confort no depende de aparatos cada vez más potentes, sino de decisiones silenciosas en el proyecto y en la gestión comunitaria; hubo que aprender a cambiar de casa sin que doliera al orgullo y a compartir espacios sin sentir que la intimidad se evapora. Lo sostuvieron reglas claras, cuentas abiertas, auditorías ciudadanas por muestreo y una cultura de prueba y mejora que ya forma parte de nuestro instinto cívico.

A mis 76 años sigo en el mismo edificio de Getxo, pero no es el mismo. Donde antes guardaba un coche que apenas usaba, ahora hay un taller de bicicletas y un banco de herramientas que mantiene medio barrio; la vieja cubierta plana es un huerto de temporada que refresca las noches de agosto; el portal tiene una sala donde deliberamos y cuidamos, y el ascensor que instalamos hace años convive con una rampa amable que invita a quedarse en la planta baja a charlar. Cuando subo a casa y cierro la puerta, sigue siendo mi hogar; cuando la abro, sé que la vivienda es también la red que me sostiene. Y os lo repito una vez más, porque nos ha traído hasta aquí: la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

El transporte de la Biopolis Cantábrica en 2046

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A veces pienso que el transporte fue el espejo donde primero se reflejó el cambio de civilización, porque tocaba a la vez el cuerpo y el imaginario: la manera en que nos movíamos decía quién creíamos ser. El día que soltamos el coche privado —no porque nos lo prohibieran, sino porque dejó de tener sentido, porque su coste en Codos era absurdo y el reproche social convirtió su ostentación en una falta de respeto— entendí que habíamos traspasado el umbral. También cuando dejamos de volar por costumbre y el avión quedó reservado a lo imprescindible, como si la altura, por fin, hubiera recuperado su solemnidad. La frase que más repito a las visitas es que no perdimos libertad, ganamos aire, tiempo y silencio, y que la movilidad se nos volvió un derecho garantizado sin sobreactuación ni ruido.

No hubo milagros; hubo una coreografía cívica que empezó mucho antes de los vehículos. La Asamblea fijó un propósito sencillo —garantizar desplazamientos seguros, accesibles y frugales en Codos— y la Junta de Garantías le dio contorno prudente para que cada decisión de infraestructura entrara en los límites ecosociales. Las Combas, en ese lenguaje llano que es su marca, discutieron recorridos cotidianos, crujidos de pendientes, sombras a mediodía y los cuidados que requieren las personas que dependen de nosotros. Con ese tejido previo, la Intendencia pudo hilar una Red Viva de Movilidad Común que no es una marca ni un logo, sino una orquesta silenciosa de trenes, tranvías ligeros sin raíles, funiculares, pasarelas móviles y flotas compartidas de bicis y motos eléctricas, todo gobernado por la IA orquestadora que sugiere combinaciones, reserva plazas y reconfigura frecuencias como quien mueve sillas en una plaza para que quepamos todos sin empujarnos. Y siempre, lo repito, con consentimiento humano y algoritmos auditables; aquí las máquinas no mandan, acompañan.

Las viejas autopistas fueron quizá el gesto más visible: dejaron de ser cicatrices y se volvieron corredores vivos. Donde antes ardía el asfalto ahora hay suelos drenantes, setos comestibles, líneas de tranvía de neumático y sendas anchas por donde discurren, sin jerarquías feroces, triciclos de reparto, sillas de ruedas motorizadas, patinetes familiares y caminantes que van a ritmo de conversación. Cuando la pendiente aprieta, un funicular se encarama con paciencia y, si la lluvia arrecia, una marquesina fotovoltaica se despliega como una vela. Las microfábricas modularon todo esto con piezas abiertas, reparables, estandarizadas en la CBE para que el mantenimiento sea un oficio más que una concesión opaca, y para que ningún tramo quede rehén de un proveedor. Lo que de verdad cambió, sin embargo, fue el tempo: ya no se atraviesa la ciudad; se la habita en tránsito, y eso la cuida.

El puerto fue nuestro laboratorio. De día huele a algas y a soldadura fría, de noche suena a mareas y a baterías que se cargan con compases de viento. Aquel Consorcio de Misión que electrificó la logística costera —con muelles que beben de mareomotrices, grúas de balance asistido y remolcadores que navegan con velas rígidas y asistencia eléctrica— nos enseñó que logística y paisaje no están condenados a pelearse. La dársena pesquera se quedó sin diésel sin perder músculo, y los corredores terrestres de ida y vuelta con el interior se sincronizan con el parte de mareas para que nada vaya a destiempo. Yo bajé allí varias semanas a ayudar con contratos comprensibles y, de paso, a escuchar: nadie exigió épica, sólo garantías claras y ritmos humanos.

Entre valles y barrios altos tendimos líneas de cable que no se notan desde lejos; cabinas ligeras, silenciosas, que enlazan laderas donde el tranvía sudaría. Cuando te subes, el suelo es de madera templada y la cabina habla en voz baja: te recuerda la curva de la colina, el protocolo de prioridad para quien lleva a una criatura o acompaña a una persona mayor, y el tiempo que falta para el siguiente cruce. No hay publicidad, hay avisos de servicio; y a veces, si el viento lo recomienda, la línea suspende su orgullo y te invita a bajar a un funicular: mejor llegar un minuto después que forzar a la montaña. Ese tipo de cortesía con el territorio es, al final, la cortesía con nosotros mismos.

En el agua, la costa atlántica se cosió con ferris eléctricos de foils que apenas dejan estela y con naves de vela asistida que aprovechan los alisios como si hubiéramos recordado un idioma antiguo. Los canales urbanos, ahí donde existían o donde la recuperación ecológica los fue insinuando, se abrieron a una logística menuda de barcazas bajas que entran y salen como gatos, sin armar ruido; y aunque a veces el temporal nos obliga a recogernos, el gemelo ecosocial anticipa esas ventanas y la red completa se reajusta para que el mercado de barrio, el centro de salud y la escuela nunca queden lejos. Cada travesía declara su coste en Codos y, si el día viene generoso —sol alto, viento amable, demanda repartida—, parte de ese coste se condona y el viaje te sale casi gratis, que es como decir que el clima nos regaló empuje y lo devolvimos en forma de acceso.

Me preguntáis mucho por la “última milla”, ese eufemismo de otro tiempo. Ya no es un rompecabezas de furgonetas con prisa sino un baile de proximidad: nodos de barrio donde convergen los pedidos comunitarios, triciclos de carga que comparten rutas con carritos de cuidados, y un puñado de sorpresas que a fuerza de funcionar dejaron de ser excentricidades: tubos neumáticos entre equipamientos cercanos para documentación y medicación urgente, taquillas de intercambio custodiadas por la misma comunidad, repartos a pie en calles de prioridad humana donde la prisa sólo pasa si la causa es legítima y visible. Lo esencial se mueve con buen tino; lo accesorio espera su momento.

