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Pablo Aretxabala (www.linkedin.com/in/pabloaretxabala)

De la herencia al alquiler: pasos clave para mantener un inmueble arrendado entre varias personas herederas.

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Recibir una herencia puede suponer un cambio relevante no solo a nivel personal, sino también en el plano jurídico y fiscal. En un artículo anterior ofrecimos algunas claves básicas sobre cómo gestionar una herencia, pero en esta ocasión nos centramos en una situación concreta que genera muchas dudas prácticas: cuando lo heredado incluye un inmueble arrendado —ya sea un local o una vivienda— y las personas herederas desean mantener el alquiler activo. Siempre que se haya realizado la adjudicación de la herencia, lo habitual es que se deba constituir una comunidad de bienes para poder gestionar de forma adecuada los ingresos y las obligaciones derivadas del arrendamiento.

La comunidad de bienes no es una figura jurídica especialmente compleja, pero sí requiere seguir ciertos pasos formales. En Bizkaia, como en el resto del Estado, basta con que las personas comuneras formalicen un documento privado en el que se recojan sus datos, la identificación del bien inmueble, los porcentajes de participación y el acuerdo de constituir la comunidad para gestionar conjuntamente ese patrimonio. No es necesario otorgar escritura pública, salvo que se desee elevar a público el acuerdo. Eso sí, será imprescindible obtener un NIF para la comunidad de bienes ante la Agencia Tributaria Foral, lo cual se hace mediante la presentación del modelo 036 y la documentación acreditativa correspondiente.

Desde el punto de vista fiscal, la comunidad de bienes no tributa por el Impuesto sobre Sociedades, ya que no tiene personalidad jurídica propia a efectos fiscales. No obstante, sí debe presentar anualmente el modelo 184, en el que se detallan los ingresos y gastos atribuibles a cada comunero. Este modelo actúa como una declaración informativa, y su contenido será clave para que cada persona comunera pueda imputar correctamente sus rendimientos en su declaración de la renta.

Además, la comunidad puede tener que emitir facturas, llevar un libro registro de ingresos y gastos, presentar las declaraciones trimestrales y el resumen anual del IVA y cumplir con la obligación de presentar el modelo 347 si se superan ciertos límites en las operaciones con terceros. Si el bien arrendado es un local, y la parte arrendataria es una persona jurídica, se deberá incluir en las facturas del arrendamiento la correspondiente retención por el IRPF.

Pero la cuestión clave para muchas personas es cómo se imputa el rendimiento del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de Bizkaia, las rentas generadas por el arrendamiento se atribuyen directamente a cada persona comunera en función de su porcentaje de participación. Es decir, no se tributa a través de la comunidad, sino que cada quien declara su parte proporcional del rendimiento neto en el IRPF, aplicando las deducciones o reducciones que correspondan. El cálculo del rendimiento sigue las reglas generales: se parte del ingreso bruto del alquiler, se restan los gastos deducibles (como el IBI, seguros, gastos de conservación, etc.) y el resultado se reparte entre los comuneros según su cuota.

Este tipo de situaciones, aunque frecuentes, plantea retos de coordinación entre las personas herederas. No basta con estar de acuerdo en continuar con el arrendamiento: es necesario organizarse correctamente para cumplir con todas las obligaciones y evitar sanciones. Además, conviene revisar con detalle los contratos de arrendamiento en vigor, valorar si es necesario adaptarlos y asegurarse de que la comunidad de bienes queda correctamente identificada en ellos.

A veces, lo que parecía un simple “papeleo” tras una herencia se convierte en una pequeña estructura de gestión colectiva. En estos casos, contar con un asesoramiento adecuado desde el inicio puede marcar la diferencia entre una administración tranquila del patrimonio y una fuente continua de dudas o conflictos.

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Del «lo alquilo y punto» al «lo votamos en junta»: revolución en la Ley de Propiedad Horizontal.

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Hasta hace poco, transformar una vivienda en un piso turístico era casi tan sencillo como colgar el anuncio en una plataforma online, inflar un poco las fotos y esperar la avalancha de reservas. Pero desde el 3 de abril, este juego ha cambiado. La reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal introduce un giro decisivo: ahora, quienes quieran dedicar su vivienda al alquiler turístico necesitarán el consentimiento expreso de la comunidad de vecinos.

El nuevo artículo 17.12 de la ley incorpora una exigencia que puede marcar un antes y un después en la convivencia vecinal. Ya no basta con cumplir la normativa autonómica o municipal. A partir de ahora, la comunidad tiene voz y voto, y no precisamente simbólico. Será necesaria una mayoría de tres quintas partes del total de propietarios —que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación— para autorizar este tipo de actividad en el edificio. La comunidad gana así una herramienta real para protegerse de los efectos colaterales del turismo descontrolado.

