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Contrato cívico electoral para las generales de 2027 “No pasarán!”

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De una parte, la ciudadanía progresista de este país: trabajadoras y trabajadores, pensionistas, jóvenes condenados a pagar alquileres imposibles, familias que sostienen los cuidados, profesionales de la sanidad y la educación públicas, autónomos, cooperativistas, gente que sí que madruga y que sí que paga sus impuestos, que espera una cita médica, que mira el recibo de la luz, que sabe lo que cuesta llenar la nevera y que ha visto demasiadas veces cómo sus esperanzas acababan trituradas entre cálculos electorales, promesas rebajadas y guerras internas. Una ciudadanía que no olvida que en los últimos años hubo avances importantes arrancados desde la política progresista y desde la presión social. Una ciudadanía cansada, sí, y desilusionada muchas veces, pero no vencida e igualmente consciente de que ningún avance queda garantizado para siempre si se abandona la vigilancia democrática. A los efectos de este contrato será denominada, sin un ápice de superioridad moral pero con todo el respeto político, la buena gente.

Y de otra parte, los partidos políticos, coaliciones, confluencias, mareas, movimientos, plataformas y organizaciones progresistas que aspiran a representar a esa ciudadanía, sabiendo que la representación no se hereda ni se presume, sino que se gana cada día con decencia, utilidad pública, valentía y capacidad de acuerdo. Partidos que han cometido errores, que han decepcionado, que han confundido demasiadas veces el interés general con la supervivencia de sus siglas, pero que también han demostrado, cuando han actuado con ambición y acuerdo, que la política puede mejorar la vida material de millones de personas. Sería mezquino negar los aciertos: hubo leyes, reformas y decisiones que protegieron salarios, empleos, pensiones, derechos y libertades, y precisamente porque esos avances existen resulta más grave cualquier tentación de conformarse, dividirse o administrar lo logrado como si bastara para resistir la ofensiva reaccionaria. En adelante serán denominados los partidos decentes, expresión que no constituye un título honorífico, sino una obligación que será sometida a prueba.

Ambas partes se reconocen mutuamente la necesidad de comparecer ante este contrato cívico-electoral, porque hay momentos en los que la política deja de ser una competición ordinaria y se convierte en una línea de defensa. Y, en virtud de ello,

Manifiestan

I. Que la derecha ultra española, hoy articulada en torno al Partido Popular y Vox, ha asumido una estrategia de ofensiva total contra el bloque democrático y progresista, utilizando todos los instrumentos a su alcance, tanto políticos, mediáticos, judiciales, policiales e institucionales. Una estrategia resumida en la idea de «el que pueda hacer que haga«, y cuyo objetivo es derribar al Gobierno actual liderado por el Presidente Pedro Sanchez, destruir políticamente a los dirigentes de los partidos que lo sustentan y con ello impedir por décadas la existencia de nuevos gobiernos progresistas.

II. Que dicha derecha no se limita a proponer una alternancia conservadora, legítima en cualquier democracia, sino que amenaza abiertamente con un programa de restauración reaccionaria: recorte de derechos laborales y sociales, desprecio hacia las políticas feministas, ataque a la memoria democrática, privatización y deterioro de los servicios públicos, criminalización de las personas migrantes, negacionismo climático, rebaja fiscal para quienes más tienen y subordinación internacional a liderazgos autoritarios y belicistas que han hecho de la crueldad una forma de gobierno.

III. Que la estrategia de esta derecha ultra para alcanzar el Gobierno de España se basa en la desmovilización de la buena gente. Dado que no pueden conseguir nuestro voto, tratan por todos los medios de que nos quedemos en nuestra casa el día de las elecciones y para ello utilizan todos los medios a su alcance, incluidos la mentira, la manipulación, la guerra sucia contra los partidos decentes, la financiación ilegal, la agresión y el acoso permanente a las personas que están en primera línea.

IV. Que sería injusto, y políticamente torpe, ignorar que en este periodo se han aprobado medidas que mejoraron la vida de mucha gente: el salario mínimo, la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital, la revalorización de las pensiones, las leyes como la de eutanasia, la de derechos de las personas trans y LGTBI, la de vivienda o la de cambio climático y transición energética, con todos los límites, retrasos y conflictos que se quieran señalar, pero también con una dirección política reconocible: ampliar derechos, proteger rentas, reforzar ciudadanía y abrir camino frente a décadas de resignación neoliberal. La buena gente no firma este contrato porque nada haya servido, sino precisamente porque lo que ha servido puede perderse, y porque lo que falta por hacer es demasiado importante como para dejarlo en manos de la inercia, el tacticismo o la pelea pequeña.

V. Que, reconocido todo lo anterior, los partidos decentes no han estado siempre a la altura de lo que estaba en juego. Han confundido demasiadas veces la diferencia política con el fratricidio, la negociación con el chantaje, la prudencia con la cobardía, la comunicación con la propaganda y la gestión institucional con la renuncia a transformar la realidad. Y han tolerado, en ocasiones, comportamientos personales o colectivos incompatibles con la ejemplaridad mínima que se exige a quien pide confianza pública.

VI. Que en este contexto las elecciones generales de 2027 no pueden ser tratadas como una cita electoral más, porque en ellas se decidirá algo más profundo que la composición de un gobierno. Se decidirá si España avanza hacia una democracia social más robusta, capaz de proteger derechos, repartir poder y riqueza y cuidar lo común, o si entra en una etapa de demolición planificada donde cada conquista será presentada como un privilegio, cada servicio público como un gasto excesivo e inasumible y cada voz disidente como enemiga de la patria.

VII. Que, por todo ello, la buena gente y los partidos decentes acuerdan impulsar una estrategia común bajo el lema “No pasarán!”, no como consigna vacía ni como nostalgia ornamental, sino como recordatorio de que hubo generaciones que pagaron con cárcel, exilio, hambre y muerte el precio de defender la libertad, y de que sería una obscenidad histórica entregar ahora sus conquistas por pura pereza, por vanidad, por cálculo de aparato o por cansancio moral.