La movilidad personal, la que hacemos con el cuerpo, dejó de ser un acto de resistencia. Ni heroicidad deportiva ni “valentía” para meterse entre máquinas; es un gusto. Las bicis y las motos eléctricas son prótesis amables de la autonomía, con límites de velocidad que se adaptan a la densidad de la calle sin sermonear y con seguros ecosociales que no buscan castigar, sino recomponer cuando hay daño. El casco no es una coraza, es un sombrero de viento. Si no quieres pedalear, hay patinetes de eje ancho que no tiemblan con los baches, y si prefieres caminar, los corredores sombreados conectan plazas, mercados y aulas como quien enlaza habitaciones de una misma casa.

Para ir lejos redescubrimos el tiempo. El tren —con sus variantes según terreno y demanda— se ha convertido en un lugar para leer, trabajar un rato o simplemente mirar por la ventana sin culpa. Las tarifas son llaves cívicas: con tu wallet, que ya integra Asignación Ciudadana y derechos de transporte básico, reservas una butaca o un compartimento de conversación; si viajas con criaturas o dependencias, el sistema te propone vagones tranquilos, aseos de cuidados y personal de apoyo rotativo que no es “de seguridad” sino de hospitalidad. Viajar se volvió un modo de estar juntos, no un trámite competitivo. Y aunque existen alas que aún se despliegan —dirigibles de baja huella para emergencias o islas, planeadores asistidos cuando la geografía no ofrece otra salida—, son la excepción que confirma la regla de la frugalidad.

Toda esta red respira con nuestra economía doble. El transporte básico entra en la garantía universal —como el agua, la energía o la educación— y su precio en Euros está regulado para que nadie quede fuera; el coste en Codos se hace visible en cada trayecto, de modo que aprender a moverse mejor es aprender a vivir dentro del límite común.

Lo mejor es que la red es transparente como una cuenta clara. Puedes abrir el gemelo ecosocial y ver cómo respira tu barrio: dónde conviene plantar más sombra para el próximo verano, qué rampas hay que suavizar, qué zonas hay que acercar, etc. Esa información no se guarda en cajas negras; vive en repositorios públicos y es auditable por muestreo desde las Combas, igual que hacemos con los contratos y con los presupuestos. Tener los datos no nos vuelve tecnócratas: nos vuelve responsables.

Quizá por eso, cuando me preguntan por qué estoy tan orgulloso de “nuestro sistema de transporte”, sonrío y digo que ya no pienso en él como un sistema; pienso en un modo de estar en el territorio sin arrancarle más de lo que puede dar. Y entonces, como siempre, me despido con la frase que nos acompaña desde el principio: la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

Los ejércitos y las relaciones internacionales en la Biopolis Cantábrica del 2046

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La crisis climática y la destrucción masiva de la biodiversidad nos ha enseñado con gran sufrimiento que las fronteras ficticias que hemos establecido no nos protegen de los eventos catastróficos ni de las migraciones masivas, así que cooperamos con nuestros vecinos por propia supervivencia y por una nueva consciencia de que realmente estamos todos en el mismo barco, navegando por el espacio y lo que sucede a nuestros vecinos nos afecta completamente.

Por eso liberamos de inmediato todo nuevo descubrimiento científico y tecnológico, productivo o del tipo que sea. Todo se comparte para beneficio de todas las sociedades y por ende del conjunto de la humanidad, lo cual va en nuestro propio beneficio también.

Colaboramos muy activamente, especialmente con nuestros vecinos para garantizar su estabilidad, sus necesidades básicas y ayudarles con conocimiento, con personal experimentado e incluso con recursos cuando es necesario. No hay competición ya que de nada sirve ser “mejor” que otra sociedad si no conseguimos que repercuta globalmente.

No todas las sociedades vecinas son pacíficas y amistosas. Algunas siguen ancladas en sistemas más propios del viejo capitalismo, pero no interferimos con ellas. Las tratamos igual que al resto y les ofrecemos libremente nuestro conocimiento y nuestra ayuda, si así lo desean.

En las Biopolis no tenemos ejércitos profesionales equipados para la destrucción de los enemigos. Se ha realizado un importante trabajo de desmilitarización de la sociedad, tanto a nivel material como cultural y el resultado es una manera de entender las relaciones con otras sociedades que pasa necesariamente por la cooperación y la ayuda, incluso aunque “el otro” no aplique los mismos principios de manera recíproca.

Todas las armas de fuego han sido proscritas y ya no se fabrican de ningún tipo. Tampoco aviones, barcos, tanques, bombas, misiles, drones ni nada con fines militares, por una razón muy sencilla y es que se han convertido en chatarra completamente inútil gracias al descubrimiento de los Pulsos de Neutralización Neuro-Electromagnética Temporal, las comúnmente llamadas “Ondas Gallas” en honor a su descubridor, El Dr. Gallastegi, un científico precisamente de nuestra Biopolis.

Las “Gallas” producen un doble efecto, en las cosas y en las personas: en las cosas simplemente las inutiliza completa pero temporalmente. No las daña, simplemente las desactiva. Cualquier cosa que tenga el más mínimo componente electrónico, queda desactivada con una onda Gallas.

En las personas produce un efecto similar: las “desactiva” sin dañarlas, es decir, les produce un aturdimiento repentino e irremediable que provoca una especie de desmayo, y que no tiene ningún efecto secundario posterior, salvo una especie de paréntesis mental durante el tiempo que dura dicho desmayo que son unos minutos, suficientes para impedir que la persona agreda o utilice un arma no electrónica.

Disponemos de dispositivos de ondas Gallas tanto de uso individual para las labores de seguridad interna de la Biopolis, como de sistemas de defensa a nivel de territorio.

Estos sistemas funcionan con un tipo de IA que está expresamente diseñada para evitar su uso salvo en situaciones de legítima defensa, con sistemas de control redundantes y autorización humana final. Además cuando se ha activado, queda totalmente registrado y trazado lo que ha sucedido, cómo, cuándo, quién y por qué se ha activado, de manera que sea externamente auditable.

El descubrimiento de las ondas Gallas no fue fruto de un golpe de suerte, sino de un esfuerzo colectivo y totalmente enfocado. La Asamblea Ciudadana lanzó un proyecto global para disponer de una herramienta no letal que permitiera las labores de defensa exterior y mitigación de la violencia en el interior. Los recursos invertidos fueron ingentes, pero el resultado era obvio que compensaría ya que permitiría a la Biopolis redirigir cantidades enormes de profesionales y de recursos materiales desde la industria militar hacia otras actividades mucho más necesarias. Además, el aparato militar era uno de los elementos que más Codos consumía y menos beneficio social reportaba por lo que su desmantelamiento ha supuesto un efecto multiplicador inimaginable.