Este cambio llega tras años de quejas por parte de vecindarios que han visto cómo su día a día se desdibujaba entre maletas con ruedas a todas horas, fiestas inesperadas en martes por la noche y un goteo constante de caras desconocidas en el portal. En ciudades como Bilbao, donde el equilibrio entre el dinamismo turístico y la vida de barrio es especialmente delicado, la medida promete devolver algo de control a quienes de verdad habitan y cuidan los espacios comunes.

La ley no prohíbe el alquiler turístico, pero introduce una condición lógica: que se haga con el acuerdo del conjunto. Porque no es lo mismo vivir al lado de una familia con la que te cruzas cada mañana en el ascensor, que al lado de un apartamento con inquilinos distintos cada 48 horas. Esta modificación busca precisamente eso: restaurar un mínimo de estabilidad y convivencia.

Por supuesto, no faltarán voces que hablen de intervención o de trabas al emprendimiento. Pero no se trata de poner barreras, sino de reequilibrar derechos: el de quien quiere alquilar con fines turísticos y el de quienes quieren vivir con tranquilidad.

Así que, si alguien está pensando en lanzarse a la aventura del alquiler turístico, mejor que primero prepare dos cosas: una buena estrategia… y una junta de propietarios.

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Un túnel hacia el pasado.

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Quienes se hayan movido por la zona de la ría del Nervión, en Bizkaia, habrán notado que a menudo el tráfico por el puente de Rontegi y los accesos a Bilbao es denso, casi asfixiante. Ante la saturación, la Diputación Foral de Bizkaia ha planteado la construcción de un túnel subfluvial, una infraestructura de más de 400 millones de euros que atravesaría la ría para enlazar ambas márgenes. ¿La finalidad? Teóricamente, aligerar el puente de Rontegi y “mejorar la movilidad”. Sin embargo, el proyecto está cosechando fortísimas críticas que muestran graves riesgos ambientales, sociales y económicos, sin aportar soluciones reales a la congestión. ¿Merece la pena invertir semejante dineral para encaminar Bilbao y su ría, literalmente, hacia más tráfico?

Un proyecto gestado sin transparencia ni participación real

Lo primero que hay que señalar, como hacen las plataformas ciudadanas opuestas, como Subflubiala EZ!, es la falta de participación en todo este proceso. La idea de un túnel carretero bajo la ría no es nueva: se planteó hace años y se descartó por costosa y compleja. Ahora, el gobierno foral la ha desempolvado y la ha presentado como algo cerrado, sin un debate público ni evaluaciones comparativas con posibles alternativas. Se han recibido alegaciones, sí, pero la decisión política ya estaba tomada y la Diputación, lejos de fomentar el diálogo, va sellando los documentos formales de manera implacable.

En un momento en que se promueve la participación ciudadana y la planificación transparente, este procedimiento despierta indignación. ¿Por qué tal prisa en una inversión tan enorme si hoy día existen soluciones más eficientes, menos contaminantes y más económicas para mejorar la movilidad? ¿Por qué no optar por medidas más audaces en materia de transporte público?

Impacto ambiental contradictorio con la lucha contra el cambio climático

El segundo eje de las críticas es el aumento en emisiones de CO₂ y en contaminación atmosférica que traería el túnel. Aunque sus promotores argumentan que podría reducirse el recorrido de muchos coches y, por tanto, bajar las emisiones, la realidad (y la experiencia en otras infraestructuras similares) indica claramente que construir más vías para el coche genera siempre un “efecto llamada”: más conductores se animan a usar el vehículo privado, y al final, la supuesta disminución de atascos acaba esfumándose.

Este incremento en la circulación se traduce en más gases de efecto invernadero y polución. Justo cuando Euskadi y el mundo han declarado la emergencia climática, se comete la incoherencia de levantar una infraestructura que refuerza el uso del coche. Dado que el transporte es el responsable de un tercio de las emisiones de CO₂, apostar por el vehículo privado va en dirección contraria a la sostenibilidad. Para colmo, se modificarían zonas naturales de la ribera y se afectaría un parque urbano, lo que acentúa el rechazo de la ciudadanía.

Un gasto desproporcionado de 400 millones (y subiendo)

Uno de los argumentos más contundentes contra el proyecto es el enorme coste público, que oscila entre los 450 millones y los 600 millones de euros, según se vayan concretando los detalles y ajustando los precios de la construcción. Para poner esto en perspectiva: en 2023, mantener el descuento del 50% en el transporte público en Bizkaia tuvo un coste aproximado de 11 millones de euros. Con esos 450-600 millones que se pretende destinar al túnel, se podrían sostener entre 40 y 60 años de descuentos en el transporte colectivo, beneficiando así a la gran mayoría de la población, especialmente a quienes menos recursos tienen.

