Batuz-TicketBAI y Kit Digital, dos caminos para ponerse al día (y evitar sorpresas)

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Las personas que gestionan un pequeño negocio en Bizkaia saben que el día a día está lleno de retos. Clientes, facturas, pedidos, conciliación, trámites… y, desde hace un tiempo, una nueva urgencia se ha colado en la agenda: la digitalización. No solo como una herramienta de mejora, sino como una obligación regulatoria. En este contexto, dos iniciativas se entrecruzan este 2025 con fuerza: la implantación definitiva del sistema Batuz-TicketBAI y la segunda fase del Kit Digital.

Una representa un mandato foral ineludible; la otra, una oportunidad subvencionada para dar el salto tecnológico. Y lo más interesante: con un poco de planificación, pueden alinearse para que lo obligatorio sea también rentable.

¿Qué es Batuz-TicketBAI y por qué no se puede dejar para el último momento?

Batuz-TicketBAI es el sistema de control de facturación y declaración tributaria que será obligatorio en Bizkaia para todas las personas autónomas y entidades a partir del 1 de enero de 2026. Pero ojo porque para muchas actividades, el plazo de obligatoriedad es anterior. Lo mejor es que consultes directamente en esta web para saber cuándo te corresponde obligatoriamente implementar este sistema. Para quienes aún no es obligatorio, hay plazos de adopción voluntaria e incentivos previos durante 2025. Este sistema, desarrollado por la Hacienda Foral, obliga a utilizar un software de facturación certificado que garantice la trazabilidad de las operaciones y evite la economía sumergida.

El sistema incluye tres piezas clave:

  1. Factura con código TBAI y código QR visible para quien recibe el servicio.
  2. Firma electrónica y envío automático de cada factura a Hacienda.
  3. Libro registro de operaciones económicas (LROE) actualizado en tiempo real.

Desde julio de 2022 se han ido incorporando sectores de forma progresiva. Sin embargo, a partir del 2025 se espera una aceleración en las incorporaciones voluntarias con beneficio fiscal: hasta un 30% de deducción en el IRPF o el Impuesto de Sociedades por los gastos asociados a la implantación del sistema.

Pero también hay riesgos. A partir del 1 de enero de 2026, quien no lo tenga operativo se expone a sanciones por cada factura emitida sin cumplir con el sistema, según lo establece el Decreto Foral Normativo 3/2020.

Kit Digital Fase 2: un salvavidas para digitalizar con apoyo económico

El Kit Digital es una iniciativa estatal (gestionada por Red.es y cofinanciada por fondos europeos) que ofrece bonos para cubrir servicios de digitalización. En esta segunda fase, dirigida a empresas de entre 3 y menos de 10 personas empleadas, se pueden obtener hasta 6.000 euros de ayuda.

Los requisitos básicos para acceder al bono son:

  • Estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social.
  • Tener el domicilio fiscal en España.
  • Disponer de una antigüedad mínima de seis meses.
  • Realizar el test de autodiagnóstico digital en la plataforma AceleraPyme.

Los gastos subvencionables incluyen desde la creación de páginas web hasta la implantación de software de gestión, ciberseguridad o facturación electrónica. Y aquí es donde aparece la conexión con Batuz: si se elige un software de facturación que cumpla TicketBAI y es implantado por un agente digitalizador autorizado, puede financiarse con el bono del Kit Digital.

Miniguía práctica: cómo alinear Batuz y Kit Digital sin dolores de cabeza

  1. Revisar el calendario del Batuz: aunque la obligación es para 2026, cuanto antes se empiece, mejor se aprovechan las deducciones fiscales.
  2. Realizar el test digital en AceleraPyme: es rápido y permite obtener el diagnóstico para solicitar el Kit Digital.
  3. Buscar un software certificado que cumpla con TicketBAI y esté incluido en el catálogo del Kit Digital. Muchas asesorías vizcaínas ya trabajan con estas soluciones. Si lo prefieres, puedes utilizar el software gratuito de la propia Diputación.
  4. Solicitar el bono digital (si se cumplen los requisitos de la fase 2) a través de www.acelerapyme.es.
  5. Elegir un agente digitalizador que conozca la normativa de Bizkaia y garantice el cumplimiento de ambas iniciativas.
  6. Implantar y guardar justificantes: tanto de las facturas del proveedor como de la correcta puesta en marcha. Esto evitará tener que devolver la ayuda más adelante.
  7. Consultar con una asesoría de confianza que conozca la normativa foral (por ejemplo, desde la Red de Oficinas de Transformación Digital de SPRI o desde la propia Diputación Foral de Bizkaia).

No esperes al último trimestre

El cruce de caminos entre Batuz-TicketBAI y Kit Digital es una oportunidad única. Una obliga, la otra ayuda. Pero juntas permiten cumplir la ley, mejorar procesos y reducir costes si se gestiona con antelación.