Obviamente la violencia no ha desaparecido por completo de nuestras sociedades ni mucho menos de todo el mundo, pero sí que se ha reducido a niveles que hace unas décadas nos hubieran parecido una auténtica utopía, y sobre todo hemos logrado disponer de un sistema que nos permite ejercer la legítima defensa sin producir daños a las personas.

No somos ingenuos: seguimos entrenando, auditando y ensayando simulacros de crisis. Pero cambió la pregunta. Ya no nos preguntamos “¿cómo ganar?”, sino “¿cómo cuidar sin matar y cómo salir antes de que nos trague la espiral?”. Cuando cerramos una misión, cuando un corredor se mantiene abierto, cuando una familia cruza la frontera y a las 48 horas ya tiene escuela, médico y una Comba que la acoge, sé que no fue magia: fue política con reglas, tecnología al servicio de la vida y una comunidad que aprendió que defender es, ante todo, sostener.

Como siempre, me despido con lo que ha es el lema de esta serie de artículos: la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

El mundo laboral en la Biopolis Cantábrica de 2046

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En esta cuarta entrega de la serie, hoy toca el trabajo. Me seguís preguntando si aquí “hay empleo”, si existen “puestos fijos” o “contratos indefinidos”, si la Biopolis decide en qué tenemos que trabajar cada cual, etc.

Para contestaros, qué mejor que contaros cómo ha ido mi última semana laboral (sí, con 76 años sigo en activo, y lo hago voluntaria y gustosamente, no por necesidad ya que podría perfectamente estar “jubilado”)

El lunes tuve turno de Servicio Básico Comunitario en la Oficina Jurídica de mi Comba. Revisamos contratos sencillos —alquileres de talleres, acuerdos de cuidados— para que todo quede claro, con cuentas abiertas, lenguaje llano y encaje en los estatutos ecosociales. Siempre la mejor cláusula es una que cualquiera puede entender.

El martes subí a un Consorcio de Misión que prepara la electrificación de la logística costera. Ayudé a redactar su “mandato de misión”: objeto, límites y métricas de éxito en Codos, más la obligación de publicar resultados bajo licencias recíprocas.

Miércoles. Día de Comba. Escuchamos a carpinteras, makers y a la Unidad de Producción Comunitaria de alimentación para ajustar turnos, detectar cuellos de botella y priorizar mejoras locales de forma que todo quede trazado; la deliberación es parte del trabajo.

Jueves. Mediación restaurativa entre un estudio creativo y una microfábrica por unos desacuerdos por uso de datos del gemelo ecosocial. Conseguimos cerrar con pautas de transparencia y acceso proporcional de manera que no haya “ganadoras y perdedoras” sino compromisos útiles y verificación.

Cada día he trabajado entre 2 y 5 horas máximo, con tiempo suficiente para respirar, pasear, navegar un rato y un par de horas al dí para mi Iniciativa Propia: una guía viva de contratos comprensibles para Iniciativas de Interés Ciudadano que quiero publicar en abierto porque aquí el conocimiento que mejora el sistema se comparte por defecto.

Como ya habréis podido intuir, ahora toda persona aporta a la comunidad a través de dos cauces que conviven sin problema: Servicio Básico Comunitario (SBC) e Iniciativa Propia (IP). El SBC es la columna vertebral que asegura lo esencial: agua, energía, alimentación, transporte, cuidados, educación, sanidad… es decir, todo lo que la Biopolis garantiza universalmente. La IP es el espacio de libertad para crear, investigar, emprender, diseñar artefactos o servicios no básicos, o sumarse a un Consorcio de Misión. En ambos casos, el objetivo no es el “beneficio” sino el resultado comunitario y su impacto en Codos y bienestar.

Aquí cada cual contribuye según sus posibilidades y preferencias, con adaptaciones en todo lo que sea necesario para la salud, la edad y los cuidados. Esta fue una decisión fundacional de la Biopolis.

Para organizarnos el tiempo, el calendario gira en ciclos de 28 días y cada ciclo trae entre 12 y 18 turnos de 3 horas (flexibles por oficio) de SBC, coordinados para cubrir picos sin quemar a nadie; días abiertos para proyectos propios, consorcios, estudio, arte o descanso activo; y días Comba es decir, espacios de deliberación y aprendizaje en tu comunidad de base, donde también se priorizan necesidades locales y se revisa cómo va todo.

El reparto no es rígido: madres y padres recientes, personas con enfermedades, mayores, o quienes asumen jornadas de cuidados reconocidas, adaptan el peso SBC/IP con total respaldo y créditos de cuidado que cuentan como contribución. La Intendencia facilita sustituciones y reservas automáticas para que nadie tenga que “pedir permiso para vivir”.

Ahora todos tenemos un pasaporte de capacidades que incluye nuestros saberes formales, experiencia, afinidades, limitaciones y ritmos preferidos. Está en nuestra wallet cívica y se alimenta de tres fuentes: de los proyectos realizados y su aporte en variación de Codos (reducciones de impacto o mejoras de eficiencia), de las validaciones entre pares y auditorías de “Combas”, y de los módulos de aprendizaje vividos en rotaciones SBC o en Iniciativas de Interés Ciudadano.

La IA orquestadora (software libre y auditable, por mandato de la Biopolis) sugiere emparejamientos entre personas, turnos y misiones; pero nada ocurre sin consentimiento humano. Los algoritmos son explicables y revisables por la Asamblea y la Junta de Garantías; además, se auditan por muestreo ciudadano.

Lo que antes llamábamos “sindicatos” evolucionó a los Gremios de Bien Común: colectivos abiertos por oficio y propósito. No negocian salarios (eso está normado para todos), sino reglas de oficio, seguridad, ergonomía, cargas máximas, itinerarios de aprendizaje y estándares de cuidados. Su poder es real ya que formulan vetos técnicos cuando detectan riesgos sistemáticos y proponen rediseños de procesos antes de que un problema haga daño. La Junta de Garantías incorpora a sus mesas a estos gremios cuando toca revisar límites ecosociales.

Los “puestos” jerárquicos también se desvanecieron. Trabajamos por roles en misiones de duración definida lo que significa que una semana puedes ser responsable de turno en una Unidad de Producción Comunitaria y, al siguiente ciclo, integrarte como diseñadora en un Consorcio que prototipa redes mareomotrices para puertos pesqueros. El cambio no es caótico: lo sostiene un gemelo ecosocial del territorio y de los procesos, que recalcula capacidades y necesidades en tiempo real y simula escenarios antes de autorizar despliegues a escala.