Por tanto, resulta inevitable preguntarse: ¿de verdad nos conviene gastar tal cantidad de dinero en una autopista subterránea para coches? ¿No sería más justo y eficiente inyectar esa inversión en un transporte público de excelencia, que reduzca el uso del automóvil y, por tanto, la contaminación y la congestión?

En Bizkaia, además, pende la sombra de la Supersur que comenzó con un presupuesto cercano a 450 millones de euros y terminó costando más de 1.100 millones, más del doble de lo previsto. Todo ello para una infraestructura que, a día de hoy, está cláramente infrautilizada y que no ha solucionado en modo alguno los atascos de la A-8. ¿Por qué creer que esta vez será diferente? El túnel subfluvial esetá encaminado a emular el mismo patrón, con revisiones al alza y un uso final muy inferior a las expectativas.

La lógica de “construir primero y luego ver cómo fluye el tráfico” ya fracasó con la Supersur. Aun así, la Diputación insiste en que no hay otra opción.

Efectos sociales y barreras urbanas

Esta obra afectaría directamente a barrios densamente habitados. El área de Artaza, en Leioa, alberga un instituto cuyas y cuyos estudiantes pueden sufrir ruidos y polución inasumibles durante los años de obras. El parque de Artaza, pulmón verde de la zona, se vería seriamente mermado. En la Margen Izquierda, la salida del túnel implicaría más tráfico y ruido en áreas residenciales de Sestao, ya castigadas históricamente por la polución industrial. En vez de “coser” barrios y fomentar la cercanía, se abriría otra vía rápida que fractura el espacio, resta calidad de vida a la población local y merma espacios de encuentro ciudadano.

Además, este proyecto perpetúa un modelo en el que el coche —esencialmente un privilegio de las personas con mayor poder adquisitivo— sigue siendo la base del transporte. Las personas con menores recursos o quienes no conducen se verán obligadas a respirar el aire sucio sin beneficiarse de la autopista subterránea. Mientras, ¿qué pasa con el transporte público? Se anuncia un hipotético ramal de metro en paralelo, pero sin más detalles y con escasas garantías. Esta supuesta “multimodalidad” es un mero lavado de cara que no cambia la esencia de la obra: una gran infraestructura para coches.

Falacia de la descongestión permanente

Quienes defienden el proyecto insisten en que el puente de Rontegi está saturado y que el túnel ofrecerá un paso alternativo que ahorrará atascos. En primer lugar, gran parte de la congestión que sufre Rontegi se produce en horas punta, cuando las y los trabajadores de ambas márgenes acuden a Bilbao. El túnel solo significará la posibilidad de elegir entre el atasco de una margen o el de la otra, pero no implica ninguna ruta adicional. Además, la experiencia indica que a medio y largo plazo no hará sino invitar a más coches a la carretera, generando de nuevo colapso en las nuevas infraestructuras. La paradoja de construir más carriles para paliar un problema que precisamente se alimenta del uso excesivo del automóvil se ha documentado en infinidad de estudios.

Por otro lado, conviene preguntarse si otros remedios —en especial un transporte público barato y frecuente— no resultarían más efectivos y muchísimo más económicos. Desdoblar infraestructuras es una jugada típica del siglo pasado, cuando se creía que el crecimiento económico y la prosperidad se medían en kilómetros de autopista.

Sostenibilidad y competitividad del territorio: un espejismo

Otra defensa pro-túnel apunta al supuesto impulso económico que recibiría la zona. Sin embargo, cada vez más ciudades europeas están optado por retirar vías urbanas y dedicar mayores esfuerzos a revitalizar espacios públicos, fomentar la bicicleta y el transporte público, y crear zonas de bajas emisiones. ¿El resultado? Centros urbanos más atractivos, vida comercial más vibrante y ciudadanos con mejor calidad de vida.

Bilbao corre el riesgo de retroceder si entierra decenas de millones en un paso subfluvial que perpetúe la tiranía del coche. La creación de empleo en la obra podría lograrse igualmente invirtiendo esos fondos en renovables, rehabilitación energética de edificios o ampliación de infraestructuras de transporte colectivo. ¿No sería más sensato apostar por un futuro alineado con la crisis climática y la demanda social de nuevas formas de movilidad?

Respuesta social: “No al subfluvial”

Las plataformas y colectivos contrarios —vecinales, ecologistas y estudiantiles— recalcan que no es un simple “no a todo”. Proponen una visión de futuro con menos coches, menos contaminación y más calidad de vida: transporte público mejor financiado, carriles bici bien conectados, medidas de pacificación del tráfico y planes de movilidad integral que reduzcan la dependencia del vehículo privado.