Y, en consecuencia, ambas partes suscriben los siguientes

Acuerdos

Primero. Los partidos decentes diseñarán toda su estrategia electoral con un objetivo prioritario: movilizar hasta el último voto democrático, social, feminista, ecologista, laboral y antifascista disponible. Cada partido podrá pedir el voto para sí mismo, defender su programa y reivindicar su trayectoria, pero ninguna campaña podrá construirse sobre la desmovilización del electorado progresista ni sobre la destrucción del resto de fuerzas llamadas a impedir un gobierno de PP y Vox. Toda apelación al voto útil, al voto auténtico o al voto imprescindible deberá subordinarse a una regla superior: ningún voto de la buena gente debe quedarse en casa.

Segundo. Los partidos decentes se comprometen a hacer campaña a favor de sus propuestas y contra el proyecto reaccionario de PP y Vox, nunca contra la legitimidad democrática del resto de partidos decentes. Quien dedique más energía a destruir al aliado posible que a frenar a la derecha ultra estará trabajando, lo admita o no, para que la derecha ultra gobierne, y será considerado un traidor a la buena gente.

Tercero. Los partidos decentes se comprometen públicamente, antes de la campaña, durante la campaña y después de la noche electoral, a no facilitar por acción, omisión, abstención táctica, cálculo negociador ni bloqueo parlamentario la llegada de PP y Vox al Gobierno de España. Este compromiso deberá figurar de manera clara en sus programas, intervenciones públicas, documentos de campaña y declaraciones postelectorales. La ambigüedad en este punto no será entendido como prudencia sino como pura y simple irresponsabilidad.

Cuarto. Los partidos decentes se comprometen a votar favorablemente la investidura de la candidata o candidato del partido decente que obtenga mayor número de votos entre las fuerzas firmantes, sin convertir esa primera votación en un mercado de vetos, ultimátums o humillaciones públicas. La negociación programática tendrá lugar a partir del día siguiente a la investidura, con luz, taquígrafos y respeto a las mayorías parlamentarias, pero la primera obligación será impedir que la derecha ultra utilice las divisiones progresistas como palanca para hacerse con el poder.

Quinto. La buena gente se compromete a votar el día señalado para las elecciones generales, presencialmente o por correo, al partido decente que considere más adecuado según sus convicciones. No se admitirán como excusa la apatía, el desencanto, el “todos son iguales”, el “nada va a cambiar” ni la tentación cómoda de mirar el desastre desde la barrera para luego recriminar con el «disfruten lo votado». La abstención puede parecer un castigo dirigido a quienes decepcionaron, pero en una elección decisiva es un regalo para quienes quieren gobernar contra la mayoría social. Nadie que se considere buena gente tendrá justificación para no votar.

Sexto. A partir del día siguiente de la investidura, la actuación de los partidos decentes quedará sometida a cuatro obligaciones materiales, comprensibles para cualquier ciudadano sin necesidad de traductores tecnocráticos:

  • Impedir cualquier retroceso, rebaja, disminución o depreciación de los derechos y libertades existentes. En la medida que las mayorías y los acuerdos lo permitan, tratarán de aprobar reformas que las amplíen y extiendan.
  • Impedir la privatización, desmantelamiento, empobrecimiento o empeoramiento de los servicios públicos, y en la medida de lo posible ampliarlos, mejorarlos y republificarlos.
  • Impedir el aumento de la injusticia y la desigualdad social, y en la medida de lo posible reducirla.
  • Perseguir, detectar y eliminar cualquier tipo de actuación que implique corrupción en sus organizaciones o cargos públicos.

Séptimo. Para evitar que este contrato se convierta en literatura electoral, el cumplimiento de esas obligaciones deberá medirse mediante los siguientes indicadores públicos, auditables, comprensibles y publicados semestralmente.

  • Indicador de Garantía y Ampliación de Derechos (nuevo): será diseñado, calculado y presentado por el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la UC3M, en consorcio con la Plataforma del Tercer Sector y con el Defensor del Pueblo como garante institucional independiente.
  • Índice de Fortalecimiento de los Servicios Públicos (nuevo): AIReF como auditora externa, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas como responsable metodológica, y el INE/IGAE como garantes estadísticos.
  • Tasa AROPE infantil, medida anualmente, y especialmente en los hogares del 40% inferior de renta (existente): es el indicador que mejor mide la evolución de la desigualdad social y está gestionado por la UE y en España por el INE.
  • Índice de Respuesta Anticorrupción Efectiva (nuevo): gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con apoyo técnico de OIReScon, Tribunal de Cuentas, universidades y entidades anticorrupción independientes.

El objetivo mínimo de todos ellos es que no disminuyan y el deseado es que mejoren en 4 puntos al finalizar la legislatura.

Octavo. Se producirán comparecencias periódicas de cumplimiento de este contrato, tanto a nivel parlamentario como territorial. Dichas comparecencias no podrán reducirse a propaganda ni a argumentarios de partido. Deberán incluir datos, compromisos pendientes, obstáculos encontrados, responsabilidades asumidas y calendario de actuación.

Noveno. Si al final de la legislatura los indicadores pactados no muestran el cumplimiento mínimo requerido, los miembros del Gobierno pertenecientes a los partidos decentes asumirán responsabilidad política directa y renunciarán a repetir en el cargo institucional en la siguiente legislatura. Del mismo modo, las Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores de los partidos decentes renunciarán a presentarse de nuevo, dejando paso a otras personas dispuestas a cumplir realmente los acuerdos que firmen.

Décimo. Este contrato no elimina las diferencias entre las fuerzas progresistas, ni pretende fundirlas en una sopa tibia donde todo se confunda. La pluralidad es necesaria, aunque sea incómoda. Hay debates legítimos sobre fiscalidad, vivienda, trabajo, energía, feminismo, modelo territorial, política internacional, transición ecológica o memoria democrática. Pero ninguna diferencia justifica entregar el país a quienes quieren suprimir derechos, abaratar el despido, perseguir al migrante, negar la violencia machista, privatizar lo común y llamar libertad al privilegio de quienes ya tienen demasiado.