Para disolver la frontera entre trabajo y formación existen los Contratos de Aprendizaje Reversible que consisten en que entras en un equipo con rol junior, contribuyes desde el primer día y rotas por estaciones clave; si el oficio no te encaja, revertimos el itinerario sin estigma ni penalización. La evaluación es narrativa y colectiva con objetivos de impacto, bitácoras de error (sí, se premia el error bien documentado) y con círculos restaurativos cuando algo sale mal.

Para asegurar el cuidado, el descanso y los ritmos humanos del trabajo tenemos ventanas de silencio (sin notificaciones), límites estrictos a la exposición a turnos nocturnos, y licencias de respiración obligatorias tras misiones intensas. No medimos heroicidades de 80 horas, medimos continuidad saludable. La ergonomía dejó de ser “prevención” y pasó a ser diseño primero: robots blandos para tareas de carga, exoesqueletos comunitarios bajo reserva, y puestos con realidad mixta que evitan fatiga y lesiones. La meta es que a los 76 sigas queriendo aportar —os escribe alguien que lo certifica—.

Además existe un bazar de turnos público donde intercambiamos bloques SBC entre vecinas y vecinos, con reglas de prudencia para que nadie acumule horas malsanas ni renuncie crónicamente a su IP. Por ejemplo si tomas turnos de otra persona que cuida, ambos recibís reconocimiento en Codos de cuidado y todo movimiento queda trazado y auditado por las Combas.

Cuando aparecen tensiones (porque aparecen), activamos círculos restaurativos mediados por personas formadas de la comunidad y, si procede, por un panel mixto Asamblea–Gremio–Intendencia. Los conflictos no se barren debajo de la alfombra sino que se transforman. Si hubo daño, se repara con tiempo, mentoría o rediseño de procesos y si hubo abuso, hay sanciones claras, incluida la inhabilitación temporal o incluso definitiva para ciertos roles.

Lo que no tenemos es “paro” como antes. Cuando una línea o actividad deja de ser necesaria, no despedimos a nadie sino que organizamos una transición. La IA orquestadora ofrece nuevas misiones y el fondo de rotación garantiza continuidad mientras te re-aprendes de modo que la comunidad no te pregunta “¿en qué trabajas?”, sino “¿qué estás cuidando o creando ahora?”.

La movilidad ente distintas Biopolis es fluida ya que tu pasaporte de capacidades vale en toda la Comunidad Biopolita Europea, con equivalencias automáticas y apoyo de vivienda cuando una misión requiere desplazarte. Además el intercambio no se hace por subasta salarial, sino por necesidad ecosocial y aprendizaje mutuo.

Toda la infraestructura de trabajo es común: cloud público, IA orquestadora, repositorios abiertos, bibliotecas de piezas, laboratorios compartidos. Nada de cajas negras:  todo el código y todos los datos son auditables, con cuentas abiertas y auditorías ciudadanas por muestreo.

Como podéis ver el mundo laboral aquí no es una jaula de oro ni una jungla sino un ecosistema vivo donde el trabajo sirve a la vida y no al revés. Cuando acertamos, la Biopolis late más fuerte; cuando fallamos, aprendemos rápido y sin hundir a nadie.

Y sí, vuelvo a decíroslo: la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

Innovación y Bienestar en la Biopolis Cantábrica 2046

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En los artículos anteriores os he contado cómo funciona el gobierno de la Biopolis Cantábrica en 2046 y también cómo hemos resuelto el manejo del dinero, las necesidades básicas y los límites del planeta, y hoy vamos a continuar un poco con esta cuestión, hablando de las empresas, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Porque las Biopolis son espacios de un inimaginable dinamismo innovador y científico ya que existe un gran incentivo evidente: toda mejora o descubrimiento que nos permite ampliar los límites de nuestra capacidad de producir y consumir, sin alterar el equilibrio ecológico o mejorando la biodiversidad, permite que podamos ampliar también nuestro bienestar.

El mecanismo es sencillo pero muy eficaz: a quien realiza un descubrimiento que permite ampliar el volumen global de Codos que se pueden «gastar» porque se produce por ejemplo una reducción de uso de materias primas, o un mayor aprovechamiento de las existentes o una reducción de los deshechos de un proceso productivo, se le asigna directamente un 1% de esa mejora, y el 99% restante es repartido proporcionalmente a nivel mundial y luego en cada Biopolis a cada persona. Lógicamente quien realiza esos descubrimientos obtiene una cantidad muy sustanciosa de Codos.

El incremento del volumen global de Codos disponibles, permite también incrementar el límite máximo de Euros que se permite acumular así como ampliar el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas. De este modo el conjunto de la sociedad se beneficia de los nuevos avances y quienes los han desarrollado lo hacen en una proporción mayor.

Otro aspecto muy relevante en relación con la innovación y el progreso tecnológico es que todo descubrimiento que se produce ha de ser compartido a nivel mundial para que todas las sociedades puedan beneficiarse igualmente. La razón de esta obligación es muy obvia: cualquier descubrimiento de este tipo, de nada sirve si no es aplicado a nivel mundial y en consecuencia tampoco beneficia a sus descubridores.

Esta dinámica ha generado también toda una nueva manera de conducir las relaciones internacionales, de lo cual hablaremos más detenidamente en otro artículo.

En la práctica conviven tres tipos de organizaciones. Primero, las Unidades de Producción Comunitaria, que dependen de la Intendencia General y fabrican o prestan los bienes y servicios básicos con precios regulados. Su mandato es asegurar el acceso universal y operar dentro de los límites ecológicos establecidos.

Luego están las Iniciativas de Interés Ciudadano (cooperativas, talleres, microfábricas, estudios creativos, laboratorios, etc), que compiten en el espacio de productos y servicios no básicos usando Euros y con huella en Codos; aquí florece la diversidad y el gusto por lo singular.

Y en tercer lugar, los Consorcios de Misión, alianzas temporales público-comunitarias creadas para resolver desafíos concretos (por ejemplo, descarbonizar la logística costera o restaurar una cuenca). La Asamblea autoriza su misión y la Junta de Garantías verifica que sus planes respetan los límites ecosociales antes de escalar.

El gobierno interno de estas organizaciones es simple y transparente: estatutos ecosociales comunes (objetivo de servicio, métricas de bienestar y de Codos), cuentas abiertas y auditorías ciudadanas por muestreo desde las “Combas”, donde también se deliberan mejoras y se priorizan necesidades locales.

Las direcciones se eligen como hemos visto anteriormente, combinando mérito y sorteo para reducir la captura de poder y preservar la diversidad.