Quien emprende o gestiona una pyme en Bizkaia tiene por delante meses clave. Los plazos no se detendrán, y la digitalización no tiene marcha atrás. Anticiparse, consultar a asesorías locales y preparar la documentación puede marcar la diferencia entre una adaptación tranquila… o un sprint caótico de última hora.

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Cómo iniciar una actividad como persona trabajadora autónoma y no morir en el intento,

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Darse de alta como persona trabajadora autónoma en Bizkaia es, para muchas, el primer paso hacia una aventura profesional propia, con todas las incertidumbres y también con ese cosquilleo en el estómago que aparece cuando se toma la decisión de emprender. Pero aunque la ilusión es imprescindible, no basta. Hace falta comprender bien los pasos, las ayudas disponibles y cómo moverse entre formularios, administraciones y normativas que, a veces, parecen pensadas para poner a prueba la paciencia de cualquiera.

El primer paso es registrarse como autónomo o autónoma. Para ello hay dos trámites fundamentales: el alta en Hacienda y el alta en la Seguridad Social. En la Hacienda Foral de Bizkaia, hay que presentar el modelo 036 para comunicar el inicio de actividad. Es importante elegir bien el epígrafe del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) que se ajusta a la actividad que se va a desarrollar. Al mismo tiempo, hay que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Seguridad Social. A partir de ese momento, comienza la obligación de cotizar, aunque existe la opción de acogerse a la conocida “tarifa plana”, que puede reducir significativamente la cuota mensual durante los primeros doce meses.

Necesitarás también obtener un certificado digital, siendo el de la FNMT uno de las más recomendables ya que no tiene coste y es válido para todas las administraciones.

Para quienes están en situación de desempleo, existe además una herramienta muy útil para comenzar: la capitalización del paro, también llamada “pago único”. Esta medida permite recibir de forma anticipada y en un solo pago la prestación contributiva pendiente, con el objetivo de invertirla en el arranque de la actividad. También se puede optar por una fórmula alternativa que es usar dicha capitalización para cubrir las cuotas a la Seguridad Social. Esta segunda opción es muy interesante ya que no requiere presentar ningún plan de empresa, ni justificación de inversiones como en el caso anterior. También se puede optar por una fórmula mixta entre ambas. El trámite se gestiona a través del SEPE.

Además, la Diputación Foral de Bizkaia ofrece apoyo económico directo a las personas que inician un proyecto profesional por cuenta propia. Una de las ayudas más relevantes es la subvención al inicio de actividad económica, que puede llegar hasta los 5.000 euros. El importe varía según el perfil de quien lo solicita, dando prioridad, por ejemplo, a personas jóvenes, mayores de 45 años o pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción. Para optar a esta ayuda, es necesario inscribirse antes de estar de alta como autónomo o autónoma y posteriormente hacer un sencillo curso online y presentar un plan de inicio del negocio. La ayuda se concede en dos plazos y no requiere justificación posterior.

Emprender nunca ha sido sencillo, pero hacerlo con una hoja de ruta clara y con el respaldo de los recursos adecuados puede marcar la diferencia. En Bizkaia, hay herramientas para dar ese salto con algo más que intuición y entusiasmo. Con información, previsión y un buen acompañamiento profesional, las posibilidades de consolidar un proyecto crecen de forma notable.

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Mi aventura con los cómics climáticos: conciencia, aprendizaje y diversión.

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Mi activismo climático comenzó hace ya varios años, cuando tomé conciencia de la urgencia de actuar para frenar la degradación de nuestro planeta. Desde entonces, colaboro activamente en varias organizaciones, en especial con Greenpeace y he participado en manifestaciones, acciones diversas, charlas y reuniones. Sin embargo, hay un interés que seguramente no conocéis: mi afición por coleccionar cómics de temática climática. Y es que los cómics ofrecen un formato único para explicar cuestiones complejas de manera amena, atractiva y, sobre todo, muy cercana.

Uno de los títulos que me abrió los ojos respecto al potencial divulgativo de este medio es “Cambio de Clima: un ensayo gráfico (y autobiográfico) sobre el cambio climático”, de Philippe Squarzoni. En esta obra, el autor narra su proceso personal de investigación sobre el calentamiento global, ofreciendo datos científicos actualizados y un relato íntimo de cómo estos hallazgos transforman su modo de ver el mundo. Lo que más me impactó fue la forma en que Squarzoni combina la rigurosidad del ensayo con un estilo narrativo muy personal, demostrando que la ciencia puede abordarse desde un lugar cercano y humano.

Otro cómic que merece mención es “Ecotopías”, publicado por Greenpeace y creado por varios autores. A través de historias cortas e ilustraciones muy variadas, este libro explora diferentes futuros posibles —positivos y negativos— en función de cómo actuemos hoy en relación con el medioambiente. La palabra “ecotopía” hace referencia a utopías ecológicas, y las viñetas presentan escenarios donde la humanidad ha aprendido a convivir en armonía con el planeta, pero también escenarios donde la inacción conduce a un colapso ecológico. Para mí, esta antología pone en evidencia el poder de la imaginación para inspirar cambios reales y urgentes.

