Brandenburger Tor

Más concretamente, el problema es la opacidad y la acumulación de poder de los aparatos de los partidos políticos, y me explico.

Nuestra constitución consagra en su artículo 6 a los partidos políticos como «instrumento fundamental de la participación política» y sobre los cuales únicamente se especifica que «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos»

A pesar de que la propia Constitución establece en su artículo 23.1 que «Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes«, lo cierto es que la única vía real de participación de la ciudadanía en la cosa pública es a través de los partidos ya que no se han establecido mecanismos efectivos de participación directa, salvo dos que teoricamente están contemplados en nuestro sistema pero que en la práctica han tenido un resultado nulo, y me refiero al referendum (tras la aprobación de la Constitución se han celebrado únicamente dos, uno para la entrada en la OTAN y otro para la ratificación de la Constitución Europea) y a la Iniciativa Legislativa Popular (mecanismo tan complejo del que se han iniciado en 30 años 66 procedimientos de los que tan sólo 9 consiguieron los requisitos legales y de estos sólo uno logró ser aprobado)

Es cierto que en los últimos años se han desarrollado interesantes iniciativas de participación ciudadana especialmente a nivel local, pero desgraciadamente se trata de mecanismos aislados, no sistemáticos y desconectados entre sí, más parecidos a pruebas piloto que a desarrollos de alcance, aunque siempre hay honrosas excepciones.

En definitiva, en nuestro sistema actual la paticipación de la ciudadanía en la gestión pública se hace prácticamente en exclusiva mediante representantes, los cuales son designados mediante elecciones en las que la ciudadanía tiene la capacidad de elegir entre diferentes opciones, diferentes listas de nombres, las cuales a su vez son decididas por los partidos políticos. Es decir, son los partidos los que deciden quién puede ser susceptible de ser elegido por la ciudadanía, y además la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de modificar esa decisión de los partidos ya que las listas son cerradas por lo que deben votarse al completo.

Son los partidos, y en concreto sus estructuras de poder interno, lo que se suele denominar el «aparato», quienes deciden quién se presenta a las elecciones y en qué puesto con lo que la capacidad de decisión de la ciudadanía queda totalmente limitada al igual que la propia libertad del candidato que debe su elección, en primer lugar, al «aparato» y sólo en segunda instancia a la ciudadanía. Esto concede un poder inmenso a un grupo muy reducido de personas que son quienes de verdad controlan quién sale finalmente elegido y quién no.

¿Qué medidas habrían de adoptarse para dar un vuelco radical a la situación? Aquí propongo algunas:

1. Elecciones con listas abiertas de manera que se limite el poder de los partidos a la hora de decidir quien sale elegido y quien no.
2. Adopción de la CCAA como circunscripción única en elecciones generales y autonómicas de manera que el resultado sea más ajustado al principio de una persona un voto.
3. Limitación en la permanencia en el cargo: dos mandatos es suficiente para cualquiera y hay que evitar a toda costa la profesionalización del político. La política no es una profesión, es un servicio a la comunidad y como tal ha de ser temporal.
4. Posibilidad de someter a consulta la legislación aprobada en el Parlamento cuando lo solicite un % de la población.
5. Reducción del nº de firmas necesarias para la Iniciativa Legislativa Popular y obligación de admitirla a trámite y debatirla.
6. Transparencia absoluta de los partidos y en especial de sus cuentas: hacer los ingresos públicos tanto de instituciones como de privados y los gastos igualmente públicos.
7. Auditoría externa real de las cuentas de los partidos: lo que hace ahora el Tribunal de Cuentas es de risa: lo nombran los propios partidos, audita con cinco años o más de retraso, y sólo entra en los papeles que le dan los partidos
8. Transparencia total de los procesos de contratación de las administraciones públicas.
9. Control real de la evolución del patrimonio de los cargos públicos.
10. Dotación de medios suficientes a los jueces y tribunales para la investigación de los casos de corrupción política.