Como la financiación también cambió radicalmente al desaparecer los intereses, ahora el capital productivo rota a través de fondos comunitarios y contratos de precompra de la Intendencia para acelerar la industrialización de descubrimientos útiles, y en lugar de “beneficios” financieros, las iniciativas reportan “resultado comunitario”: mejora neta en Codos y satisfacción de necesidades; con eso acceden a más capacidad productiva, permisos y talento.

El talento se organiza en “pools” de competencias. Cada persona combina tiempo de servicio comunitario (cubrir lo básico) con tiempo de iniciativa (emprender, investigar, crear). La movilidad es alta: se entra y sale de consorcios por proyectos, y las “Combas” funcionan como nodos de aprendizaje continuo y orientación vocacional para jóvenes y mayores.

La retribución sigue el esquema general de la Biopolis y se complementa con Codos adicionales cuando las contribuciones generan mejoras medibles, y ¿cómo medimos esas mejoras? Con gemelos ecosociales del territorio y de los procesos productivos: modelos que actualizan en tiempo real el “coste en Codos” de materiales, energía, logística y uso. La Junta aplica reglas de prudencia: primero pilotos, después evaluación independiente y, si el “delta-Codo” es robusto, autorización para desplegar a escala.

La relación entre empresas y gobierno es de corresponsabilidad. La Asamblea marca prioridades (por ejemplo, reducir el consumo de Codos en calefacción doméstica) y lanza retos; la Intendencia provee datos, compras tempranas y estandarización; y las iniciativas compiten por resolver mejor el problema. Si el resultado amplía el “techo” de Codos o abarata lo básico, sube el umbral de cobertura para todo el mundo y, con ello, el bienestar compartido.

Por debajo de todo, la tecnología es herramienta, no fin: IA para orquestar cadenas circulares, robótica blanda para cosecha selectiva, biofabricación para materiales regenerativos, y software libre para que cualquiera pueda replicar y mejorar. Mantener esa infraestructura digital y física es una obligación prioritaria de la Biopolis, porque sin ella el sistema no sería ni sencillo ni operativo para la ciudadanía.

Las “empresas” de 2046 son nodos de una red de innovación abierta al servicio del buen vivir dentro de los límites del planeta. Cuando aciertan, ganamos todos; cuando fallan, aprendemos rápido y sin hundir a nadie.

Y como siempre os recuerdo, la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

El funcionamiento del dinero en la Biopolis Cantábrica del 2046

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En el anterior post os contaba cómo es la organización política hoy en día, en 2046 en nuestra Biopolis Cantábrica, y hoy os voy a contar cómo funciona algo por lo que seguro que os estáis preguntando: el dinero.

Sobre este asunto, y tras debatir mucho sobre ello, se llegó a la conclusión de que era importante tratar de mantener al máximo la operativa tradicional y la manera en la que siempre se ha manejado el dinero, aunque en el fondo, realmente lo que hoy tenemos es algo completamente diferente.

Seguimos teniendo una moneda que se sigue llamando Euro y sigue habiendo monedas físicas y billetes, aunque lo más utilizado por comodidad es el euro digital que se usa a través de nuestros móviles (que no son como los antiguos, de esto también hablaremos más adelante).

Todos los bienes y servicios básicos tienen unos precios regulados y son producidos por la Biopolis directamente. Los que no están catalogados como básicos, funcionan según la antigua idea de oferta y demanda, es decir, se pueden producir y vender libremente siempre que alguien esté en disposición de pagar el precio convenido.

A su vez, la Biopolis nos ingresa a cada persona una asignación mensual que es suficiente para poder «comprar» todas las cosas básicas que necesitamos: la comida, bebida, ropa, libros, etc. También pagamos con ello el transporte, el agua, la electricidad, internet, etc. Esta asignación es universal e incondicional. Se percibe por el hecho de ser una persona ciudadana de la Biopolis.

Además de la Asignación Ciudadana, las personas que trabajan o tienen un negocio o una actividad económica determinada, o realizan trabajos relacionados con la Intendencia o la Asamblea, etc, perciben ingresos específicos adicionales según un esquema de retribución establecido de manera general para todas las personas de la Biopolis.

Como podéis ver, seguimos utilizando la terminología de comprar, vender, precio, dinero, etc, solo por comodidad y porque de ese modo se facilitó en su día la transición al nuevo modelo, pero en realidad lo que hace la Biopolis es realizar una distribución equitativa de los bienes básicos entre la población, de manera que nadie tenga menos de lo necesario.

Pero esta es solo una de las dos caras de la moneda, porque además del Euro, hemos introducido otro mecanismo muy importante que la gente común hemos acabado llamando los «Codos» por aquello de que están relacionados en parte con los límites de CO2 que podemos emitir.

Cada producto o servicio que podemos adquirir con nuestros euros, ya sea básico o no, tiene asignado también un valor en «Codos», que resumidamente es el valor del impacto ecológico de ese bien o servicio. Cada Biopolis tiene asignado una cantidad total de «Codos» en función de diversos parámetros, como son la población, las cosas que produce y la forma de hacerlo, o lo que hace para regenerar su biodiversidad.

Cada persona recibe periódicamente una asignación de «Codos» que va subiendo o bajando en función de lo que consume o lo que hace. Por ejemplo si cultiva un pequeño huerto urbano recibe «Codos» adicionales, y cuando compra cualquier cosa, se le descuentan los «Codos» que se han estimado para ese bien.

En definitiva, para adquirir lo que necesitas o lo que quieres, has de disponer de Euros y de Codos. Todas las personas por el hecho de ser ciudadanas disponen de los Euros y los Codos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y a partir de ahí, cada persona puede obtener más Euros y Codos según su actividad, teniendo en cuenta que los Codos están limitados a la cantidad asignada al conjunto de la Biopolis. De este modo se garantiza que la economía se mantiene siempre en los límites ecológicos y de cobertura de las necesidades básicas.

Un par de cuestiones relevantes al respecto del dinero que siguen siendo muy sorprendentes para quienes venimos de la época de los pelotazos financieros: quien tiene Euros o Codos de sobra, puede prestarlos a otras personas, pero no puede cobrar intereses por ello, por lo que ha desaparecido toda la parte puramente financiera relacionada con el dinero ya que en este nuevo sistema es totalmente innecesaria. Y por otro lado, hay que destacar que existe un límite a la acumulación de Euros, por lo que una vez alcanzado ese límite, se suspende la percepción de la Asignación Ciudadana así como del resto de retribuciones que tenga dicha persona. De todos modos, en este sistema la acumulación de dinero no reporta el más mínimo beneficio, por lo que apenas se produce.

