Hace un par de días, se ponía de manifiesto un debate que se está manteniendo en el Departamento de Vivienda sobre la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial, y que viene también a dar respuesta a un creciente clamor social.
La enorme producción de Vivienda Protegida que se desarrolla en Euskadi (30% del mercado, frente al 10% en el resto del Estado) hace que este tipo de vivienda sea una respuesta a las necesidades de alojamiento de una parte cada vez más importante de la población. Tradicionalmente la Vivienda Protegida ha estado vinculada a los sectores más desfavorecidos, cuasi marginales en algunos casos, de la sociedad.
Sin embargo hoy por hoy la realidad es muy diferente, y cada vez más las clases medias se ven expulsadas del mercado libre y buscan en la Vivienda Protegida una solución. Sin embargo esto produce algunos efectos no deseados, ya que se empieza a producir una sensación de que hay un buen número de personas que pasado un tiempo desde que adquirieron su Vivienda Protegida, han mejorado sustancialmente su situación económica, y no parece justo ni razonable que sigan disfrutando de un bien que ha supuesto un importante esfuerzo para el conjunto de la sociedad.