Insisten en la urgencia de repensar la planificación metropolitana para no colocar una autopista subterránea que condena a la ciudadanía a más emisiones, más gasto público y más ruinas urbanas en el futuro. Frente a argumentos forales sobre la necesidad de dar una salida “resiliente” al puente de Rontegi, voces expertas señalan que la verdadera resiliencia vendría de un cambio de modelo de movilidad, no de duplicar la red vial existente.

Invertir en soluciones verdaderamente sostenibles

El túnel subfluvial bajo la ría de Bilbao, con un coste astronómico y un horizonte de varios años de obras, ejemplifica el conflicto entre un modelo obsoleto y otro más coherente con las urgencias climáticas y sociales de nuestro tiempo. Mientras sus defensores predican beneficios en términos de descongestión y supuesta modernidad, el análisis de la experiencia global y las voces técnicas independientes advierten de que nos encontraremos ante otro caso de promesas incumplidas, gastos inflados y más coches en nuestras calles.

¿Realmente es el túnel el futuro que deseamos para Bilbao? Muchas personas sentimos que la respuesta es no. En pleno siglo XXI, cuando el planeta está al borde del colapso climático y la sociedad civil pide participación, sostenibilidad y cohesión, seguir apostando por infraestructuras faraónicas para el automóvil es totalmente anacrónico. La única vía que de verdad merece la pena excavar es aquella que nos lleve a una movilidad más sensata, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, no la que entierre la esperanza de tener ciudades menos contaminadas y más habitables.

¿Dinero de un familiar? Así se formaliza un préstamo sin problemas con Hacienda.

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Los préstamos entre familiares son una práctica común en Bizkaia y en el resto de España. Esta modalidad permite que miembros de una misma familia se presten dinero bajo condiciones acordadas mutuamente, sin la intervención de entidades financieras. Para que Hacienda no lo considere una donación, es esencial formalizar correctamente este tipo de préstamos.

Una de las principales ventajas de los préstamos familiares es la flexibilidad en las condiciones. A diferencia de los préstamos bancarios, donde las condiciones suelen ser estándar y menos adaptables, en un préstamo familiar las partes pueden negociar plazos de devolución, intereses (incluso establecer un interés del 0%) y otras condiciones que se ajusten a sus necesidades específicas. Además, al no existir intermediarios, se eliminan comisiones y gastos asociados que suelen acompañar a los productos bancarios.

Comparado con una donación, el préstamo presenta beneficios fiscales significativos. Las donaciones están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que puede ser considerable dependiendo de la cantidad y la relación entre las partes. En cambio, los préstamos entre particulares, si se formalizan adecuadamente, están sujetos pero exentos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), lo que implica que, aunque deben declararse, no generan una carga impositiva.

Para formalizar un préstamo entre familiares en Bizkaia, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Elaboración de un contrato de préstamo: Este documento puede ser privado o elevarse a público ante notario. Debe incluir, al menos: la identificación completa del prestamista y del prestatario (que debe tener su residencia en Bizkaia), el monto exacto del préstamo, el plazo y la forma de devolución, y el tipo de interés aplicado, si lo hubiera. Si no se aplican intereses, es crucial especificarlo para evitar presunciones fiscales.​ En cuanto al plazo, es importante tener en cuenta la edad del prestamista. Si se trata de una persona de edad avanzada, Haciendo no admitirá un plazo de devolución de décadas.
  2. Liquidación del ITP mediante el modelo 600: Aunque el préstamo esté exento de pago, es obligatorio presentar este modelo para informar a la administración tributaria, al cual habrá que adjuntar el contrato de préstamo firmado, copias de los DNIs de los firmantes y justificantes de la o las transferencias bancarias en las que queda reflejado el importe prestado

Este trámite debe realizarse en la Delegación de Hacienda de Bizkaia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la formalización del préstamo.

Es fundamental que las transferencias de dinero se realicen mediante medios que permitan su trazabilidad, como transferencias bancarias, para disponer de justificantes en caso de requerimientos futuros por parte de la administración.

También es relevante indicar que si el préstamo se ha formalizado correctamente y se va a utilizar para la adquisición de una vivienda habitual, las cantidades que se devuelvan anualmente pueden ser deducibles en la declaración de la renta, en los importes que se establezcan legalmente

Aunque se trata de un procedimiento relativamente sencillo, siempre es preferible contar con un asesoramiento especializado para evitar cometer errores en la tramitación que conlleven consecuencias fiscales no deseadas.

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Si trabajas por tu cuenta, deberías tener clara tu relación con tu Mutua.