La tecnología, en especial la IA está siendo una herramienta fundamental para poder concretar todo este sistema y hacerlo sencillo y operativo para quienes lo usan, por lo que mantenerlo en funcionamiento es una de las cuestiones básicas que debe cubrir la Biopolis.

En siguientes publicaciones seguiré explicándoos como funcionan las cosas en este 2046 y como siempre os recuerdo, la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

Biopolis Cantábrica, año 2046

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9 de mayo de 2046, hoy hace exactamente 40 años que comencé a escribir este blog, así que aprovechando esta fecha tan redonda, voy a iniciar una serie de publicaciones contando cómo es el mundo actual en el que vivimos, porque no se parece mucho al que había al inicio de este blog y estoy convencido de que resultará de gran interés conocer los cambios que se han producido.

Antes de que todo cambiase recuerdo que había una especie de frase que decía algo así como que éramos más capaces de imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, y efectivamente parecía que lo que teníamos entonces era lo único posible, o en todo caso versiones aún peores y más malvadas. Afortunadamente sí que fuimos capaces, no solo de imaginar, sino de construir una manera diferente de organizarnos y de convivir en sociedad, y es lo que quiero contaros en esta nueva etapa del blog.

Los acontecimientos históricos que nos han llevado al punto en el que estamos ahora son ya conocidos así que no me voy a centrar en ellos, sino en detallar lo que me parece más interesante de cómo es ahora, en 2046, la vida, la sociedad, la política, etc.

A mis 76 años, es todo tan diferente hoy en día que a veces hasta a mí se me hace dificil de creer, pero empecemos por lo básico: sigo viviendo en mi apartamento de siempre en Getxo, aunque ahora ya no existe lo que antes era el municipio de Getxo porque toda la estructura basada en municipios, provincias, comunidades autonómicas y estados se desmontó hace ya unos cuantos años, a la vista de que no se adecuaba a las necesidades actuales de la ciudadanía.

La antigua Unión Europea es ahora, en su mayor parte, la Comunidad Biopolita Europea (CBE). Se desmontaron los Estados y sus anquilosadas estructuras y se constituyó una red regiones denominadas Biopolis, cada una de las cuales incluye un área que abarca una población de entre unos diez a quince millones de personas y un territorio que tiene recursos naturales suficientes para proveer de agua, alimentación y energía a todos sus habitantes de manera autónoma.

Nosotros vivimos en la «Biopolis Cantábrica» que abarca lo que antes era la zona norte de Portugal, Galicia, Asturias, León, zona norte de Burgos, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Pirineos Atlanticos, Landas y parte de la Gironda. Básicamente es la zona de la costa Atlántica norte desde el Duero hasta el Garona.

A nuestro alrededor tenemos las Biopolis de Carpetania, Guadalquivia, Fontiberia y Armagnac siendo en total 48 las que componen la CBE.

Cada Biopolis y la CBE en su conjunto, garantiza a cada persona ciudadana los medios básicos para su vida: agua, alimento, alojamiento, ropa, energía, educación, sanidad, cuidados, transporte, justicia y cultura. La producción de todos estos bienes y servicios se hace de manera comunitaria y planificada, atendiendo por un lado a la cobertura de las necesidades de la población y por otro lado a poder hacerlo con el consumo de recursos que garantiza el equilibrio ecológico global. Ya no se produce con el objetivo de obtener beneficio para el capital, sino con el de cubrir las necesidades básicas y hacerlo sin sobrepasar los límites ecológicos, y cada persona que vive en la Biopolis contribuye a ello con su trabajo, en función de sus posibilidades y de sus preferencias.

En definitiva la economía se basa en lo que antaño se empezó denominando la «Economía de la Rosquilla»: el sistema ha de garantizar la cobertura de las necesidades básicas y que no se sobrepasan los limites ecológicos. Entre ambos límites es donde se juega «el partido».

Es decir, dentro de esos dos límites, la economía es totalmente libre y se ofertan diversidad de productos y servicios, más allá de los básicos y eso conlleva ciertos grados de diferencia entre la ciudadanía, pero siempre de manera que nadie quede por debajo de la cobertura de sus necesidades básicas ni por encima de lo que sea ecológicamente soportable.

Cada Biopolis tiene sus propias particularidades pero todas ellas se gobiernan con un sistema basado en la transparencia, la participación y la responsabilidad.

En la Biopolis se diferencia claramente el ámbito en el cual se toman las decisiones y aquel en el que se han de ejecutar dichas decisiones. El primero se compone de la Asamblea Ciudadana y de la Junta de Garantías Ecosociales. La Asamblea Ciudadana la componen 100 personas elegidas por sorteo y que representan fielmente la diversidad social de la Biopolis. Se sortean anualmente y se encargan de tomar las decisiones asegurando que son beneficiosas para la comunidad. Para adoptar cualquier decisión, esta debe tener menos de un 25% de rechazo de la Asamblea.

La Junta de Garantías Ecosociales está compuesta por otras 100 personas, seleccionadas también por sorteo, pero en este caso solo entre aquellas personas que cumplen unos determinados requisitos de conocimiento y experiencia que se han prefijado por parte de la Asamblea. Es una especie de consejo de personas sabias, en su mayor parte personas con saberes en ciencias, tecnologías, leyes, etc. La Junta de Garantías tiene la función de analizar cada decisión adoptada por la Asamblea y asegurar que lo acordado no implica sobrepasar los límites ecológicos ni dejar a parte de la comunidad sin la cobertura de sus necesidades básicas. Si un 35% de los miembros de la Junta consideran que una decisión de la Asamblea sobrepasa esos límites, la pueden vetar y devolver con las oportunas sugerencias para una nueva deliberación.

Además de la Asamblea Ciudadana y la Junta de Garantías Ecosociales, existen lo que denominamos los procesos consultivos, que pueden ser a su vez decisorios o deliberativos. Los pueden convocar la Asamblea Ciudadana a su criterio y tienen diferente objetivo según el tipo: los deliberativos tienen por objeto consultar a la Biopolis sobre posibles soluciones a una cuestión sobre la que esté trabajando la Asamblea. En este caso el proceso se desarrolla mediante sesiones de formación y de proposición de ideas que se realizan en las Comunidades de Base (a las que llamamos «Combas» de manera coloquial) y que son comunidades de unas 150 personas que se utilizan para la educación cívica, formación para la comunidad, apoyo mutuo, etc. Los resultados de los debates en las «Combas» se recopilan y se remiten a la Asamblea para que las tenga en consideración.