Otro imprescindible en mi colección es “El mundo sin fin”, de Christophe Blain —realizado en colaboración con el reputado científico Jean-Marc Jancovici—. En sus páginas, encontramos un diálogo constante entre un dibujante y un experto en energía y cambio climático, que se traduce en un cómic didáctico, entretenido y lleno de humor. Lo más interesante es cómo el cómic ilustra gráficamente conceptos a veces complejos: desde la huella de carbono hasta la crisis energética. Así, consigue que cualquier lector, sin importar su formación, pueda entender en qué consiste el problema y qué soluciones se barajan a nivel global.

Por último, quisiera mencionar “Lluvia”, de Mary M. Talbot. Esta obra relata la lucha de dos personajes que se involucran en campañas medioambientales, mientras viven los efectos del cambio climático en su región. A través de sus vivencias, el cómic muestra la compleja realidad de las protestas, la presión social y el poder que puede ejercer la ciudadanía cuando decide unirse por una causa común. En lo personal, “Lluvia” me hizo reflexionar sobre cómo las acciones individuales y comunitarias pueden sumar y generar un impacto mucho mayor de lo que solemos imaginar.

Lejos de ser “cosas de niños”, estos cómics demuestran el inmenso potencial de la narrativa gráfica para transmitir mensajes profundos y urgentes. Leerlos es una manera de aprender, de empatizar con personajes e historias que reflejan, en mayor o menor medida, los desafíos que afrontamos como sociedad. Además, resulta un aliciente para seguir luchando por proteger nuestro hogar común. Si estás buscando una forma diferente de sumergirte en la crisis climática y sus posibles soluciones, no dudes en darle una oportunidad a estos títulos. ¡Descubrirás un universo lleno de creatividad, información y, sobre todo, esperanza en el cambio!

De la herencia al alquiler: pasos clave para mantener un inmueble arrendado entre varias personas herederas.

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Recibir una herencia puede suponer un cambio relevante no solo a nivel personal, sino también en el plano jurídico y fiscal. En un artículo anterior ofrecimos algunas claves básicas sobre cómo gestionar una herencia, pero en esta ocasión nos centramos en una situación concreta que genera muchas dudas prácticas: cuando lo heredado incluye un inmueble arrendado —ya sea un local o una vivienda— y las personas herederas desean mantener el alquiler activo. Siempre que se haya realizado la adjudicación de la herencia, lo habitual es que se deba constituir una comunidad de bienes para poder gestionar de forma adecuada los ingresos y las obligaciones derivadas del arrendamiento.

La comunidad de bienes no es una figura jurídica especialmente compleja, pero sí requiere seguir ciertos pasos formales. En Bizkaia, como en el resto del Estado, basta con que las personas comuneras formalicen un documento privado en el que se recojan sus datos, la identificación del bien inmueble, los porcentajes de participación y el acuerdo de constituir la comunidad para gestionar conjuntamente ese patrimonio. No es necesario otorgar escritura pública, salvo que se desee elevar a público el acuerdo. Eso sí, será imprescindible obtener un NIF para la comunidad de bienes ante la Agencia Tributaria Foral, lo cual se hace mediante la presentación del modelo 036 y la documentación acreditativa correspondiente.

Desde el punto de vista fiscal, la comunidad de bienes no tributa por el Impuesto sobre Sociedades, ya que no tiene personalidad jurídica propia a efectos fiscales. No obstante, sí debe presentar anualmente el modelo 184, en el que se detallan los ingresos y gastos atribuibles a cada comunero. Este modelo actúa como una declaración informativa, y su contenido será clave para que cada persona comunera pueda imputar correctamente sus rendimientos en su declaración de la renta.

Además, la comunidad puede tener que emitir facturas, llevar un libro registro de ingresos y gastos, presentar las declaraciones trimestrales y el resumen anual del IVA y cumplir con la obligación de presentar el modelo 347 si se superan ciertos límites en las operaciones con terceros. Si el bien arrendado es un local, y la parte arrendataria es una persona jurídica, se deberá incluir en las facturas del arrendamiento la correspondiente retención por el IRPF.

Pero la cuestión clave para muchas personas es cómo se imputa el rendimiento del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de Bizkaia, las rentas generadas por el arrendamiento se atribuyen directamente a cada persona comunera en función de su porcentaje de participación. Es decir, no se tributa a través de la comunidad, sino que cada quien declara su parte proporcional del rendimiento neto en el IRPF, aplicando las deducciones o reducciones que correspondan. El cálculo del rendimiento sigue las reglas generales: se parte del ingreso bruto del alquiler, se restan los gastos deducibles (como el IBI, seguros, gastos de conservación, etc.) y el resultado se reparte entre los comuneros según su cuota.