Undécimo. La consigna común de esta estrategia será “No pasarán!”, que deberá acompañar, sin sustituir, los lemas particulares de cada partido decente. No será un adorno gráfico ni una frase para camisetas. Será una advertencia democrática y una obligación moral.

Y para que conste, ambas partes suscriben este contrato cívico-electoral con plena conciencia de que votar no basta, pero también de que no votar puede ser suficiente para perderlo todo; de que la democracia no se defiende sola; de que los derechos no se conservan por inercia y de que la historia no perdona eternamente a quienes, pudiendo cerrar el paso al autoritarismo, prefirieron discutir el tamaño de su pancarta mientras el enemigo cruzaba la puerta.

(Nota: este post lo publiqué originalmente en Meneame)

Foto de OSKAR MATXIN EDESA / FOCUS

Manual vasco de bienvenida policial

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En la sala de briefing, todavía con el eco de Loiu pegado a las botas, el mando de guardia tomó la palabra para felicitar al operativo por la brillante ejecución del recibimiento institucional dispensado a los activistas de la flotilla solidaria con Palestina.

Habían llegado al aeropuerto después de ser interceptados por Israel en aguas internacionales, secuestrados, maltratados, humillados y devueltos a casa con el cuerpo hecho un parte de lesiones pero con la dignidad intacta, cosa esta última que siempre incomoda mucho a determinados uniformes. Por suerte, allí estaba la Ertzaintza para completar la experiencia pedagógica: en Euskadi también sabemos convertir un abrazo en un problema de orden público.

El mando, visiblemente emocionado, destacó la serenidad con la que los agentes habían sabido identificar la amenaza principal: familiares esperando, amigos aplaudiendo, gente con banderas palestinas y ese peligrosísimo artefacto político conocido como alegría colectiva. No era una situación fácil. Cualquier otro cuerpo policial menor se hubiera dejado confundir por el llanto de una madre, por el abrazo de un compañero o por la torpeza humana de quien vuelve de una experiencia traumática. La Ertzaintza, siempre tan profesional, no cayó en sentimentalismos.

El informe preliminar fue recibido con aplausos. Se subrayó, con especial orgullo, que la intervención había mantenido intacta la tradición más noble del cuerpo: cuidar al pueblo evitando que el pueblo se desmande en actividades tan radicales como abrazarse sin autorización. La palabra «ertzaina», recordó alguien desde el fondo, significa «cuidador del pueblo». Hubo un breve silencio pero el mando resolvió rápidamente la incomodidad con una explicación brillante: cuidar no debe confundirse con proteger; significa recordar al pueblo, con firmeza lumbar, que el espacio público no le pertenece aunque lo pague, lo habite, lo limpie, lo llore y lo defienda. Además ya lo dice el refrán «Quién bien te quiere te hará llorar» y si esa es la medida del amor al pueblo, sin duda la Ertzaintza está en el podium.

El mando hizo entonces una pausa solemne y recordó a los presentes que nada de aquello debía entenderse como una ocurrencia aislada, ni mucho menos como un exceso de entusiasmo aeroportuario. «Compañeros», dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción profesional, «venimos de una larga y honrosa tradición. Hemos aprendido de los mejores. Hemos visto cómo se gestiona un funeral cuando a la gente le da por llorar demasiado junta, cómo se administra un homenaje cuando la memoria amenaza con salirse del relato autorizado, cómo se ordena una plaza cuando las víctimas, los familiares o los vecinos confunden el duelo con un derecho. La Policía Nacional nos abrió camino durante décadas, con esa elegancia suya de quien sabe aprovechar cualquier concentración pacífica para mostrar al pueblo lo que significa una democracia como dios manda. Nosotros, humildemente, hemos sabido estar a la altura del legado y no somos recién llegados al difícil arte de recordar al pueblo que incluso para sufrir conviene pedir permiso»

La reunión avanzó luego hacia asuntos estratégicos. El éxito del operativo de Loiu abría nuevas posibilidades para el modelo vasco de policía. El mando anunció que, vista la eficacia demostrada contra activistas cansados, familiares nerviosos y simpatizantes con pancartas, se activarían misiones de similar dificultad.

La primera consistirá en desplegar una unidad antidisturbios en la parada de autobús de un colegio, donde se ha detectado un grupo de padres y madres peligrosamente organizado en torno a mochilas, tuppers y paraguas. La hipótesis operativa es clara: hoy esperan al autobús, mañana podrían formar una asamblea.

La segunda misión, todavía más delicada, tendrá lugar a la salida de un club de jubilados. Varias abuelas han sido vistas abandonando el local con una actitud sospechosamente coordinada, algunas de ellas armadas con bolsas de la compra, bastones y una capacidad histórica para no tener miedo a un mocoso con porra.

También se estudiará la creación de una unidad especial para bibliotecas municipales. Las bibliotecas, según explicó el responsable de análisis, son espacios de alto riesgo: contienen silencio, memoria, papel y personas que podrían desarrollar pensamiento crítico sin supervisión. Nadie quiere repetir errores. Ya se sabe cómo empiezan estas cosas: primero un libro, luego una pancarta, después una flotilla.

Fuera, la vida seguía con su peligrosa costumbre de juntarse: familias, amistades, vecinos, militantes, personas que creen que Palestina existe, que la solidaridad no es delito y que un aeropuerto no debería convertirse en sucursal menor de la pedagogía del miedo. La Ertzaintza, siempre vigilante, tomó nota. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo puede aparecer otro abrazo solidario sin autorización administrativa previa.

(N.d.A. Todo lo aquí narrado es, por supuesto, una ficción satírica. Cualquier parecido con una policía real que aparezca en aeropuertos, funerales, homenajes, manifestaciones, paradas de autobús, clubes de jubilados o bibliotecas municipales para cuidar al pueblo mediante técnicas de contacto físico no consentido debe atribuirse exclusivamente a la imaginación de quien lo lea)

(N.d.A. 2 Este post fue publicado inicialmente en Meneame.net)

París reivindica en Madrid a Pepe Botella como padre de la libertad española

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La alcaldesa de París aterriza en Madrid para homenajear a José I Bonaparte, “un incomprendido agente de modernidad, mestizaje jurídico y garrafón ilustrado”.