En el caso de las Consultas decisorias, la Asamblea lo que solicita a la ciudadanía es una opinión sobre una propuesta concreta. Dicha propuesta es enviada a todas las personas y se realizan exposiciones y debates en las «Combas», para finalmente procederse a una votación digital en la que cada persona indica si está de acuerdo con la propuesta, si no está totalmente de acuerdo pero puede aceptar que salga adelante o si está totalmente en contra y quiere ejercer el veto contra la misma. El resultado es tomado en consideración por la Asamblea, y en especial si tiene más de un 25% de vetos.

Para la estructura ejecutiva denominada Intendencia General, se utiliza un sistema que combina la meritocracia, la elección y el sorteo: Para formar parte de la Intendencia, hay que cumplir una serie de requisitos de conocimiento y experiencia. Las personas que cumplen dichos requisitos, pueden presentarse si quieren a los distintos puestos de la Intendencia y toda la ciudadanía vota cada dos años a un máximo de 10 personas para cada puesto. Para la elección final de la persona que desempeñará el puesto, se realiza un sorteo entre las 5 personas que más votos han recibido.

Por otro lado, toda la estructura de personal profesional que se requiere para el funcionamiento de la Intendencia General (lo que antes era la administración pública, el funcionariado), se selecciona mediante un sistema que también combina meritocracia y sorteo.

El objetivo último de todos estos mecanismos es garantizar que las decisiones que toma la Biopolis tienen amplísimo respaldo social, no sobrepasan los limites establecidos y son llevadas a cabo de manera profesional y en beneficio del conjunto de la comunidad.

En próximas publicaciones os contaré cómo funciona todo el tema del trabajo, de la vivienda, del dinero, los viajes, y todo lo que queráis saber, y recordad que la realidad existió primero en la imaginación y el deseo.

Las comunidades de vecinos descubren una vía para reformar sin derramas imposibles.

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No es raro que una comunidad de vecinos se enfrente a una obra importante: rehabilitación de la fachada, instalación de ascensor, mejora de eficiencia energética… Lo que sí es raro es que todas las personas propietarias tengan liquidez suficiente y al mismo tiempo para afrontarla. Y ahí es donde entra en juego una opción no muy conocida, pero que resulta cada vez más atractiva: la financiación bancaria específica para comunidades de propietarios.

A diferencia de un préstamo personal o de una derrama ordinaria, este tipo de financiación está dirigida a la comunidad como ente jurídico. No se exige ningún aval personal por parte de los vecinos, ni hipotecas cruzadas, ni garantías individuales. Es la propia comunidad quien contrata el préstamo, y eso está amparado legalmente. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 22, ya deja claro que, en caso de impago, responde la comunidad con su patrimonio y, en segunda instancia, el propietario moroso. Pero el resto de vecinos y vecinas cumplidoras no tienen por qué temer: no responden con sus bienes ni el banco les puede reclamar directamente lo que no deben.

Para poder acceder a esta financiación, normalmente basta con el acuerdo de las tres quintas partes del total de personas propietarias —y cuotas de participación— en una junta debidamente convocada. No se necesita unanimidad, lo cual facilita mucho la toma de decisiones, sobre todo cuando hay urgencias como las que provocan los informes de inspección técnica de edificios (ITE) o las nuevas exigencias normativas en eficiencia energética.

Los bancos han empezado a ver el potencial de este tipo de préstamos, y lo están traduciendo en condiciones muy favorables. En estos momentos, es posible obtener financiación a 12 años, con hasta 2 de carencia, a tipos fijos por debajo del 4% y sin comisiones de apertura, cancelación ni estudio. Para una comunidad que tiene que afrontar un gasto elevado, esto no solo representa oxígeno financiero, sino también un modo inteligente de distribuir el esfuerzo económico entre las personas propietarias, haciéndolo más llevadero.

Además, esta opción puede marcar la diferencia entre realizar una obra de calidad con empresas solventes o verse obligado a aplazarla —con el consiguiente deterioro del edificio— o, peor aún, tener que hacerla con lo justo, comprometiendo el resultado a largo plazo. En ciudades como las nuestras, donde el parque de viviendas envejece y la accesibilidad o la eficiencia energética ya no son lujos, sino obligaciones, contar con una vía de financiación clara y asumible resulta vital.

Esta vía también puede resultar muy útil cuando parte de la obra se va a sufragar con una subvención, pero la cual normalmente se recibe mucho después de que la comunidad haya tenido que realizar los pagos a los contratistas. Un préstamo comunitario puede permitir, por un coste bajo, equilibrar la liquidez de la comunidad sin recurrir a derramas extraordinarias.

La financiación bancaria para comunidades de vecinos no es solo una herramienta práctica; es una forma de proteger el valor del inmueble, la convivencia en el edificio y, sobre todo, la tranquilidad de las personas que en ella viven. La clave está en conocer bien las condiciones, asesorarse legalmente y tomar la decisión como comunidad, sin miedos ni falsas creencias.

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Facturar desde Bizkaia al mundo: lo que toda persona autónoma debe saber sobre IVA e IRPF.

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Cuando Andrea decidió establecer su actividad como consultora estratégica en Bilbao, no imaginaba que una parte sustancial de su tiempo estaría dedicada a descifrar los entresijos fiscales. No por falta de ganas ni de disciplina, sino porque en Bizkaia —como en el resto de territorios forales— las normas fiscales tienen su propia letra pequeña. Literalmente.

Andrea tributa en Bizkaia, lo que significa que sus obligaciones fiscales no se rigen por la normativa estatal general, sino por la legislación propia de la Hacienda Foral. Aunque muchos principios coinciden con los del régimen común, los detalles marcan la diferencia. Especialmente cuando se trata de emitir facturas a clientes de distintas partes del mundo.

Empecemos por lo básico. Cuando Andrea factura a una empresa ubicada en el Estado, debe aplicar el 21% de IVA conforme a la normativa del Territorio Histórico. Además, si su cliente también es una persona física o jurídica sujeta a IRPF en el Estado, ha de practicar una retención del 15% sobre la base imponible, siempre y cuando se trate de una actividad profesional sujeta a esa obligación. Todo esto, bien detallado en la factura: base, retención, IVA y total.

Ahora bien, cuando el cliente está en otro país de la Unión Europea, el escenario cambia. Si ese cliente es una empresa con NIF intracomunitario y la operación se encuadra dentro del marco de “prestación de servicios intracomunitaria”, no se aplica IVA. Así lo establece la normativa foral, en línea con la directiva europea, siempre que Andrea esté dada de alta en el censo VIES y la operación esté correctamente documentada. Y no, tampoco se aplica retención de IRPF. En la factura debe figurar una mención del tipo: “Operación intracomunitaria exenta según el artículo 25 NF”.