Este tipo de situaciones, aunque frecuentes, plantea retos de coordinación entre las personas herederas. No basta con estar de acuerdo en continuar con el arrendamiento: es necesario organizarse correctamente para cumplir con todas las obligaciones y evitar sanciones. Además, conviene revisar con detalle los contratos de arrendamiento en vigor, valorar si es necesario adaptarlos y asegurarse de que la comunidad de bienes queda correctamente identificada en ellos.

A veces, lo que parecía un simple “papeleo” tras una herencia se convierte en una pequeña estructura de gestión colectiva. En estos casos, contar con un asesoramiento adecuado desde el inicio puede marcar la diferencia entre una administración tranquila del patrimonio y una fuente continua de dudas o conflictos.

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Del «lo alquilo y punto» al «lo votamos en junta»: revolución en la Ley de Propiedad Horizontal.

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Hasta hace poco, transformar una vivienda en un piso turístico era casi tan sencillo como colgar el anuncio en una plataforma online, inflar un poco las fotos y esperar la avalancha de reservas. Pero desde el 3 de abril, este juego ha cambiado. La reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal introduce un giro decisivo: ahora, quienes quieran dedicar su vivienda al alquiler turístico necesitarán el consentimiento expreso de la comunidad de vecinos.

El nuevo artículo 17.12 de la ley incorpora una exigencia que puede marcar un antes y un después en la convivencia vecinal. Ya no basta con cumplir la normativa autonómica o municipal. A partir de ahora, la comunidad tiene voz y voto, y no precisamente simbólico. Será necesaria una mayoría de tres quintas partes del total de propietarios —que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación— para autorizar este tipo de actividad en el edificio. La comunidad gana así una herramienta real para protegerse de los efectos colaterales del turismo descontrolado.

Este cambio llega tras años de quejas por parte de vecindarios que han visto cómo su día a día se desdibujaba entre maletas con ruedas a todas horas, fiestas inesperadas en martes por la noche y un goteo constante de caras desconocidas en el portal. En ciudades como Bilbao, donde el equilibrio entre el dinamismo turístico y la vida de barrio es especialmente delicado, la medida promete devolver algo de control a quienes de verdad habitan y cuidan los espacios comunes.

La ley no prohíbe el alquiler turístico, pero introduce una condición lógica: que se haga con el acuerdo del conjunto. Porque no es lo mismo vivir al lado de una familia con la que te cruzas cada mañana en el ascensor, que al lado de un apartamento con inquilinos distintos cada 48 horas. Esta modificación busca precisamente eso: restaurar un mínimo de estabilidad y convivencia.

Por supuesto, no faltarán voces que hablen de intervención o de trabas al emprendimiento. Pero no se trata de poner barreras, sino de reequilibrar derechos: el de quien quiere alquilar con fines turísticos y el de quienes quieren vivir con tranquilidad.

Así que, si alguien está pensando en lanzarse a la aventura del alquiler turístico, mejor que primero prepare dos cosas: una buena estrategia… y una junta de propietarios.

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Un túnel hacia el pasado.

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Quienes se hayan movido por la zona de la ría del Nervión, en Bizkaia, habrán notado que a menudo el tráfico por el puente de Rontegi y los accesos a Bilbao es denso, casi asfixiante. Ante la saturación, la Diputación Foral de Bizkaia ha planteado la construcción de un túnel subfluvial, una infraestructura de más de 400 millones de euros que atravesaría la ría para enlazar ambas márgenes. ¿La finalidad? Teóricamente, aligerar el puente de Rontegi y “mejorar la movilidad”. Sin embargo, el proyecto está cosechando fortísimas críticas que muestran graves riesgos ambientales, sociales y económicos, sin aportar soluciones reales a la congestión. ¿Merece la pena invertir semejante dineral para encaminar Bilbao y su ría, literalmente, hacia más tráfico?

Un proyecto gestado sin transparencia ni participación real

Lo primero que hay que señalar, como hacen las plataformas ciudadanas opuestas, como Subflubiala EZ!, es la falta de participación en todo este proceso. La idea de un túnel carretero bajo la ría no es nueva: se planteó hace años y se descartó por costosa y compleja. Ahora, el gobierno foral la ha desempolvado y la ha presentado como algo cerrado, sin un debate público ni evaluaciones comparativas con posibles alternativas. Se han recibido alegaciones, sí, pero la decisión política ya estaba tomada y la Diputación, lejos de fomentar el diálogo, va sellando los documentos formales de manera implacable.

En un momento en que se promueve la participación ciudadana y la planificación transparente, este procedimiento despierta indignación. ¿Por qué tal prisa en una inversión tan enorme si hoy día existen soluciones más eficientes, menos contaminantes y más económicas para mejorar la movilidad? ¿Por qué no optar por medidas más audaces en materia de transporte público?

