A estas alturas estoy seguro de que ya conocéis las medidas de choque que ha presentado el Gobierno de España para favorecer el alquiler, pero os las resumo en cuatro ideas:

• Subvención directa de 210 € mensuales al alquiler para jóvenes de 22 a 30 años y con ingresos brutos de hasta 22.000€
• Préstamo de 600€ para la fianza.
• Aval de 6 meses con la garantía del Gobierno.
• Equiparación de las deducciones fiscales del inquilino y del comprador de una vivienda.

Roberto Cacho (Director del Programa de movilización de vivienda vacía Bizigune) y Javier Burón (Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco) ya se han pronunciado sobre estas medidas en sus respectivos blogs, y aunque estoy básicamente de acuerdo con sus opiniones, quisiera aportar alguna reflexión adicional.

Estoy intentando hacer memoria y ahora mismo no caigo en ningún otro caso en el que desde el gobierno se de una subvención directa para que un colectivo pueda acceder a un bien de primera necesidad sin que el precio de ese bien no esté tasado, regulado, intervenido o lo que sea.

No estoy en contra de la subvención ya que en muchas ocasiones es la única manera real, efectiva y rápida de conseguir una redistribución de renta y que determinadas personas que con sus propios ingresos no serían capaces de hacerlo, puedan acceder a bienes o servicios de primera necesidad.

Pero si eso se hace, como en este caso, sin poner un tope al precio del bien subvencionado, el efecto redistributivo de la renta se invierte completamente ya que la subvención se convierte en muy poco tiempo en un mayor precio.

Esto es algo que está comprobado ya hace muchísimo tiempo y en el mercado de la vivienda tiene exactamente el mismo efecto que ya hemos comentado en otras ocasiones de las deducciones fiscales y del estiramiento de los plazos de las hipotecas, es decir, incrementar los precios.

Yo creo que el Gobierno aún está a tiempo y puede resolverlo fácilmente introduciendo un requisito más para la concesión de la ayuda: que el alquiler que se paga no sea superior a 600 o 700 euros, por ejemplo. Sería mucho más efectivo si se interviniesen esos arrendamientos pero al menos con esta pequeña modificación se podrían evitar la mayor parte de los efectos perniciosos de la medida. Pero supongo que a estas alturas ya no van a cambiar de opinión.

¿Significa esto que el Gobierno quiere que los alquileres suban? No, evidentemente no. La medida tendrá un efecto en el corto plazo que permitirá que algunos miles de personas les cueste un poco menos su alquiler y supongo que es eso lo que se busca, una medida de efecto inmediato, pero a medio y largo plazo (y ójala me equivoque) todo indica que será contraproducente.

Es una pena que las medidas que de verdad pueden significar un cambio estructural y a largo plazo no tengan concreción alguna y se queden, al menos de momento, en una especie de buenas intenciones. Me refiero a medidas como el desarrollo del derecho de superficie en lugar de la venta en plena propiedad, el incremento del suelo público para alquiler y las ventajas fiscales y financieras para promotores de vivienda pública en alquiler, que es lo que los promotores públicos de vivienda le estamos demandando al ministerio.