Y si el cliente está fuera de la UE, la cosa no se complica, pero sí exige atención. En estos casos, los servicios se consideran exportaciones y también están exentos de IVA. Tampoco hay IRPF que aplicar. La exención viene determinada por el artículo 21 NF, lo cual habrá de quedar igualmente especificado en la factura. Lo recomendable es también conservar pruebas de la residencia fiscal del cliente, como una declaración de su condición o el propio contrato.

Lo que a Andrea le ha evitado más de una noche en vela ha sido el programa gratuito de facturación que ofrece la Diputación Foral de Bizkaia. Esta herramienta, diseñada para cumplir con las obligaciones del sistema TicketBAI, permite adaptar la factura con bastante flexibilidad: cambiar el idioma de los conceptos al inglés —muy útil si el cliente está en Dublín o en Toronto— y facturar en diferentes monedas, algo crucial si el contrato se pacta en dólares o libras.

Además, el software está pensado específicamente para cumplir con la normativa foral, algo que a menudo se pasa por alto cuando se usan programas genéricos. En un entorno donde los errores pueden salir caros y el papeleo abunda, contar con un sistema que entienda la lógica fiscal de Bizkaia es casi un acto de supervivencia.

Una buena herramienta no sustituye al conocimiento, pero ayuda. Y Andrea además cuenta con el asesoramiento de Euskoasesores, así que ya no le teme a los clientes internacionales. Sabe que su propuesta de valor no tiene fronteras… y que su facturación, por suerte, tampoco.

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Lo que debes saber para cumplir la nueva normativa de prevención si tienes personas contratadas en casa.

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Hasta hace no tanto, la idea de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del hogar parecía lejana, casi imposible. Pero los tiempos cambian, y afortunadamente también lo hacen las leyes, especialmente cuando lo que está en juego es la dignidad y seguridad de miles de personas que trabajan en los hogares ajenos cuidando, limpiando o cocinando. Ahora, quienes ya tengan o contraten personal doméstico deberán cumplir nuevas obligaciones en esta materia. Vamos a ver con claridad qué implican, cómo se deben cumplir y qué consecuencias puede tener ignorarlas.

¿Qué dice la nueva normativa?

El punto de partida está en una reforma legal introducida en 2024 en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una disposición adicional vigesimoprimera. Esta disposición viene a decir, de forma clara, que la prevención también aplica al Sistema Especial para Empleados y Empleadas del Hogar, equiparándolo progresivamente con el resto de sectores.

Así se da cumplimiento a una demanda histórica del colectivo, respaldada por sentencias del TJUE y recomendaciones internacionales, que reconocen que la exclusión de este ámbito laboral de ciertos derechos era una forma de discriminación indirecta, especialmente grave teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las personas afectadas son mujeres y muchas, además, migrantes.

Obligaciones concretas para los empleadores

Estas son, desglosadas, las nuevas obligaciones principales que deberán asumir las personas empleadoras:

Evaluación de riesgos del puesto de trabajo: A partir de ahora, las personas que emplean a trabajadores y trabajadoras del hogar deben realizar una evaluación de riesgos laborales en el domicilio. Esta evaluación debe identificar los posibles riesgos asociados a las tareas domésticas y establecer medidas preventivas para mitigarlos. El proceso debe completarse antes del 14 de noviembre de 2025, y el informe resultante debe conservarse y entregarse a la persona trabajadora. Para cumplir esta obligación, el Gobierno ha implementado en Prevención10.es una plataforma en línea que guía a las personas empleadoras a través de un cuestionario para evaluar los riesgos laborales en el hogar. La herramienta genera un informe personalizado que incluye:

  • Identificación de riesgos específicos en el domicilio.
  • Medidas preventivas recomendadas.
  • Materiales informativos para la persona trabajadora.
  • Registro de fechas de implementación y seguimiento de medidas.

Además, la plataforma ofrece recursos adicionales y un servicio de atención telefónica gratuito para resolver dudas: 913 63 43 00, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Una vez realizada la evaluación, las personas empleadoras deben implementar las medidas preventivas necesarias, como proporcionar equipos de protección adecuados y garantizar condiciones de trabajo seguras. También deben informar a la persona trabajadora sobre los riesgos identificados y las medidas adoptadas.

Formación en prevención de riesgos: Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a recibir formación en prevención de riesgos laborales. Esta formación será única, incluso si prestan servicios para varias personas empleadoras, y se centrará en los riesgos asociados a las tareas del hogar. La formación se impartirá preferentemente durante la jornada laboral o, si no es posible, fuera de ella con la correspondiente compensación en tiempo de descanso. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) gestionarán esta formación a través de una plataforma en línea.

Protocolo frente a violencia y acoso: El INSST elaborará, antes del 10 de septiembre de 2025, un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar. Este protocolo establecerá procedimientos claros para enfrentar situaciones de violencia, acoso sexual y acoso por razón de origen racial o étnico, nacionalidad, sexo, identidad u orientación sexual o expresión de género.

Vigilancia de la salud y reconocimientos médicos: Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a reconocimientos médicos periódicos y gratuitos, realizados al menos cada tres años, salvo que por indicación médica se establezca una periodicidad más corta. Estos reconocimientos se realizarán dentro del Sistema Nacional de Salud y requerirán el consentimiento de la persona trabajadora.

Derecho a interrumpir la actividad en caso de riesgo grave: Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a interrumpir su actividad si consideran que están enfrentando un riesgo grave e inminente para su salud o integridad física. En ningún caso podrán ser objeto de represalias por parte de las personas empleadoras por ejercer este derecho.

¿Y si no se cumple?

El incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, especialmente si se produce un accidente y se demuestra que no se han adoptado las medidas adecuadas. También podría haber consecuencias civiles o incluso penales si se demuestra una negligencia grave por parte del empleador.

Más allá del marco sancionador, cumplir con esta obligación es una manera de profesionalizar la relación laboral, de prevenir conflictos, y sobre todo de valorar adecuadamente el trabajo que muchas personas realizan en el ámbito doméstico, normalmente sin apenas reconocimiento ni garantías.

Una oportunidad para dignificar el empleo del hogar

Asumir estas obligaciones no va a suponer una carga burocrática más, ni supondrá un coste añadido para las personas empleadoras, sino que será una oportunidad de dar un paso hacia la normalización del trabajo doméstico como lo que es: un empleo con todas las letras. Ya no vale eso de “es solo una ayuda unas horas a la semana”. Si hay un contrato laboral, hay derechos. Y si hay derechos, también debe haber condiciones seguras, prevención y responsabilidad.

Cumplir con estas medidas no requiere conocimientos técnicos ni inversiones, pero sí una actitud consciente y comprometida con las personas que trabajan para sostener la vida cotidiana de los demás. Como siempre, contar con un asesoramiento profesional que nos guíe en el cumplimiento de las obligaciones legales, será la mejor garantía de que evitaremos problemas futuros.

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