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Cuando una persona decide emprender por cuenta propia y se da de alta como autónoma, comienza un viaje lleno de decisiones y pequeños grandes detalles legales que no siempre se explican bien. En un artículo anterior hablábamos de los distintos tipos de trabajadores autónomos que existen y cómo cada uno tiene sus particularidades. Hoy vamos a centrarnos en una de esas decisiones esenciales que se toma desde el minuto uno: la elección de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, más conocida como “mutua”.

Desde el mismo momento en que alguien se da de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tiene la obligación de contratar una mutua. No es algo opcional ni secundario. Este paso, aunque parezca meramente administrativo, tiene consecuencias muy prácticas en la vida profesional y en la salud de la persona autónoma. Las mutuas se encargan, de forma obligatoria, de gestionar las prestaciones económicas y sanitarias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, si en el desempeño de nuestra actividad sufrimos un accidente laboral o desarrollamos una patología ligada a nuestra profesión, será la mutua —y no el sistema público de salud como Osakidetza, en el caso del País Vasco— quien se encargue de la asistencia médica y del seguimiento.

Existe también la posibilidad de ampliar esta cobertura para que la mutua gestione, además, las incapacidades temporales derivadas de enfermedad común. Pero aquí sí hay un margen de decisión: esta cobertura no es obligatoria, aunque en muchos casos puede ser útil para agilizar trámites o unificar gestiones.

Lo importante es saber que se puede elegir libremente qué mutua se quiere contratar, y que esta decisión no conlleva ningún coste adicional. Se trata de una cobertura que ya está contemplada dentro de la cotización que se paga mensualmente como persona autónoma.

Ahora bien, y aquí viene un punto que suele generar confusión: si se sufre un accidente relacionado con el trabajo o una enfermedad profesional, no debemos acudir directamente al ambulatorio de nuestro barrio o al hospital público. Lo correcto es acudir a la mutua con la que estamos asociados. Si en ese momento, por desconocimiento o por inercia, vamos a Osakidetza, lo que ocurrirá es que nos atenderán —porque la sanidad pública nunca da la espalda—, pero después nos llegará una factura. Esa factura deberá ser derivada a la mutua, lo cual genera papeleo innecesario y, en ocasiones, algún que otro quebradero de cabeza.

Elegir la mutua adecuada es un paso más de ese mapa de decisiones que cualquier persona que emprende necesita recorrer. Puede parecer un trámite menor, pero en el momento en que surgen problemas de salud, se convierte en una pieza clave. Como suele ocurrir con la prevención, tener las cosas bien atadas desde el principio es lo que permite trabajar con tranquilidad después.

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La objeción fiscal a los gastos militares, más necesaria que nunca.

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Cada primavera, cuando toca rendir cuentas a Hacienda, hay quienes no solo presentamos nuestra declaración del IRPF con rigor, sino también con conciencia. En Bizkaia, y en toda España, un grupo creciente de personas optamos por practicar la objeción fiscal a los gastos militares, una forma de desobediencia civil pacífica que cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por una preocupante escalada belicista a nivel global.

¿De qué se trata exactamente? La objeción fiscal consiste en desviar una parte simbólica de los impuestos —habitualmente entre 40 y 100 euros— que, en lugar de financiar el gasto militar del Estado, se destinan a proyectos sociales y de construcción de paz. Esta acción no pretende eludir impuestos, sino redirigirlos con un propósito ético. Quienes la practicamos asumimos con total transparencia esta decisión, comunicándola tanto a Hacienda como a la ciudadanía.

En Bizkaia, esta práctica tiene una larga tradición dentro de los movimientos antimilitaristas. Este año, sin embargo, hay un clima distinto. El aumento del presupuesto militar en los Presupuestos Generales del Estado, el rearme de Europa y la creciente normalización del lenguaje bélico en la política y los medios hacen que cada gesto de objeción gane peso. No se trata solo de rechazar la guerra con palabras, sino de hacerlo también con hechos, con el dinero de nuestros impuestos.

¿Y cómo se hace? El proceso es perfectamente abordable.

En la declaración de la renta, se calcula el importe simbólico que se quiere objetar —sin que ello afecte de forma significativa al resultado final— y se realiza un ingreso de ese importe a una entidad o proyecto social alternativo, como puede ser una asociación de derechos humanos, una red de ayuda mutua o un colectivo ecologista.

A continuación, en el borrador de nuestra declaración, vamos al apartado de nuevo concepto e incluimos en «sindicatos y partidos políticos» en concreto en partidos políticos, una nueva aportación equivalente a 5 veces la que hemos realizado al proyecto social de nuestra elección. De este modo, se deducirá de nuestro IRPF el 20% de esa anotación, es decir, exactamente la cantidad que hemos donado.