Madrid amaneció ayer con una visita diplomática de alto voltaje: la alcaldesa de París, Marianne Dupont-Lumière, aterrizó en Barajas para reivindicar la figura de José I Bonaparte, popularmente conocido como Pepe Botella, no como invasor impuesto por una potencia extranjera, sino como “visionario de la libertad, la modernidad y el intercambio cultural franco-español”.

El acto, titulado “Celebración por la Evangelización Administrativa y el Mestizaje Napoleónico: Pepe y el Dos de Mayo”, estaba previsto inicialmente en la Catedral de la Almudena, pero fue trasladado a toda prisa al sótano de una franquicia de croissants al no reunir “la totalidad de permisos, vergüenza histórica ni sentido del ridículo”.

“Hay que superar los discursos de odio contra Francia”, declaró Dupont-Lumière, flanqueada por un busto de Napoleón, un mapa de Europa con chinchetas y un PowerPoint titulado La invasión como oportunidad. “Si hoy los españoles conocen el Código Civil, las rotondas y la palabra ‘bistró’, algo le deberán a Pepe Botella”.

La alcaldesa parisina insistió en que la entrada de las tropas napoleónicas en España no debe verse como una ocupación militar, sino como “un proceso de modernización con acompañamiento de artillería”. Según su lectura, los fusilamientos, saqueos, imposiciones dinásticas y represión popular fueron “incidencias logísticas propias de todo hermanamiento cultural ambicioso”.

Pepe Botella, fundador emocional de la España moderna

Durante el homenaje, el compositor francés Nachó Canot, autor del musical La Bayonesa, interpretó varios números de su obra, entre ellos No fue invasión, fue onboarding, Liberté, égalité, batería de cañones y el ya célebre Yo soy español, español, español, pero con administrador francés.

Canot defendió que José I “también fundó España”, o al menos “una España más limpia, racional, geométrica y con menos curas por metro cuadrado”. A continuación, pidió “dejar de juzgar el siglo XIX con ojos del siglo XXI”, aunque curiosamente sí consideró perfectamente aceptable juzgar el siglo XXI con propaganda imperial del siglo XIX.

“Pepe Botella trajo progreso”, añadió. “Otra cosa es que los españoles de entonces, manipulados por el populismo goyesco, prefirieran resistirse a ser liberados a cañonazos”.

Daoiz y Velarde, peligrosos agitadores antieuropeístas

La comitiva francesa también lamentó que figuras como Daoiz, Velarde y Agustina de Aragón sigan siendo celebradas como héroes populares. “En realidad eran activistas de la hispanofobia antifrancesa”, explicó Dupont-Lumière. “Se opusieron a un proyecto cosmopolita que consistía básicamente en poner a un Bonaparte en cada salón del trono europeo”.

Según el argumentario repartido a la prensa, el Dos de Mayo no fue una revuelta contra una ocupación extranjera, sino “un malentendido vecinal provocado por la falta de pedagogía imperial”. La carga de los mamelucos, las ejecuciones del 3 de mayo y el trauma nacional posterior fueron descritos como “momentos de fricción intercultural”.

“Hay que quedarse con lo positivo”, añadió la alcaldesa ficticia. “Francia puso los fusiles; España puso los fusilados. Eso también es mestizaje”.

Los afrancesados: la Malinche de Chamberí

El acto reservó un homenaje especial a los afrancesados, presentados como “mediadores culturales” entre el sable napoleónico y el pueblo español, una especie de versión castiza de la Malinche.

“Sin ellos no habría habido diálogo”, afirmó uno de los ponentes. “Alguien tenía que explicar al pueblo que ser invadido por Francia era, en realidad, una oportunidad de networking continental”.

La organización insistió en que los afrancesados no colaboraron con el ocupante, sino que “facilitaron sinergias administrativas ”. En el folleto del evento se podía leer: “No fueron traidores; fueron consultores de transformación pública antes de que existiera LinkedIn”.

Napoleón como agente de diversidad territorial

La delegación parisina evitó hablar de invasión y prefirió referirse a la Guerra de la Independencia como “un ambicioso proyecto europeo de integración asimétrica”. Napoleón, según la ponencia principal, no pretendía someter España, sino “abrirla al mundo”, concretamente al mundo que él mismo iba conquistando.

“España estaba atrasada, gobernada por una monarquía decadente y supersticiosa”, explicó Dupont-Lumière. “Por tanto, lo más civilizado era sustituirla por otra monarquía impuesta desde París. ¿Qué puede haber más moderno que cambiar de rey sin preguntar a nadie?”.

La frase recibió aplausos de los asistentes, entre quienes se encontraban varios nostálgicos del despotismo ilustrado, dos tertulianos, un señor con levita y un community manager buscando cómo resumir Trafalgar en un tuit motivacional.

“Habría que ser muy zote para odiar a quien te ocupa con elegancia”

En el momento culminante del acto, la alcaldesa imaginaria pronunció la frase que ya divide a las redes: “Habría que ser muy zote para odiar a quienes te trajeron acentos nasales, urbanismo racionalista y una oportunidad histórica de obedecer órdenes en francés”.

A continuación, pidió que la libertad “nunca tenga que pedir perdón por entrar en Madrid escoltada por granaderos”. El público respondió con una ovación moderada, en parte porque muchos no sabían si aquello era una performance, una rueda de prensa o el tráiler de una serie de Movistar.

La historia como parque temático

La próxima semana, según fuentes igualmente ficticias, Berlín estudia enviar una delegación a Varsovia para explicar que algunas entradas de tanques en la historia europea han sido injustamente malinterpretadas por culpa de la corrección política y la manía de los pueblos ocupados de ponerse dramáticos.