Impacto ambiental contradictorio con la lucha contra el cambio climático

El segundo eje de las críticas es el aumento en emisiones de CO₂ y en contaminación atmosférica que traería el túnel. Aunque sus promotores argumentan que podría reducirse el recorrido de muchos coches y, por tanto, bajar las emisiones, la realidad (y la experiencia en otras infraestructuras similares) indica claramente que construir más vías para el coche genera siempre un “efecto llamada”: más conductores se animan a usar el vehículo privado, y al final, la supuesta disminución de atascos acaba esfumándose.

Este incremento en la circulación se traduce en más gases de efecto invernadero y polución. Justo cuando Euskadi y el mundo han declarado la emergencia climática, se comete la incoherencia de levantar una infraestructura que refuerza el uso del coche. Dado que el transporte es el responsable de un tercio de las emisiones de CO₂, apostar por el vehículo privado va en dirección contraria a la sostenibilidad. Para colmo, se modificarían zonas naturales de la ribera y se afectaría un parque urbano, lo que acentúa el rechazo de la ciudadanía.

Un gasto desproporcionado de 400 millones (y subiendo)

Uno de los argumentos más contundentes contra el proyecto es el enorme coste público, que oscila entre los 450 millones y los 600 millones de euros, según se vayan concretando los detalles y ajustando los precios de la construcción. Para poner esto en perspectiva: en 2023, mantener el descuento del 50% en el transporte público en Bizkaia tuvo un coste aproximado de 11 millones de euros. Con esos 450-600 millones que se pretende destinar al túnel, se podrían sostener entre 40 y 60 años de descuentos en el transporte colectivo, beneficiando así a la gran mayoría de la población, especialmente a quienes menos recursos tienen.

Por tanto, resulta inevitable preguntarse: ¿de verdad nos conviene gastar tal cantidad de dinero en una autopista subterránea para coches? ¿No sería más justo y eficiente inyectar esa inversión en un transporte público de excelencia, que reduzca el uso del automóvil y, por tanto, la contaminación y la congestión?

En Bizkaia, además, pende la sombra de la Supersur que comenzó con un presupuesto cercano a 450 millones de euros y terminó costando más de 1.100 millones, más del doble de lo previsto. Todo ello para una infraestructura que, a día de hoy, está cláramente infrautilizada y que no ha solucionado en modo alguno los atascos de la A-8. ¿Por qué creer que esta vez será diferente? El túnel subfluvial esetá encaminado a emular el mismo patrón, con revisiones al alza y un uso final muy inferior a las expectativas.

La lógica de “construir primero y luego ver cómo fluye el tráfico” ya fracasó con la Supersur. Aun así, la Diputación insiste en que no hay otra opción.

Efectos sociales y barreras urbanas

Esta obra afectaría directamente a barrios densamente habitados. El área de Artaza, en Leioa, alberga un instituto cuyas y cuyos estudiantes pueden sufrir ruidos y polución inasumibles durante los años de obras. El parque de Artaza, pulmón verde de la zona, se vería seriamente mermado. En la Margen Izquierda, la salida del túnel implicaría más tráfico y ruido en áreas residenciales de Sestao, ya castigadas históricamente por la polución industrial. En vez de “coser” barrios y fomentar la cercanía, se abriría otra vía rápida que fractura el espacio, resta calidad de vida a la población local y merma espacios de encuentro ciudadano.

Además, este proyecto perpetúa un modelo en el que el coche —esencialmente un privilegio de las personas con mayor poder adquisitivo— sigue siendo la base del transporte. Las personas con menores recursos o quienes no conducen se verán obligadas a respirar el aire sucio sin beneficiarse de la autopista subterránea. Mientras, ¿qué pasa con el transporte público? Se anuncia un hipotético ramal de metro en paralelo, pero sin más detalles y con escasas garantías. Esta supuesta “multimodalidad” es un mero lavado de cara que no cambia la esencia de la obra: una gran infraestructura para coches.

Falacia de la descongestión permanente

Quienes defienden el proyecto insisten en que el puente de Rontegi está saturado y que el túnel ofrecerá un paso alternativo que ahorrará atascos. En primer lugar, gran parte de la congestión que sufre Rontegi se produce en horas punta, cuando las y los trabajadores de ambas márgenes acuden a Bilbao. El túnel solo significará la posibilidad de elegir entre el atasco de una margen o el de la otra, pero no implica ninguna ruta adicional. Además, la experiencia indica que a medio y largo plazo no hará sino invitar a más coches a la carretera, generando de nuevo colapso en las nuevas infraestructuras. La paradoja de construir más carriles para paliar un problema que precisamente se alimenta del uso excesivo del automóvil se ha documentado en infinidad de estudios.

Por otro lado, conviene preguntarse si otros remedios —en especial un transporte público barato y frecuente— no resultarían más efectivos y muchísimo más económicos. Desdoblar infraestructuras es una jugada típica del siglo pasado, cuando se creía que el crecimiento económico y la prosperidad se medían en kilómetros de autopista.