Además aportaremos el justificante de la donación y una carta explicando nuestros motivos. Por último, registraremos nuestra objeción en la lista del movimiento para que lo puedan contabilizar cuando se den los datos de la campaña.

Todo ello está perfectamente explicado en la web del movimiento en Euskadi, e incluso se puede pedir cita para que nos ayuden con el proceso. Si alguien quiere hacerlo y necesita una mano con los pasos, con los textos o simplemente con entender bien el procedimiento, puede escribirme sin problema. Porque hacerlo en compañía siempre es más fácil y más potente.

Cada vez que se dispara un misil, se recortan fondos para escuelas, hospitales o políticas sociales. Por eso, si compartes el rechazo a la guerra, si sientes que no puedes seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta el gasto en armas, es el momento de actuar. No basta con indignarse en redes sociales o con comentar lo mal que va el mundo con la cuadrilla. Transformar esa indignación en una acción concreta, aunque parezca pequeña, tiene un valor enorme. La objeción fiscal es una forma directa, coherente y pacífica de decir basta. Porque lo que no se financia, no se perpetúa.

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Claves de la regularización de bases de cotización para autónomos.

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Si hay algo que nunca falla en el mundo de las personas autónomas es la capacidad del calendario fiscal y administrativo para sorprender… incluso cuando ya creías que habías cerrado el año. Esta vez, la protagonista inesperada es la Seguridad Social, que ha empezado a pasar revista a las bases de cotización del año 2023. Sí, la famosa regularización ya está aquí, y aunque el nombre suene poco seductor, lo cierto es que entender cómo funciona puede evitarnos más de un disgusto (y quizá hasta una devolución agradable).

Desde enero del año pasado, las reglas del juego cambiaron: ahora las cuotas no se eligen a dedo, sino que deben basarse en los ingresos reales de cada persona trabajadora autónoma. La idea es sencilla en teoría —quien gana más, cotiza más; quien gana menos, cotiza menos—, pero su puesta en práctica tiene su aquel. Durante 2023, cada persona comunicó una previsión de rendimientos netos, y en base a eso, se asignó una base de cotización mensual.

Pero claro, prever lo que se va a ganar no es ciencia exacta, y mucho menos en un entorno donde los ingresos bailan al ritmo de la temporada, el mercado o los imprevistos. Ahora que Hacienda ya tiene todos los datos fiscales del año cerrado, la Seguridad Social cruza cifras, hace sus cuentas y comprueba si lo que se cotizó coincide con lo que realmente se ingresó.

¿Cómo hacen el cálculo? Pues empiezan por los rendimientos netos declarados en el IRPF: ingresos menos gastos deducibles y le suman las cotizaciones realizadas. A esa cifra se le resta un 7% (o un 3% si hablamos de autónomos societarios), como forma de cubrir gastos que quizás no se hayan declarado pero son habituales. El resultado se divide entre 12 y se encaja dentro de una tabla de tramos mensuales, que determina la base mínima y máxima de cotización que te tocaba por ley.

Si durante el año estuviste cotizando por debajo del tramo que te corresponde, ahora toca ajustar y pagar la diferencia. Si, por el contrario, pagaste de más, enhorabuena: te devuelven la parte correspondiente. En ambos casos, la notificación llega por medios electrónicos (así que ojo al buzón digital) y se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones si crees que hay algún error.

Más allá del susto inicial que puede dar recibir una notificación oficial, este sistema busca que las aportaciones al sistema público sean más proporcionales y realistas. Para muchas personas autónomas con ingresos modestos o irregulares, puede suponer un alivio pagar cuotas más ajustadas. Y para quienes hayan crecido más de lo esperado, es una forma de contribuir en consonancia con su situación.

Eso sí, como en casi todo lo administrativo, la complejidad se convierte en la norma, así que contar con una persona asesora de confianza puede marcar la diferencia entre entender el ajuste o vivirlo como un jeroglífico indescifrable.

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Deducciones del IRPF que quizá no sabías que existían.

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Cuando llega el momento de enfrentarse a la declaración de la renta, muchas personas dan por hecho que ya lo saben todo: ingresos, retenciones, cuatro deducciones típicas… y listo. Pero lo cierto es que, sobre todo en territorios con normativa propia como Bizkaia, existen una serie de deducciones y bonificaciones que no son tan conocidas y que pueden marcar una diferencia significativa en el resultado final.