(NOTA: este post lo publiqué originalmente en Meneame.net y es una ficción irónica relacionada con la idea de la derecha española de que la conquista de México fue en realidad un acto civilizatorio)

El programa electoral del partido que yo crearía

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En lugar de una escoba, si yo tuviera un partido político, este sería su programa electoral para las siguientes elecciones:

PRIMERO.- VIVIENDA

La vivienda es un bien escaso y de primera necesidad, que además requiere otro bien muy escaso que es el suelo.

No podemos seguir consumiendo suelo indefinidamente, por lo que las viviendas deben tener exclusivamente el uso al que están destinadas, ser habitadas, y no ser un bien de inversión especulativo.

Para ello, garantizando los derechos de inquilinos y de propietarios, especialmente de los pequeños propietarios y las familias, y respetando los límites constitucionales (artículos 33, 47 y 128) aprobaremos estas 6 medidas.

1.- Las personas jurídicas no pueden adquirir viviendas. Se exceptúan las entidades del sector público, las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social y las cooperativas de propietarios y en cesión de uso.

2.- Las personas físicas pueden adquirir solo una vivienda, además de aquella en la que estén empadronados. Pueden poseer otras viviendas solo si son adquiridas por herencia.

3.- Las viviendas que no estén ocupadas por sus propietarios como primera o segunda residencia, y que tampoco estén alquiladas, tienen un impuesto anual especial equivalente al 5% de su valor de mercado.

4.- Los arrendamientos no tienen fecha de vencimiento. Solo se extinguen por voluntad del inquilino, por incumplimiento del contrato o por necesidad del propietario o de familiar hasta segundo grado.

5.- La renta del arrendamiento está tasada según un índice estatal y las variaciones anuales son también tasadas.

6.- El procedimiento para la extinción del arrendamiento por incumplimiento del inquilino es gratuito para las partes y dura un máximo de dos meses. Si el incumplimiento es por impago de la renta, la administración se hace cargo del 100% del importe de los impagos producidos.

Estas 6 medidas benefician al 99% de la ciudadanía y solo van contra el 1% compuesto por fondos buitres, grandes especuladores, propietarios extractivistas e inquilinos aprovechados.

SEGUNDO.- TODOS LOS DEMAS ASUNTOS.

En todo lo no especificado en el punto primero, la posición del partido se basará en el antifascismo, es decir, será justamente la opuesta a la que tenga VOX.

Un contenedor de basura desbordado.

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La escena es sencilla de imaginar: una calle con mil vecinas y vecinos que comparten un único contenedor de basura. Cada bolsa que cae dentro es un viaje en coche, un vuelo, una fábrica en marcha; es decir, una tonelada de dióxido de carbono. El problema es que el contenedor está diseñado para aguantar como mucho 300 bolsas al día, porque los bosques, los suelos y los océanos —nuestros sistemas de “reciclaje” naturales— solo logran absorber aproximadamente la mitad del CO₂ que emitimos y cada año están perdiendo fuerza. Aun así, hoy lo estamos llenando con mil bolsas, más de tres veces su capacidad. El desastre se anuncia solo.

Si ya es indignante la cantidad total, espera a ver quién la genera. Una sola persona de las mil de nuestra calle imaginaria, ese 0,1% situado en el ático acristalado, tira ella sola la friolera de setenta bolsas de basura diarias en nuestro contenedor. Las nueve personas siguientes —el resto del 1%— añaden 11 bolsas al día cada una, es decir, otras cien. El 9% acomodado, en el que seguramente nos encontramos por aquí, tiramos algo más de 3 bolsas y media al día, en total unas trescientas treinta. El 40% siguiente tira un poco más de 1 bolsa al día, y el 50% más pobre de la calle, no tiene ni para generar basura y tira apenas una bolsa a la semana, y, aun así, vive pegada al contenedor desbordado. Durante el periodo 1990-2015 el 1% más rico ya emitió el doble que el 50% más pobre, y en 2025 esas élites agotaron “su” cuota anual de carbono para el 10 de enero.

Así que tenemos dos problemas: uno es que tiramos el triple de basura del que debiéramos y otro es que tenemos a 1 persona que tira 70 bolsas de basura al día mientras otras 500 solo tiran una bolsa a la semana.

Frente a esta obscena desproporción, la ciencia climática plantea dos llaves maestras: reducir el volumen total de bolsas y repartirlas con justicia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) calcula que, para no rebasar 1,5 °C, las emisiones mundiales deben caer cerca de un 70 % y alcanzar la neutralidad en torno a 2050. Trasladado a nuestra metáfora, habría que pasar de mil a trescientas bolsas diarias.

¿Cómo repartir ese recorte? La lógica es tan contundente como el problema: quien más bolsas tira y más recursos posee reduce primero. Al 0,1 % le toca bajar de setenta a dos bolsas; al resto del 1 %, de cien a ocho; al 9 % acomodado, de trescientas treinta a cuarenta. La clase media mundial debería reducir sus depósitos a la mitad-dos tercios. Y la mitad con menos ingresos, la que hoy apenas contamina, podría incluso aumentar algo sus bolsas para cubrir necesidades básicas de energía, transporte o alimentación digna. Así no solo liberamos espacio en el contenedor, sino que garantizamos que nadie quede sin luz ni calefacción mientras la azotea sigue iluminada como un árbol de Navidad.

El camino que la élite pretende vendernos es radicalmente distinto. Consiste en seguir llenando el contenedor y fiarlo todo a compensaciones, tecnologías milagro y un “crecimiento verde” que, de momento, jamás ha evitado que las emisiones sigan batiendo récords. Aviones un 20 % más eficientes terminan abarrotando aún más aeropuertos; plantar árboles mientras abrimos nuevas minas de carbón es como regar el jardín mientras se incendia la casa. Peor aún: los lujos “verdes” de alto poder adquisitivo absorben inversiones y materias primas que se necesitan para democratizar la energía limpia, retrasando la transición para la mayoría.

Frente a ese callejón sin salida, existe un sendero viable y emancipador. Pasa por prohibir o gravar de forma prohibitiva los juguetes de carbono extremo —jets privados, megayates, vehículos de tres toneladas—, implantar un impuesto progresivo al carbono personal que haga impagable un atracón de vuelos intercontinentales, cortar la financiación a nuevos proyectos fósiles y redirigir masivamente el dinero hacia renovables y transporte público. Lo recaudado debe destinarse a garantizar que los barrios sin recursos accedan a electricidad solar, cocinas limpias y líneas de autobús eléctrico; solo así la mitad pobre de la calle podrá vivir mejor sin que el cubo vuelva a rebosar.

