De una parte, la ciudadanía progresista de este país: trabajadoras y trabajadores, pensionistas, jóvenes condenados a pagar alquileres imposibles, familias que sostienen los cuidados, profesionales de la sanidad y la educación públicas, autónomos, cooperativistas, gente que sí que madruga y que sí que paga sus impuestos, que espera una cita médica, que mira el recibo de la luz, que sabe lo que cuesta llenar la nevera y que ha visto demasiadas veces cómo sus esperanzas acababan trituradas entre cálculos electorales, promesas rebajadas y guerras internas. Una ciudadanía que no olvida que en los últimos años hubo avances importantes arrancados desde la política progresista y desde la presión social. Una ciudadanía cansada, sí, y desilusionada muchas veces, pero no vencida e igualmente consciente de que ningún avance queda garantizado para siempre si se abandona la vigilancia democrática. A los efectos de este contrato será denominada, sin un ápice de superioridad moral pero con todo el respeto político, la buena gente.

Y de otra parte, los partidos políticos, coaliciones, confluencias, mareas, movimientos, plataformas y organizaciones progresistas que aspiran a representar a esa ciudadanía, sabiendo que la representación no se hereda ni se presume, sino que se gana cada día con decencia, utilidad pública, valentía y capacidad de acuerdo. Partidos que han cometido errores, que han decepcionado, que han confundido demasiadas veces el interés general con la supervivencia de sus siglas, pero que también han demostrado, cuando han actuado con ambición y acuerdo, que la política puede mejorar la vida material de millones de personas. Sería mezquino negar los aciertos: hubo leyes, reformas y decisiones que protegieron salarios, empleos, pensiones, derechos y libertades, y precisamente porque esos avances existen resulta más grave cualquier tentación de conformarse, dividirse o administrar lo logrado como si bastara para resistir la ofensiva reaccionaria. En adelante serán denominados los partidos decentes, expresión que no constituye un título honorífico, sino una obligación que será sometida a prueba.

Ambas partes se reconocen mutuamente la necesidad de comparecer ante este contrato cívico-electoral, porque hay momentos en los que la política deja de ser una competición ordinaria y se convierte en una línea de defensa. Y, en virtud de ello,

Manifiestan

I. Que la derecha ultra española, hoy articulada en torno al Partido Popular y Vox, ha asumido una estrategia de ofensiva total contra el bloque democrático y progresista, utilizando todos los instrumentos a su alcance, tanto políticos, mediáticos, judiciales, policiales e institucionales. Una estrategia resumida en la idea de «el que pueda hacer que haga«, y cuyo objetivo es derribar al Gobierno actual liderado por el Presidente Pedro Sanchez, destruir políticamente a los dirigentes de los partidos que lo sustentan y con ello impedir por décadas la existencia de nuevos gobiernos progresistas.

II. Que dicha derecha no se limita a proponer una alternancia conservadora, legítima en cualquier democracia, sino que amenaza abiertamente con un programa de restauración reaccionaria: recorte de derechos laborales y sociales, desprecio hacia las políticas feministas, ataque a la memoria democrática, privatización y deterioro de los servicios públicos, criminalización de las personas migrantes, negacionismo climático, rebaja fiscal para quienes más tienen y subordinación internacional a liderazgos autoritarios y belicistas que han hecho de la crueldad una forma de gobierno.

III. Que la estrategia de esta derecha ultra para alcanzar el Gobierno de España se basa en la desmovilización de la buena gente. Dado que no pueden conseguir nuestro voto, tratan por todos los medios de que nos quedemos en nuestra casa el día de las elecciones y para ello utilizan todos los medios a su alcance, incluidos la mentira, la manipulación, la guerra sucia contra los partidos decentes, la financiación ilegal, la agresión y el acoso permanente a las personas que están en primera línea.

IV. Que sería injusto, y políticamente torpe, ignorar que en este periodo se han aprobado medidas que mejoraron la vida de mucha gente: el salario mínimo, la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital, la revalorización de las pensiones, las leyes como la de eutanasia, la de derechos de las personas trans y LGTBI, la de vivienda o la de cambio climático y transición energética, con todos los límites, retrasos y conflictos que se quieran señalar, pero también con una dirección política reconocible: ampliar derechos, proteger rentas, reforzar ciudadanía y abrir camino frente a décadas de resignación neoliberal. La buena gente no firma este contrato porque nada haya servido, sino precisamente porque lo que ha servido puede perderse, y porque lo que falta por hacer es demasiado importante como para dejarlo en manos de la inercia, el tacticismo o la pelea pequeña.