Uno de los casos más habituales —y a menudo mal calculados— es el de la venta de un inmueble. Cuando se transmite una vivienda, el resultado fiscal no es simplemente restar el precio al que se compró al precio al que se vende. El valor de adquisición puede incrementarse con todos aquellos gastos asociados a la compra: notaría, registro, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, obras de mejora (si están acreditadas con factura), entre otros. Y el valor de venta también se puede reducir con los gastos vinculados a esa transmisión: la plusvalía municipal, la comisión de la inmobiliaria o de la agencia que haya gestionado la venta, e incluso los honorarios de asesoría fiscal. Todo ello contribuye a reducir la ganancia patrimonial que tributa y, por tanto, el importe a pagar.

Otra situación frecuente se da cuando se tiene un inmueble alquilado. Muchas personas no saben que, si están pagando una hipoteca por ese inmueble, los intereses del préstamo son fiscalmente deducibles. Y no solo eso: salvo en el caso de alquiler de vivienda habitual, en el que hacienda aplica directamente un porcentaje de reducción de los ingresos, en el resto de casos también son deducibles otros gastos relacionados con el mantenimiento del inmueble, como el seguro, las reparaciones o los impuestos municipales. Lo importante es poder acreditar que ese gasto está vinculado a la generación de ingresos por alquiler.

Siguiendo con las viviendas, hay quienes han recurrido a préstamos familiares —normalmente entre progenitores e hijos— para adquirir su vivienda habitual. Si ese préstamo se ha formalizado por escrito y se han ido realizando amortizaciones, estas pueden deducirse de la misma manera que lo harían las cuotas de una hipoteca tradicional. Una opción interesante y legal que, sin embargo, se queda muchas veces fuera del radar por simple desconocimiento.

La situación personal también puede influir más de lo que se cree. Las personas que están separadas o solteras, y tienen hijas o hijos menores de 18 años a cargo, no solo pueden incluirlos en la declaración para obtener la bonificación por descendencia, sino que, además, pueden optar por realizar la declaración conjunta con uno de ellos. En muchos casos, esto puede suponer un ahorro considerable en la cuota. Es una opción especialmente útil para quienes no conviven con la otra parte progenitora o tienen una custodia exclusiva.

Y por último, pero no menos importante, si se está obligado a pagar una pensión compensatoria o una pensión de alimentos como consecuencia de una separación, esos importes también pueden reducir la base imponible. Eso sí, siempre que estén recogidos en resolución judicial o convenio regulador. Se trata de una deducción que no elimina la obligación, pero sí alivia su impacto fiscal.

Aprovechar todas estas posibilidades no es hacer “trampas” ni buscar resquicios. Es, simplemente, conocer bien las reglas del juego y aplicarlas a nuestro favor. Al fin y al cabo, nadie debería pagar más de lo que le corresponde por desconocimiento, y acudir a una asesoría experta puede evitar que te suceda.

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¿Ansiedad climática? ¡No te deprimas, organízate!

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Hoy en día, las noticias sobre incendios forestales, sequías extremas, la pérdida alarmante de biodiversidad o la insoportable inacción frente a la crisis climática pueden volverse abrumadoras. Este bombardeo informativo despierta en muchas personas un sentimiento de angustia o “ecoansiedad”. Como activista climático, me he encontrado con esa ansiedad muchas veces. Sin embargo, en lugar de dejarme paralizar, intento utilizarla como un impulso para la acción. Si sientes lo mismo, comparto algunas ideas contigo:

La ansiedad climática es una respuesta emocional comprensible ante una crisis global. Significa que te importa el planeta y las personas que lo habitan. Pero, en vez de dejarnos llevar por el miedo o por la depresión, tenemos que convertir esa angustia en determinación. Recuerda: la desesperación sin acción nos paraliza; la preocupación convertida en compromiso nos mueve a actuar.

Es fundamental informarse sobre la realidad del cambio climático, pero hay una delgada línea entre la conciencia y la sobreexposición. A mi me ha servido buscar fuentes confiables como informes científicos y organizaciones ambientales sólidas y evitar quedarme enganchado solo en noticias negativas. Y complementar esa información con historias de éxito y progresos en acción climática, que también los hay.

Para revertir el rumbo de colisión que llevamos, no bastan ni de lejos las apelaciones a la responsabilidad individual. Todo lo que hagas en tu vida diaria, está fenomenal y es imprescindible, pero solo eso no va a hacer que cambie la situación. De hecho, realmente este es parte del problema de la «ecoansiedad», ya que se pretende llevar al terreno individual lo que realmente es una responsabilidad estructural y de sistema.

Por eso es imprescindible que, además de todo lo que puedas hacer en tu día a día (con las contradicciones que conlleva la imposibilidad de salir del sistema), tomes parte para lograr cambios estructurales y sistémicos.

Únete a grupos locales de activismo, a organizaciones juveniles o profesionales que trabajan en sostenibilidad, y a redes globales que impulsan la transición ecológica. Compartir metas comunes, ideas y experiencias ayuda a aliviar la carga emocional y, sobre todo, a sumar esfuerzos que marcan la diferencia.