Sostenibilidad y competitividad del territorio: un espejismo

Otra defensa pro-túnel apunta al supuesto impulso económico que recibiría la zona. Sin embargo, cada vez más ciudades europeas están optado por retirar vías urbanas y dedicar mayores esfuerzos a revitalizar espacios públicos, fomentar la bicicleta y el transporte público, y crear zonas de bajas emisiones. ¿El resultado? Centros urbanos más atractivos, vida comercial más vibrante y ciudadanos con mejor calidad de vida.

Bilbao corre el riesgo de retroceder si entierra decenas de millones en un paso subfluvial que perpetúe la tiranía del coche. La creación de empleo en la obra podría lograrse igualmente invirtiendo esos fondos en renovables, rehabilitación energética de edificios o ampliación de infraestructuras de transporte colectivo. ¿No sería más sensato apostar por un futuro alineado con la crisis climática y la demanda social de nuevas formas de movilidad?

Respuesta social: “No al subfluvial”

Las plataformas y colectivos contrarios —vecinales, ecologistas y estudiantiles— recalcan que no es un simple “no a todo”. Proponen una visión de futuro con menos coches, menos contaminación y más calidad de vida: transporte público mejor financiado, carriles bici bien conectados, medidas de pacificación del tráfico y planes de movilidad integral que reduzcan la dependencia del vehículo privado.

Insisten en la urgencia de repensar la planificación metropolitana para no colocar una autopista subterránea que condena a la ciudadanía a más emisiones, más gasto público y más ruinas urbanas en el futuro. Frente a argumentos forales sobre la necesidad de dar una salida “resiliente” al puente de Rontegi, voces expertas señalan que la verdadera resiliencia vendría de un cambio de modelo de movilidad, no de duplicar la red vial existente.

Invertir en soluciones verdaderamente sostenibles

El túnel subfluvial bajo la ría de Bilbao, con un coste astronómico y un horizonte de varios años de obras, ejemplifica el conflicto entre un modelo obsoleto y otro más coherente con las urgencias climáticas y sociales de nuestro tiempo. Mientras sus defensores predican beneficios en términos de descongestión y supuesta modernidad, el análisis de la experiencia global y las voces técnicas independientes advierten de que nos encontraremos ante otro caso de promesas incumplidas, gastos inflados y más coches en nuestras calles.

¿Realmente es el túnel el futuro que deseamos para Bilbao? Muchas personas sentimos que la respuesta es no. En pleno siglo XXI, cuando el planeta está al borde del colapso climático y la sociedad civil pide participación, sostenibilidad y cohesión, seguir apostando por infraestructuras faraónicas para el automóvil es totalmente anacrónico. La única vía que de verdad merece la pena excavar es aquella que nos lleve a una movilidad más sensata, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, no la que entierre la esperanza de tener ciudades menos contaminadas y más habitables.

¿Dinero de un familiar? Así se formaliza un préstamo sin problemas con Hacienda.

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Los préstamos entre familiares son una práctica común en Bizkaia y en el resto de España. Esta modalidad permite que miembros de una misma familia se presten dinero bajo condiciones acordadas mutuamente, sin la intervención de entidades financieras. Para que Hacienda no lo considere una donación, es esencial formalizar correctamente este tipo de préstamos.

Una de las principales ventajas de los préstamos familiares es la flexibilidad en las condiciones. A diferencia de los préstamos bancarios, donde las condiciones suelen ser estándar y menos adaptables, en un préstamo familiar las partes pueden negociar plazos de devolución, intereses (incluso establecer un interés del 0%) y otras condiciones que se ajusten a sus necesidades específicas. Además, al no existir intermediarios, se eliminan comisiones y gastos asociados que suelen acompañar a los productos bancarios.

Comparado con una donación, el préstamo presenta beneficios fiscales significativos. Las donaciones están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que puede ser considerable dependiendo de la cantidad y la relación entre las partes. En cambio, los préstamos entre particulares, si se formalizan adecuadamente, están sujetos pero exentos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), lo que implica que, aunque deben declararse, no generan una carga impositiva.

Para formalizar un préstamo entre familiares en Bizkaia, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Elaboración de un contrato de préstamo: Este documento puede ser privado o elevarse a público ante notario. Debe incluir, al menos: la identificación completa del prestamista y del prestatario (que debe tener su residencia en Bizkaia), el monto exacto del préstamo, el plazo y la forma de devolución, y el tipo de interés aplicado, si lo hubiera. Si no se aplican intereses, es crucial especificarlo para evitar presunciones fiscales.​ En cuanto al plazo, es importante tener en cuenta la edad del prestamista. Si se trata de una persona de edad avanzada, Haciendo no admitirá un plazo de devolución de décadas.
  2. Liquidación del ITP mediante el modelo 600: Aunque el préstamo esté exento de pago, es obligatorio presentar este modelo para informar a la administración tributaria, al cual habrá que adjuntar el contrato de préstamo firmado, copias de los DNIs de los firmantes y justificantes de la o las transferencias bancarias en las que queda reflejado el importe prestado

Este trámite debe realizarse en la Delegación de Hacienda de Bizkaia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la formalización del préstamo.