V. Que, reconocido todo lo anterior, los partidos decentes no han estado siempre a la altura de lo que estaba en juego. Han confundido demasiadas veces la diferencia política con el fratricidio, la negociación con el chantaje, la prudencia con la cobardía, la comunicación con la propaganda y la gestión institucional con la renuncia a transformar la realidad. Y han tolerado, en ocasiones, comportamientos personales o colectivos incompatibles con la ejemplaridad mínima que se exige a quien pide confianza pública.

VI. Que en este contexto las elecciones generales de 2027 no pueden ser tratadas como una cita electoral más, porque en ellas se decidirá algo más profundo que la composición de un gobierno. Se decidirá si España avanza hacia una democracia social más robusta, capaz de proteger derechos, repartir poder y riqueza y cuidar lo común, o si entra en una etapa de demolición planificada donde cada conquista será presentada como un privilegio, cada servicio público como un gasto excesivo e inasumible y cada voz disidente como enemiga de la patria.

VII. Que, por todo ello, la buena gente y los partidos decentes acuerdan impulsar una estrategia común bajo el lema “No pasarán!”, no como consigna vacía ni como nostalgia ornamental, sino como recordatorio de que hubo generaciones que pagaron con cárcel, exilio, hambre y muerte el precio de defender la libertad, y de que sería una obscenidad histórica entregar ahora sus conquistas por pura pereza, por vanidad, por cálculo de aparato o por cansancio moral.

Y, en consecuencia, ambas partes suscriben los siguientes

Acuerdos

Primero. Los partidos decentes diseñarán toda su estrategia electoral con un objetivo prioritario: movilizar hasta el último voto democrático, social, feminista, ecologista, laboral y antifascista disponible. Cada partido podrá pedir el voto para sí mismo, defender su programa y reivindicar su trayectoria, pero ninguna campaña podrá construirse sobre la desmovilización del electorado progresista ni sobre la destrucción del resto de fuerzas llamadas a impedir un gobierno de PP y Vox. Toda apelación al voto útil, al voto auténtico o al voto imprescindible deberá subordinarse a una regla superior: ningún voto de la buena gente debe quedarse en casa.

Segundo. Los partidos decentes se comprometen a hacer campaña a favor de sus propuestas y contra el proyecto reaccionario de PP y Vox, nunca contra la legitimidad democrática del resto de partidos decentes. Quien dedique más energía a destruir al aliado posible que a frenar a la derecha ultra estará trabajando, lo admita o no, para que la derecha ultra gobierne, y será considerado un traidor a la buena gente.

Tercero. Los partidos decentes se comprometen públicamente, antes de la campaña, durante la campaña y después de la noche electoral, a no facilitar por acción, omisión, abstención táctica, cálculo negociador ni bloqueo parlamentario la llegada de PP y Vox al Gobierno de España. Este compromiso deberá figurar de manera clara en sus programas, intervenciones públicas, documentos de campaña y declaraciones postelectorales. La ambigüedad en este punto no será entendido como prudencia sino como pura y simple irresponsabilidad.

Cuarto. Los partidos decentes se comprometen a votar favorablemente la investidura de la candidata o candidato del partido decente que obtenga mayor número de votos entre las fuerzas firmantes, sin convertir esa primera votación en un mercado de vetos, ultimátums o humillaciones públicas. La negociación programática tendrá lugar a partir del día siguiente a la investidura, con luz, taquígrafos y respeto a las mayorías parlamentarias, pero la primera obligación será impedir que la derecha ultra utilice las divisiones progresistas como palanca para hacerse con el poder.

Quinto. La buena gente se compromete a votar el día señalado para las elecciones generales, presencialmente o por correo, al partido decente que considere más adecuado según sus convicciones. No se admitirán como excusa la apatía, el desencanto, el “todos son iguales”, el “nada va a cambiar” ni la tentación cómoda de mirar el desastre desde la barrera para luego recriminar con el «disfruten lo votado». La abstención puede parecer un castigo dirigido a quienes decepcionaron, pero en una elección decisiva es un regalo para quienes quieren gobernar contra la mayoría social. Nadie que se considere buena gente tendrá justificación para no votar.