La alternativa es dejar que un puñado de mansiones siga descargando furgonetas de basura cada noche mientras piden a la vecindad que recicle mejor sus mondas de fruta. Pero la física es innegociable: o vaciamos desde arriba y reducimos el total, o el contenedor seguirá explotando delante de todas. El reloj climático corre y cada bolsa que añadimos hoy será un metro cúbico de aire tóxico mañana. No se trata de sacrificios individuales frívolos, sino de exigir que quienes más ensucian asuman, por fin, el coste real de su derroche. Porque en esta calle sin salida de emergencia respiramos todas las personas, y la justicia —climática y social— es la única puerta que nos queda abierta.

La objeción fiscal a los gastos militares, más necesaria que nunca.

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Cada primavera, cuando toca rendir cuentas a Hacienda, hay quienes no solo presentamos nuestra declaración del IRPF con rigor, sino también con conciencia. En Bizkaia, y en toda España, un grupo creciente de personas optamos por practicar la objeción fiscal a los gastos militares, una forma de desobediencia civil pacífica que cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por una preocupante escalada belicista a nivel global.

¿De qué se trata exactamente? La objeción fiscal consiste en desviar una parte simbólica de los impuestos —habitualmente entre 40 y 100 euros— que, en lugar de financiar el gasto militar del Estado, se destinan a proyectos sociales y de construcción de paz. Esta acción no pretende eludir impuestos, sino redirigirlos con un propósito ético. Quienes la practicamos asumimos con total transparencia esta decisión, comunicándola tanto a Hacienda como a la ciudadanía.

En Bizkaia, esta práctica tiene una larga tradición dentro de los movimientos antimilitaristas. Este año, sin embargo, hay un clima distinto. El aumento del presupuesto militar en los Presupuestos Generales del Estado, el rearme de Europa y la creciente normalización del lenguaje bélico en la política y los medios hacen que cada gesto de objeción gane peso. No se trata solo de rechazar la guerra con palabras, sino de hacerlo también con hechos, con el dinero de nuestros impuestos.

¿Y cómo se hace? El proceso es perfectamente abordable.

En la declaración de la renta, se calcula el importe simbólico que se quiere objetar —sin que ello afecte de forma significativa al resultado final— y se realiza un ingreso de ese importe a una entidad o proyecto social alternativo, como puede ser una asociación de derechos humanos, una red de ayuda mutua o un colectivo ecologista.

A continuación, en el borrador de nuestra declaración, vamos al apartado de nuevo concepto e incluimos en «sindicatos y partidos políticos» en concreto en partidos políticos, una nueva aportación equivalente a 5 veces la que hemos realizado al proyecto social de nuestra elección. De este modo, se deducirá de nuestro IRPF el 20% de esa anotación, es decir, exactamente la cantidad que hemos donado.

Además aportaremos el justificante de la donación y una carta explicando nuestros motivos. Por último, registraremos nuestra objeción en la lista del movimiento para que lo puedan contabilizar cuando se den los datos de la campaña.

Todo ello está perfectamente explicado en la web del movimiento en Euskadi, e incluso se puede pedir cita para que nos ayuden con el proceso. Si alguien quiere hacerlo y necesita una mano con los pasos, con los textos o simplemente con entender bien el procedimiento, puede escribirme sin problema. Porque hacerlo en compañía siempre es más fácil y más potente.

Cada vez que se dispara un misil, se recortan fondos para escuelas, hospitales o políticas sociales. Por eso, si compartes el rechazo a la guerra, si sientes que no puedes seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta el gasto en armas, es el momento de actuar. No basta con indignarse en redes sociales o con comentar lo mal que va el mundo con la cuadrilla. Transformar esa indignación en una acción concreta, aunque parezca pequeña, tiene un valor enorme. La objeción fiscal es una forma directa, coherente y pacífica de decir basta. Porque lo que no se financia, no se perpetúa.

#ObjeciónFiscal #DesobedienciaCivil #Bizkaia #Paz #ImpuestosConConciencia #NoEnMiNombre #Antimilitarismo #CampañaFiscal2025

Mentiras y verdades sobre la ampliación del Guggenheim en Urdaibai. (O cómo se vende como sostenible la destrucción de una Reserva de la Biosfera).

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Por Lorea Flores, coordinadora de Greenpeace en Euskadi, y Pablo Aretxabala, voluntario de Greenpeace en Euskadi. Este artículo fue publicado originalmente en el medio digital 20 Minutos.

¿Por qué es tan difícil proteger la biodiversidad y tan fácil amenazarla? Esta pregunta vuelve a plantearse ante el proyecto de construir una nueva sede del Museo Guggenheim en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio natural legalmente protegido.

Los argumentos en contra de este proyecto son tan abrumadores y evidentes que parece increíble tener que explicarlos repetidamente, pero, una vez más, resulta necesario recordar algunas obviedades, y también algunas cuestiones de las que no se habla tanto, pero que son igualmente relevantes.

En primer lugar, el argumento más obvio y que debería bastar para descartar completamente el proyecto es que Urdaibai no es un lugar cualquiera: es la única Reserva de la Biosfera de Euskadi y atesora una biodiversidad excepcional. Sus marismas y bosques son refugio de numerosas especies protegidas, incluidas aves migratorias, y por su alto valor ecológico acumula varias figuras de protección ambiental a nivel autonómico, estatal e internacional. Sin embargo, paradójicamente, es en este enclave de máxima protección donde se pretende levantar un macroproyecto museístico. Por mucho que se quiera vestir de sostenible, el impacto ecológico sería inevitable: la construcción y la afluencia masiva de visitantes amenazarían el equilibrio de unos ecosistemas ya frágiles, con claras afectaciones a la flora y fauna locales y a la calidad del agua de la ría.