Es fundamental que las transferencias de dinero se realicen mediante medios que permitan su trazabilidad, como transferencias bancarias, para disponer de justificantes en caso de requerimientos futuros por parte de la administración.

También es relevante indicar que si el préstamo se ha formalizado correctamente y se va a utilizar para la adquisición de una vivienda habitual, las cantidades que se devuelvan anualmente pueden ser deducibles en la declaración de la renta, en los importes que se establezcan legalmente

Aunque se trata de un procedimiento relativamente sencillo, siempre es preferible contar con un asesoramiento especializado para evitar cometer errores en la tramitación que conlleven consecuencias fiscales no deseadas.

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Si trabajas por tu cuenta, deberías tener clara tu relación con tu Mutua.

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Cuando una persona decide emprender por cuenta propia y se da de alta como autónoma, comienza un viaje lleno de decisiones y pequeños grandes detalles legales que no siempre se explican bien. En un artículo anterior hablábamos de los distintos tipos de trabajadores autónomos que existen y cómo cada uno tiene sus particularidades. Hoy vamos a centrarnos en una de esas decisiones esenciales que se toma desde el minuto uno: la elección de una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, más conocida como “mutua”.

Desde el mismo momento en que alguien se da de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tiene la obligación de contratar una mutua. No es algo opcional ni secundario. Este paso, aunque parezca meramente administrativo, tiene consecuencias muy prácticas en la vida profesional y en la salud de la persona autónoma. Las mutuas se encargan, de forma obligatoria, de gestionar las prestaciones económicas y sanitarias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, si en el desempeño de nuestra actividad sufrimos un accidente laboral o desarrollamos una patología ligada a nuestra profesión, será la mutua —y no el sistema público de salud como Osakidetza, en el caso del País Vasco— quien se encargue de la asistencia médica y del seguimiento.

Existe también la posibilidad de ampliar esta cobertura para que la mutua gestione, además, las incapacidades temporales derivadas de enfermedad común. Pero aquí sí hay un margen de decisión: esta cobertura no es obligatoria, aunque en muchos casos puede ser útil para agilizar trámites o unificar gestiones.

Lo importante es saber que se puede elegir libremente qué mutua se quiere contratar, y que esta decisión no conlleva ningún coste adicional. Se trata de una cobertura que ya está contemplada dentro de la cotización que se paga mensualmente como persona autónoma.

Ahora bien, y aquí viene un punto que suele generar confusión: si se sufre un accidente relacionado con el trabajo o una enfermedad profesional, no debemos acudir directamente al ambulatorio de nuestro barrio o al hospital público. Lo correcto es acudir a la mutua con la que estamos asociados. Si en ese momento, por desconocimiento o por inercia, vamos a Osakidetza, lo que ocurrirá es que nos atenderán —porque la sanidad pública nunca da la espalda—, pero después nos llegará una factura. Esa factura deberá ser derivada a la mutua, lo cual genera papeleo innecesario y, en ocasiones, algún que otro quebradero de cabeza.

Elegir la mutua adecuada es un paso más de ese mapa de decisiones que cualquier persona que emprende necesita recorrer. Puede parecer un trámite menor, pero en el momento en que surgen problemas de salud, se convierte en una pieza clave. Como suele ocurrir con la prevención, tener las cosas bien atadas desde el principio es lo que permite trabajar con tranquilidad después.

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La objeción fiscal a los gastos militares, más necesaria que nunca.

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Cada primavera, cuando toca rendir cuentas a Hacienda, hay quienes no solo presentamos nuestra declaración del IRPF con rigor, sino también con conciencia. En Bizkaia, y en toda España, un grupo creciente de personas optamos por practicar la objeción fiscal a los gastos militares, una forma de desobediencia civil pacífica que cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por una preocupante escalada belicista a nivel global.

¿De qué se trata exactamente? La objeción fiscal consiste en desviar una parte simbólica de los impuestos —habitualmente entre 40 y 100 euros— que, en lugar de financiar el gasto militar del Estado, se destinan a proyectos sociales y de construcción de paz. Esta acción no pretende eludir impuestos, sino redirigirlos con un propósito ético. Quienes la practicamos asumimos con total transparencia esta decisión, comunicándola tanto a Hacienda como a la ciudadanía.

En Bizkaia, esta práctica tiene una larga tradición dentro de los movimientos antimilitaristas. Este año, sin embargo, hay un clima distinto. El aumento del presupuesto militar en los Presupuestos Generales del Estado, el rearme de Europa y la creciente normalización del lenguaje bélico en la política y los medios hacen que cada gesto de objeción gane peso. No se trata solo de rechazar la guerra con palabras, sino de hacerlo también con hechos, con el dinero de nuestros impuestos.