Sexto. A partir del día siguiente de la investidura, la actuación de los partidos decentes quedará sometida a cuatro obligaciones materiales, comprensibles para cualquier ciudadano sin necesidad de traductores tecnocráticos:

• Impedir cualquier retroceso, rebaja, disminución o depreciación de los derechos y libertades existentes. En la medida que las mayorías y los acuerdos lo permitan, tratarán de aprobar reformas que las amplíen y extiendan.
• Impedir la privatización, desmantelamiento, empobrecimiento o empeoramiento de los servicios públicos, y en la medida de lo posible ampliarlos, mejorarlos y republificarlos.
• Impedir el aumento de la injusticia y la desigualdad social, y en la medida de lo posible reducirla.
• Perseguir, detectar y eliminar cualquier tipo de actuación que implique corrupción en sus organizaciones o cargos públicos.

Séptimo. Para evitar que este contrato se convierta en literatura electoral, el cumplimiento de esas obligaciones deberá medirse mediante los siguientes indicadores públicos, auditables, comprensibles y publicados semestralmente.

• Indicador de Garantía y Ampliación de Derechos (nuevo): será diseñado, calculado y presentado por el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la UC3M, en consorcio con la Plataforma del Tercer Sector y con el Defensor del Pueblo como garante institucional independiente.
• Índice de Fortalecimiento de los Servicios Públicos (nuevo): AIReF como auditora externa, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas como responsable metodológica, y el INE/IGAE como garantes estadísticos.
• Tasa AROPE infantil, medida anualmente, y especialmente en los hogares del 40% inferior de renta (existente): es el indicador que mejor mide la evolución de la desigualdad social y está gestionado por la UE y en España por el INE.
• Índice de Respuesta Anticorrupción Efectiva (nuevo): gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, con apoyo técnico de OIReScon, Tribunal de Cuentas, universidades y entidades anticorrupción independientes.

El objetivo mínimo de todos ellos es que no disminuyan y el deseado es que mejoren en 4 puntos al finalizar la legislatura.

Octavo. Se producirán comparecencias periódicas de cumplimiento de este contrato, tanto a nivel parlamentario como territorial. Dichas comparecencias no podrán reducirse a propaganda ni a argumentarios de partido. Deberán incluir datos, compromisos pendientes, obstáculos encontrados, responsabilidades asumidas y calendario de actuación.

Noveno. Si al final de la legislatura los indicadores pactados no muestran el cumplimiento mínimo requerido, los miembros del Gobierno pertenecientes a los partidos decentes asumirán responsabilidad política directa y renunciarán a repetir en el cargo institucional en la siguiente legislatura. Del mismo modo, las Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores de los partidos decentes renunciarán a presentarse de nuevo, dejando paso a otras personas dispuestas a cumplir realmente los acuerdos que firmen.

Décimo. Este contrato no elimina las diferencias entre las fuerzas progresistas, ni pretende fundirlas en una sopa tibia donde todo se confunda. La pluralidad es necesaria, aunque sea incómoda. Hay debates legítimos sobre fiscalidad, vivienda, trabajo, energía, feminismo, modelo territorial, política internacional, transición ecológica o memoria democrática. Pero ninguna diferencia justifica entregar el país a quienes quieren suprimir derechos, abaratar el despido, perseguir al migrante, negar la violencia machista, privatizar lo común y llamar libertad al privilegio de quienes ya tienen demasiado.

Undécimo. La consigna común de esta estrategia será “No pasarán!”, que deberá acompañar, sin sustituir, los lemas particulares de cada partido decente. No será un adorno gráfico ni una frase para camisetas. Será una advertencia democrática y una obligación moral.

Y para que conste, ambas partes suscriben este contrato cívico-electoral con plena conciencia de que votar no basta, pero también de que no votar puede ser suficiente para perderlo todo; de que la democracia no se defiende sola; de que los derechos no se conservan por inercia y de que la historia no perdona eternamente a quienes, pudiendo cerrar el paso al autoritarismo, prefirieron discutir el tamaño de su pancarta mientras el enemigo cruzaba la puerta.

(Nota: este post lo publiqué originalmente en Meneame)