¿Por qué un museo de esta envergadura tiene que ubicarse precisamente en el enclave más especial y único del 24% del territorio vasco que goza de protección estricta, cuando existe un 76% del territorio sin esas figuras de protección? Si el objetivo es ampliar la oferta cultural de Euskadi, sobran localizaciones alternativas de mucha menor sensibilidad ambiental.

En segundo lugar, hay que destacar que la mera posibilidad de ubicar el Guggenheim en este entorno existe sorteando o reinterpretando normativas ambientales concebidas para proteger la franja costera. Un ejemplo claro es la Ley de Costas, diseñada para impedir edificaciones en la franja litoral y zonas inundables. Para hacer hueco al museo, las autoridades han moldeado esta ley a su favor, generando un preocupante precedente: ¿de qué sirven las leyes de protección territorial si pueden flexibilizarse cuando un proyecto de este tipo quiere instalarse? Este manejo laxo de la normativa pone en cuestión la seriedad con la que se tratan nuestras áreas protegidas.

En tercer lugar, los defensores del proyecto argumentan que la llegada del museo traerá consigo la recuperación ambiental de la zona. Se promete descontaminar los suelos industriales del antiguo astillero de Murueta, limpiar acuíferos y renaturalizar áreas invadidas por especies exóticas. Estas acciones suenan loables, pero es importante subrayar que no son ningún regalo del museo, sino requisitos imprescindibles sin los cuales el museo ni siquiera podría construirse. En otras palabras, están intentando vestir de “beneficio” lo que en realidad es una condición imprescindible: sin la previa restauración ambiental, el proyecto no sería viable porque actualmente los terrenos están contaminados y son inapropiados para edificar. Resulta descorazonador que hayan tenido que vincular estas mejoras ambientales a un museo para que las instituciones se planteen acometerlas, cuando deberían haberse emprendido hace años por responsabilidad con la Reserva.

La regeneración ambiental y las obras necesarias para el Guggenheim de Urdaibai se sufragarán mayoritariamente con dinero público: ya hay comprometidos unos 80 millones de euros, aportados a partes iguales por el Estado y las instituciones vascas, para las labores de descontaminación y adecuación del sitio. Este uso de fondos públicos suscita preguntas: ¿es justificable invertir tal cantidad para fomentar un proyecto privado en lugar de destinarla a la conservación de la zona y al bienestar de sus habitantes? Además, muchos de los trabajos de descontaminación deberían ser responsabilidad del astillero que contaminó el entorno, no del contribuyente. 

En cuarto lugar, se utiliza el argumento del «éxito» del Guggenheim original, que se considera el emblema de la transformación de un Bilbao industrial y decadente, pero replicar esa “fórmula Guggenheim” en Urdaibai es un error de bulto. Aquí no estamos hablando de un paisaje urbano degradado que necesite revitalización, sino de un espacio natural de alto valor que ya sufre una gran presión por el turismo y que lo que requiere es la mayor conservación posible. 

Un museo de arte contemporáneo enclavado en la ría no responde a ninguna necesidad cultural local apremiante, sino a una mera estrategia económica de atraer aún más visitantes. Esto agravaría la turistificación de la comarca, con efectos adversos sobre el coste de la vida, la presión sobre los servicios básicos y la tranquilidad de la población local. En términos ambientales, un mayor flujo turístico implicaría más tránsito, más emisiones y más alteraciones en un entorno que debería permanecer lo más intacto posible. El desarrollo sostenible de Urdaibai pasa por potenciar la conservación y en todo caso por un turismo responsable de muy pequeña escala, no por proyectos masivos que multiplican la afluencia y el consumo de recursos.

Por último, la elección de la ribera de la ría para emplazar el museo no sólo es problemática por su impacto ecológico, sino también por el riesgo físico: la zona propuesta es inundable, y ya estamos viendo con demasiada frecuencia las consecuencias de edificar en este tipo de zonas. Con el cambio climático, el nivel del mar seguirá subiendo y los temporales serán más intensos, por lo que construir hoy un museo en primera línea de costa, expuesto a inundaciones en las próximas décadas, resulta una decisión miope; significaría invertir más dinero público en defensas contra el agua y futuras reparaciones. En plena emergencia climática, las Administraciones deberían extremar la prudencia y evitar ubicar nuevas infraestructuras críticas en zonas de riesgo previsible.

En definitiva, la propia Administración incurre en una seria contradicción con sus compromisos ambientales. Por un lado, se proclama la defensa de la biodiversidad y la lucha contra la crisis ecológica, mientras, por otro, se impulsa una infraestructura de fuerte impacto en una zona que debería ser un estandarte de la conservación, minando así la credibilidad institucional. Urdaibai debería ser un símbolo de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, no el escenario de una nueva y clamorosa victoria del desarrollo mal entendido, maquillado de sostenibilidad.

En realidad, el problema es que el Guggenheim de Urdaibai plantea un dilema de fondo: ¿qué modelo de progreso queremos seguir? Los argumentos en contra de este proyecto invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estará la nueva directora del Museo Guggenheim abierta a esta reflexión para reconsiderar este despropósito y ayudar a cambiar el rumbo?

Para Greenpeace, este proyecto es anticuado y depredador de la naturaleza. Sin naturaleza no hay cultura ni arte, porque, sin ecosistemas sanos, la propia supervivencia humana está en riesgo. Cultura y naturaleza, lejos de enfrentarse, sólo pueden ir de la mano.

66 post después

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Hoy es el último jueves del año 2021

El 6 de marzo me comprometí conmigo mismo a escribir aquí dos post semanales y me siento contento y orgulloso de haber cumplido mi compromiso.

Han sido 66 post sobre autoconocimiento, desarrollo personal y estoicismo que me han servido como herramienta de reflexión y me han permitido evolucionar personalmente en un año bastante complicado.

Echo la vista atrás y siento el profundo avance que he conseguido en este tiempo, gracias en parte al compromiso de escribir en este blog.