¿Y cómo se hace? El proceso es perfectamente abordable.

En la declaración de la renta, se calcula el importe simbólico que se quiere objetar —sin que ello afecte de forma significativa al resultado final— y se realiza un ingreso de ese importe a una entidad o proyecto social alternativo, como puede ser una asociación de derechos humanos, una red de ayuda mutua o un colectivo ecologista.

A continuación, en el borrador de nuestra declaración, vamos al apartado de nuevo concepto e incluimos en «sindicatos y partidos políticos» en concreto en partidos políticos, una nueva aportación equivalente a 5 veces la que hemos realizado al proyecto social de nuestra elección. De este modo, se deducirá de nuestro IRPF el 20% de esa anotación, es decir, exactamente la cantidad que hemos donado.

Además aportaremos el justificante de la donación y una carta explicando nuestros motivos. Por último, registraremos nuestra objeción en la lista del movimiento para que lo puedan contabilizar cuando se den los datos de la campaña.

Todo ello está perfectamente explicado en la web del movimiento en Euskadi, e incluso se puede pedir cita para que nos ayuden con el proceso. Si alguien quiere hacerlo y necesita una mano con los pasos, con los textos o simplemente con entender bien el procedimiento, puede escribirme sin problema. Porque hacerlo en compañía siempre es más fácil y más potente.

Cada vez que se dispara un misil, se recortan fondos para escuelas, hospitales o políticas sociales. Por eso, si compartes el rechazo a la guerra, si sientes que no puedes seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta el gasto en armas, es el momento de actuar. No basta con indignarse en redes sociales o con comentar lo mal que va el mundo con la cuadrilla. Transformar esa indignación en una acción concreta, aunque parezca pequeña, tiene un valor enorme. La objeción fiscal es una forma directa, coherente y pacífica de decir basta. Porque lo que no se financia, no se perpetúa.

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Claves de la regularización de bases de cotización para autónomos.

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Si hay algo que nunca falla en el mundo de las personas autónomas es la capacidad del calendario fiscal y administrativo para sorprender… incluso cuando ya creías que habías cerrado el año. Esta vez, la protagonista inesperada es la Seguridad Social, que ha empezado a pasar revista a las bases de cotización del año 2023. Sí, la famosa regularización ya está aquí, y aunque el nombre suene poco seductor, lo cierto es que entender cómo funciona puede evitarnos más de un disgusto (y quizá hasta una devolución agradable).

Desde enero del año pasado, las reglas del juego cambiaron: ahora las cuotas no se eligen a dedo, sino que deben basarse en los ingresos reales de cada persona trabajadora autónoma. La idea es sencilla en teoría —quien gana más, cotiza más; quien gana menos, cotiza menos—, pero su puesta en práctica tiene su aquel. Durante 2023, cada persona comunicó una previsión de rendimientos netos, y en base a eso, se asignó una base de cotización mensual.

Pero claro, prever lo que se va a ganar no es ciencia exacta, y mucho menos en un entorno donde los ingresos bailan al ritmo de la temporada, el mercado o los imprevistos. Ahora que Hacienda ya tiene todos los datos fiscales del año cerrado, la Seguridad Social cruza cifras, hace sus cuentas y comprueba si lo que se cotizó coincide con lo que realmente se ingresó.

¿Cómo hacen el cálculo? Pues empiezan por los rendimientos netos declarados en el IRPF: ingresos menos gastos deducibles y le suman las cotizaciones realizadas. A esa cifra se le resta un 7% (o un 3% si hablamos de autónomos societarios), como forma de cubrir gastos que quizás no se hayan declarado pero son habituales. El resultado se divide entre 12 y se encaja dentro de una tabla de tramos mensuales, que determina la base mínima y máxima de cotización que te tocaba por ley.

Si durante el año estuviste cotizando por debajo del tramo que te corresponde, ahora toca ajustar y pagar la diferencia. Si, por el contrario, pagaste de más, enhorabuena: te devuelven la parte correspondiente. En ambos casos, la notificación llega por medios electrónicos (así que ojo al buzón digital) y se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones si crees que hay algún error.

Más allá del susto inicial que puede dar recibir una notificación oficial, este sistema busca que las aportaciones al sistema público sean más proporcionales y realistas. Para muchas personas autónomas con ingresos modestos o irregulares, puede suponer un alivio pagar cuotas más ajustadas. Y para quienes hayan crecido más de lo esperado, es una forma de contribuir en consonancia con su situación.

Eso sí, como en casi todo lo administrativo, la complejidad se convierte en la norma, así que contar con una persona asesora de confianza puede marcar la diferencia entre entender el ajuste o vivirlo como un jeroglífico indescifrable.

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