Esta semana han aparecido algunos datos interesantes que nos pueden ayudar a profundizar un poco más en la relación entre la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda, y en como esto ha venido afectando a los precios en los últimos años.

Según la información aportada por la EPA (Encuesta de Población Activa), en España se han creado, entre 1999 y 2005, un total de 2.733.500 nuevos hogares, con un crecimiento total de la población del 9,7% (en estos momentos ya rebasamos los 44 millones de habitantes)

Por otro lado, según los datos del Ministerio de Vivienda, en este mismo periodo se han edificado en España 4.130.000 viviendas, lo que representa 1,5 viviendas por cada nuevo hogar con necesidad de residencia.

Pero como ya sabemos lo que pasa con las medias (uno tiene dos casas, otro no tiene ninguna, y la media es que cada uno tiene una casa, lo cual es lo más alejado de la realidad) nos vamos a los datos por Comunidades Autónomas y tenemos algunas cosas muy interesantes.

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Recientemente se ha publicado una nueva edición del Sociometro Vasco, con datos referentes a las encuestas realizadas en mayo de este año. Esta es una herramienta sociológica muy interesante, y contiene datos relevantes en muchos ámbitos, también en el de la vivienda y la actuación del Gobierno Vasco al respecto.

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Hace un par de días se creó la Plataforma por una Vivienda Digna en Euskadi. Se trata de una organización formada al calor de las movilizaciones que han tenido lugar en las últimas semanas, y al margen de los partidos políticos y organizaciones sociales.

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Anteayer aparecía en la prensa una noticia muy interesante sobre la reflexión que está haciendo el Departamento de Vivienda dentro de su Plan Director 2006-2009 y que tiene que ver con una medida que ya comenté en un post anterior y que creo que supondría una auténtica revolución en el sector inmobiliario.

Me refiero a la limitación de la capacidad de endeudamiento de las familias. Creo que es la primera vez que un responsable político (en este caso Javier Madrazo) pone encima de la mesa este tema con tanta claridad. Creo que es un planteamiento valiente, que generará críticas, seguro, pero que es necesario estudiar en serio.

Ciertamente, una medida de este tipo no se puede aplicar desde Euskadi, y debe ser el Gobierno Central quien lo haga, pero sin duda que se reclame desde las Comunidades Autónomas puede ser un interesante elemento de presión.

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(La foto es de mightyquinninlex, vía yotophoto)

Hace un par de días, se ponía de manifiesto un debate que se está manteniendo en el Departamento de Vivienda sobre la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial, y que viene también a dar respuesta a un creciente clamor social.

La enorme producción de Vivienda Protegida que se desarrolla en Euskadi (30% del mercado, frente al 10% en el resto del Estado) hace que este tipo de vivienda sea una respuesta a las necesidades de alojamiento de una parte cada vez más importante de la población. Tradicionalmente la Vivienda Protegida ha estado vinculada a los sectores más desfavorecidos, cuasi marginales en algunos casos, de la sociedad.

Sin embargo hoy por hoy la realidad es muy diferente, y cada vez más las clases medias se ven expulsadas del mercado libre y buscan en la Vivienda Protegida una solución. Sin embargo esto produce algunos efectos no deseados, ya que se empieza a producir una sensación de que hay un buen número de personas que pasado un tiempo desde que adquirieron su Vivienda Protegida, han mejorado sustancialmente su situación económica, y no parece justo ni razonable que sigan disfrutando de un bien que ha supuesto un importante esfuerzo para el conjunto de la sociedad.

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Ayer hemos firmado con la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (AEADE) un acuerdo para promover el arbitraje en nuestros contratos de arrendamiento de vivienda social (para el 2009 serán ya 11.000), en lo que es el convenio más importante que se ha formalizado en esta materia en todo el Estado.

El objetivo final es regular los conflictos que se producen entre propietario-inquilino de una forma mucho más rápida (resolución en 25 días en lugar de los 6 meses), más barata (un máximo de 600€ para el que pierda el arbitraje, frente a los 1.800€ de media para cada interviniente en el juicio) pero igual de profesional y garantista que en la justicia ordinaria.

De este modo, también se potencia el alquiler ya que los propietarios ven menos problemas y se deciden con más facilidad a alquilar, y por otro lado, los inquilinos pueden defender sus derechos sin necesidad de gastar un montón de pasta, lo que en el alquiler social es algo muy deseable.

Aquí os dejo el texto de la intervención que he hecho en la rueda de prensa (no es muy largo)

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