Escribir aquí me ha «obligado» a reflexionar, a leer, a conversar, a escuchar, a preguntar y a responder, a sincerarme conmigo mismo y con otras personas, a revisarme, a perdonarme, a darme nuevas oportunidades…

Fruto de todo ello me conozco mejor, me quiero más, he adquiridos hábitos y comportamientos diferentes, he moderado algunos de mis defectos y he potenciado algunas de mis virtudes, he tomado con serenidad y valentía decisiones importantes para mi vida… en definitiva he trabajado duro para mi crecimiento y desarrollo interior, lo cual, como a mi querido Epicteto, es algo que he descubierto que me hace especialmente feliz.

Mientras que una persona disfruta mejorar su granja y otra su caballo, yo disfruto mejorarme a mí mismo a diario.

Epicteto

Además de lo anterior, estos 66 post han tenido a lo largo del año una media de 150 lecturas. Me emociona pensar que quizá a algunas personas estas reflexiones le hayan servido para hacer las suyas propias. Si así ha sido, me siento doblemente feliz.

También siento un profundo agradecimiento por todos vuestros comentarios tanto de quienes los habéis hecho en este blog como de quienes me los habéis trasladado directamente porque conversar era uno de los objetivos del blog.

Este será el último post de esta etapa. En 2022 seguiré escribiendo mi diario, pero no seguiré publicando aquí. Lo he meditado mucho estos días y creo que mi evolución requiere otras cosas.

Os deseo lo mejor.

Os deseo sabiduría, serenidad y coraje.

Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir.

Séneca

Por la despolarización

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Llevamos ya unos cuantos años en los que en la política especialmente, pero también en otros ordenes de la vida social y personal de cada cual, estamos viviendo una creciente polarización, una centrifugación de las posiciones y creencias de la gente hacia los extremos.

Hay personas de creencias y posiciones muy fuertes y consolidadas. Que piensan que cualquier variación en esas creencias es falta de coherencia y de identidad. Personas que se vanaglorian de pensar lo mismo desde hace 50 años. Personas que consideran que otras posiciones o creencias son total y radicalmente invalidas, que no hay nada valioso fuera de su mundo de ideas y que por lo tanto no solo debe protegerse de cualquier contaminación sino combatir enérgicamente al «enemigo», al «mal».

En el otro extremo están las personas sin principios ni valores, gente cuyo único interés es aquello que les beneficie directamente y que son seguidores de la doctrina marxista del «Si no le gustan mis principios, tengo otros».

Especialmente en política estamos viendo cada vez más estas dos posiciones, o bien posiciones muy extremistas que consideran al otro extremo como el mal más absoluto, o bien posiciones de exclusivo interés personal. A veces esto último se disfraza de extremismo o de radicalismo para enmascararlo.

Creo que nadie estamos exentos de caer en esta polarización y es una dinámica que puede perfectamente empezar con nuestras posiciones políticas y que puede ir permeando hacia el resto de nuestra vida, lo cual nos convertirá en personas inflexibles, autoritarias, rígidas, con una fuerte aversión al cambio, incapaces de comprender nada fuera de nuestras ideas… en fin, personas que uno no quisiera tener muy cerca, la verdad.

Para estar alerta y tratar de no caer en esa polarización, algunas ideas y sugerencias:

  • Ten cerca personas que piensan un poco diferente a tí y a las que aprecies. Conversa de vez en cuando con ellas de cuestiones que son nucleares para tus creencias.
  • Cuando tengas clarísima una creencia, busca el 1% de razón que puede tener la posición contraria. No se trata de no tener ideas propias, sino precisamente de tratar de entender y profundizar.
  • No temas evolucionar. Pensar lo mismo durante toda la vida no es ningún mérito, más bien al contrario. Las personas que han ido evolucionando son las que han permitido que se pueda construir una sociedad mejor en muchos aspectos.
  • Ojo con lo que lees y lo que ves, especialmente por internet y lo que te llega por las redes sociales. Recíbelo todo con escepticismo natural y si algo realmente te interesa, profundiza y cuestiónatelo.

PD: gracias a mi grupo de «mus&cook» por ser un espacio donde poder poner en práctica a menudo esta revisión permanente de mis creencias.

Propuestas para mejorar la Democracia (2)

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2016-10-31-10-36-54

Hace 10 años escribí en este blog un artículo titulado «Propuestas para mejorar la Democracia» que sorprendentemente es el más visitado de todo el blog aún hoy en día.

Pasado todo este tiempo, ninguna de aquellas medidas que proponía se han puesto en práctica. Diez años después varios de aquellos temas son aún hoy tema de debate y contenido de posibles acuerdos de gobierno, pero siguen sin aplicarse.

En todo caso, visto que es un tema que despierta mucho interés, voy a actualizar el artículo con nuevas propuestas que imagino que dentro de 10 años tampoco estarán aplicadas, pero bueno, por soñar que no sea.

Transparencia: elemento fundamental del sistema político. Cualquier medida encaminada a eliminar zonas oscuras en las instituciones es buena de partida. A la inversa exactamente igual. Para mí lo ideal sería que las bases de datos de la administración fuesen públicas, y fuera la sociedad civil a través de sus asociaciones, empresas, particulares, etc, quienes hicieramos el trabajo de bucear en los datos, crear programas y apps de seguimiento y control, etc, etc. En esto hay gente como @alorza que tiene las ideas mucho más claras y concretas.

Descentralización: las instituciones que mejor funcionan, que están mejor valoradas y en las que hay más participación, son las que están más cerca de la ciudadanía siempre y cuando tengan un campo real de actuación y de gestión. Por eso, cuanto más se descentralice y se distribuyan las instituciones y su gestión, mucho mejor.

Participación: unido a las dos anteriores, facilitar la participación ciudadana, no solo a la hora de votar, si no a la hora de plantear los debates, las decisiones, etc. Utilizar con mucha más frecuencia la herramienta de la consulta popular, en sus diversas fórmulas, los presupuestos participativos, las tomas de decisiones participadas, la integración de los agentes sociales y civiles, etc. También es participación fortalecer los movimientos sociales y los movimientos civiles, dejandoles espacio de actuación y favoreciendo su desarrollo.