La lucha contra el cambio climático requiere una variedad de competencias: desde la investigación y la educación ambiental hasta la comunicación y la participación política. Identifica qué te apasiona y dónde tus habilidades pueden ser más útiles. ¿Eres bueno con datos? Aporta investigando e interpretando información técnica. ¿Te gusta el activismo en redes? Colabora en campañas de divulgación. Hay un lugar para cada talento en la acción climática.

Por supuesto, es importante no descuidar el bienestar personal. Practica actividades que te ayuden a reconectar con el presente y te brinden esperanza: caminar en la naturaleza, hacer ejercicio, compartir tiempo con tus seres queridos o dedicarte a un pasatiempo que te apasione. El autocuidado no es egoísta; es necesario para sostener la lucha a largo plazo.

En un mundo perfecto, los grandes cambios se darían de forma inmediata, pero la realidad nos muestra un camino más lento y complejo. Por eso, celebrar los pequeños pasos es crucial. Cada árbol plantado, cada nueva persona que comprende la importancia de cambiar el sistema, cada política pública con enfoque ambiental cuenta y merece reconocimiento.

Renta en Bizkaia: cómo revisar el borrador y no pagar de más.

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Cada primavera, con la llegada del buen tiempo, también llega un ritual ineludible para miles de contribuyentes en Bizkaia: la campaña de la renta. Y aunque el proceso es cada vez más digital y automatizado, no por ello deja de generar dudas, especialmente cuando se trata de revisar los datos que Hacienda Foral de Bizkaia pone a disposición a través del borrador de declaración. La campaña de este año, correspondiente al ejercicio 2024, arranca mañana 10 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2025. Un plazo más que razonable, pero que conviene no dejar para última hora.

Como en años anteriores, la Hacienda Foral enviará a muchas personas contribuyentes un borrador de declaración, accesible a través de la sede electrónica o mediante el sistema de Renta Etxean, que permite consultar y aceptar la propuesta desde casa. La comodidad es evidente: con apenas unos clics, puede presentarse la declaración si todo está correcto. Sin embargo, ahí es donde conviene hacer una pausa. Porque no siempre todo está tan correcto como parece.

Una de las claves del proceso reside precisamente en entender que el borrador es una propuesta, no un diagnóstico definitivo. Hacienda cruza los datos que tiene, pero eso no significa que todos los aspectos personales y patrimoniales estén reflejados de forma precisa. Hay situaciones que, por su complejidad o por la forma en que se comunican al sistema tributario, tienden a generar errores u omisiones. Un ejemplo habitual es el de la venta de un inmueble. En estos casos, el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial depende de factores como el valor de adquisición, las mejoras realizadas o los gastos asociados a la compraventa. No es raro que el borrador no los tenga todos en cuenta, lo que puede derivar en una liquidación inexacta.

Lo mismo ocurre con la venta de acciones o participaciones en fondos de inversión, donde la tributación depende de los precios de compra y venta, comisiones, o incluso del método de valoración si ha habido compras sucesivas. Otro caso delicado es el de los nuevos alquileres: cuando se ha empezado a alquilar una vivienda recientemente, el borrador puede no recoger todos los ingresos o deducciones posibles, como gastos deducibles o amortizaciones.

Este tipo de situaciones no solo requieren atención, sino también conocimiento técnico para resolverlas correctamente. Por eso, aunque la tentación de aceptar el borrador tal cual es grande —por rapidez, por confianza o por no complicarse—, contar con el apoyo de un asesoramiento experto puede marcar una gran diferencia. Por una cantidad pequeña (en el caso de Euskoasesores puede ir desde los 70€ a los 150€, según el grado de complejidad), se puede ajustar la declaración para que refleje fielmente la realidad económica de cada contribuyente. Al fin y al cabo, se trata de pagar lo que corresponde, ni más ni menos.

En Bizkaia, donde el modelo foral otorga competencias propias a la Hacienda local, conviene recordar que el procedimiento tiene sus particularidades y no debe confundirse con el de la Agencia Tributaria estatal. De ahí que la información y el acompañamiento adecuado cobren aún más valor, sobre todo en un contexto en el que cada año se incorporan pequeñas novedades, como mejoras en la interfaz digital, nuevas deducciones aplicables o cambios normativos que afectan a determinados colectivos.

Este 2025, más allá de las herramientas tecnológicas, lo que sigue siendo clave es la revisión cuidadosa de los datos y una mirada experta que evite sorpresas futuras. La declaración de la renta no es solo un trámite: es también una fotografía del año fiscal, y conviene que salga bien enfocada.

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